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Comer bien sin arruinarse: cómo recuperar una alimentación saludable y asequible

Cada vez más familias españolas trabajan, cobran un sueldo y, aun así, no llegan a fin de mes. El motivo no es solo el alquiler, la luz o el transporte: es también una cesta de la compra que se ha encarecido de forma sostenida, especialmente los alimentos básicos de una dieta saludable. Comer bien está dejando de ser una elección y se está convirtiendo, para muchas personas, en un privilegio.

No es una impresión subjetiva ni una exageración. En la Unión Europea, los alimentos y las bebidas no alcohólicas han sido el componente que más ha subido en la última década: un 33,2% entre 2016 y 2025, según los datos armonizados de inflación de Eurostat. En España, los alimentos y bebidas no alcohólicas cuestan hoy alrededor de un 40% más que hace cinco años.

Cuando trabajar ya no basta para comer bien

Durante años se ha repetido que la solución a la pobreza era “buscar trabajo”. Pero la realidad desmiente ese mensaje: hay personas con empleo, a veces con varios empleos, que ven cómo su nómina no alcanza para cubrir vivienda, energía, transporte y una alimentación adecuada.

El problema tiene nombre: pobreza laboral. No hablamos solo de personas sin ingresos, sino de hogares donde alguien trabaja y aun así no logra hacer frente a las necesidades básicas. Cuando el precio de la comida sube más rápido que los salarios, la consecuencia inmediata es que la cesta de la compra se recorta.

Y no se recorta por capricho. Se eliminan alimentos frescos, se reducen las raciones, se sustituyen fruta, verdura, pescado, legumbres o productos de calidad por alternativas más baratas, más procesadas y menos nutritivas. Comer peor no es una decisión libre cuando el presupuesto manda.

La alimentación saludable se ha convertido en un lujo

Según el informe La alimentación, de mercancía a derecho. 11 medidas urgentes, de Justicia Alimentaria, el 44% de la población española no puede permitirse una alimentación saludable de forma continuada.

Las cifras del consumo alimentario reflejan el impacto directo del encarecimiento:

  • Más de la mitad de la población ha reducido de manera importante el consumo de carne y pescado.
  • Más del 25% ha reducido el consumo de fruta y huevos.
  • El consumo de verdura y lácteos ha caído más de un 10% en la cesta de la compra.

Esto tiene una lectura muy clara: los alimentos que deberían formar la base de una dieta sana son precisamente los que más se han encarecido. Frutas, verduras, pescado, huevos, lácteos y legumbres han dejado de ser accesibles para una parte importante de la población.

El resultado es una paradoja cruel: mientras se recomienda comer más fruta, verdura y alimentos frescos, muchas familias se ven obligadas a comprar menos de todo eso.

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No es solo inflación: es un problema de desigualdad

La inflación afecta a todo el mundo, pero no a todas las personas por igual. Para un hogar con ingresos altos, una subida del 10% en la compra puede significar ajustar algún gasto. Para una familia que destina gran parte de sus ingresos a vivienda y alimentos, puede significar pasar hambre, reducir comidas o renunciar a una dieta adecuada.

La alimentación es un derecho humano reconocido internacionalmente. No debería depender de que una persona tenga suerte con su empleo, viva en una zona con precios razonables o tenga tiempo y recursos para cocinar.

El derecho a una alimentación adecuada implica que los alimentos sean suficientes, accesibles económicamente, físicamente disponibles y nutricionalmente adecuados.

Sin embargo, en España el 45% de la población no puede acceder a una alimentación saludable debido a su elevado coste, según los datos recogidos por Justicia Alimentaria. Además, 12,5 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social y 4,1 millones viven en pobreza severa, con menos de 644 euros al mes.

Quien produce la comida tampoco gana más

Puede parecer contradictorio, pero que los alimentos sean más caros no significa que quienes los cultivan, crían o recolectan ganen más. Al contrario: muchas personas agricultoras y ganaderas denuncian que los precios que reciben apenas cubren sus costes de producción.

Entre el campo y el lineal del supermercado existe una cadena larga, concentrada y poco transparente. La industria, la distribución y los intermediarios tienen un poder de negociación muy superior al de las pequeñas explotaciones agrarias. Mientras los precios finales suben, una parte importante del valor no llega a quienes producen los alimentos.

Según los datos citados por Justicia Alimentaria, los supermercados alcanzaron márgenes cercanos al 8%, mientras la industria alimentaria se sitúa entre el 10% y el 11% desde hace al menos tres años. En 2024, los intermediarios de la cadena alimentaria registraron un margen del 17%, frente al 1% de las tiendas de barrio.

La pregunta es inevitable: si los alimentos cuestan mucho más, ¿por qué no llega ese aumento a quienes los producen?

La cesta de la compra también es salud pública

Cuando una familia sustituye pescado fresco por productos ultraprocesados, fruta por bollería o verdura por platos preparados, no está tomando simplemente una decisión de consumo. Está respondiendo a una restricción económica.

Las consecuencias no tardan en aparecer:

  • Peor calidad nutricional de la dieta.
  • Mayor consumo de azúcares, grasas saturadas y sal.
  • Más riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades.
  • Mayor desigualdad en salud entre ingresos altos y bajos.
  • Más presión sobre el sistema sanitario público.

La malnutrición no es solo “comer poco”. También es comer mal porque lo saludable es inaccesible. Por eso el precio de los alimentos no es únicamente un asunto económico: es un problema de salud pública, equidad y derechos.

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El IVA no ha contenido los precios

La rebaja del IVA aprobada en 2023 se presentó como una medida para aliviar el encarecimiento de la compra. Sin embargo, según Justicia Alimentaria, apenas tuvo efecto de contención sobre los precios y actuó más como una subvención indirecta a las grandes cadenas de supermercados.

El problema de fondo no se resuelve bajando temporalmente un impuesto si después los márgenes, la concentración del mercado y las prácticas de la cadena alimentaria siguen empujando los precios al alza. Hace falta transparencia real sobre cómo se forma el precio final y quién se queda con cada parte del valor.

No basta con decir a las familias que “compren mejor” o que “planifiquen la compra”. Cuando el problema es estructural, las soluciones también deben serlo.

Algunas medidas necesarias serían:

  • Garantizar el derecho a la alimentación mediante una ley estatal que obligue a diseñar las políticas alimentarias desde el acceso universal a alimentos adecuados.
  • Crear mecanismos públicos de intervención ante crisis de precios, incluyendo controles de márgenes, medidas temporales de contención y reservas estratégicas de alimentos básicos.
  • Reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria, con más inspección, sanciones efectivas y transparencia sobre la formación de precios.
  • Limitar la especulación financiera con alimentos básicos y reducir la influencia de fondos que no producen ni consumen alimentos, pero influyen en sus precios.
  • Impulsar circuitos cortos de comercialización, mercados municipales, venta directa y sistemas alimentarios lo más locales posible.
  • Universalizar la gratuidad de los comedores escolares, con financiación estatal suficiente para que ningún niño o niña quede excluido por la renta de su familia.
  • Recuperar el IVA cero en frutas, verduras y legumbres frescas, acompañado de mecanismos que impidan que la rebaja se quede en los márgenes de la distribución.
  • Apoyar la agricultura familiar, agroecológica y de proximidad, en lugar de favorecer un modelo basado en la gran escala, la dependencia de insumos importados y la concentración empresarial.

Una compra que revela cómo vivimos

La cesta de la compra es un espejo de la desigualdad. Muestra quién puede permitirse comer fresco, variado y saludable; y quién tiene que elegir entre pagar el alquiler, llenar el depósito, comprar medicinas o poner comida suficiente en la mesa.

No es aceptable que en un país con abundancia de alimentos haya personas que trabajen y no puedan comer dignamente. No es aceptable que la fruta, la verdura, el pescado o los huevos se conviertan en productos ocasionales para muchos hogares. Y no es aceptable que la solución oficial se limite a rebajas fiscales que no llegan realmente al bolsillo de quienes más las necesitan.

La alimentación no debería ser una mercancía más. Debería ser un derecho garantizado. Porque nadie debería tener que trabajar para sobrevivir y, aun así, no poder permitirse comer bien.

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