En el Bufete Almodóvar & Jara llevamos el caso de una familia enfrentada a Red Eléctrica Española (REE) por una torre de muy alta tensión que atenaza su vivienda.

Parece que es bastante común el caso. Red Eléctrica Española es la empresa encargada de operar y gestionar la red de transporte de energía eléctrica en España pero no tiene problemas en pisotear los de derechos fundamentales de una familia de Toledo.

Estas personas NO pueden ocupar su casa puesto que tras una medición de la contaminación electromagnética se superan los límites establecidos por los principios de precaución en salud para este tipo de emisiones. En la vivienda habitan dos niños pequeños y los padres tienen miedo.

Según el informe técnico de las mediciones:

«A la vista de los resultados de las mediciones realizadas concluimos que la
vivienda en cuestión (…), está afectada por la inmisión del campo magnético generado por las líneas de transporte de alta tensión ubicada en la cercanía de la vivienda.

Dicha línea transporta una potencia de 400 KVA, siendo este tipo de líneas las de mayor voltaje existente en nuestro país (…) Los niveles obtenidos no cumplen nuestros requisitos y recomendaciones en cuanto a biohabitabilidad ya que supera el valor recomendado«.

Los problemas comenzaron cuando hubo una repotenciación de la procedentes de una línea de alta tensión que transita a escasos metros de la propiedad. Se pasó de 200 a 400 kilovoltios-amperios (KVA).

REE alega que esa repotenciación es necesaria y las emisiones están dentro de los límites establecidos en la ley… establecidos antes del año 2.000, cuando las evidencias científicas de los posibles daños han cambiado mucho desde entonces.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, indica que a esos niveles puede haber carcinoma y es peligroso en niños y ancianos, según los estudios hechos en animales. Es decir, no se hacen estudios en humanos a medio y largo plazo.

El asunto es que los padres tienen miedo y se fían de los estudios independientes y de las recomendaciones de la OMS. La industria emisora de ondas electromagnéticas, sin embargo, sigue amparándose en la ley, una norma legal antigua y no actualizada conforme a los nuevos conocimientos.

La industria no está interesada en promover estudios a medio largo plazo y menos en que se hagan trabajos que ellos no puedan controlar.

Además, alegan que la línea no se puede modificar pues afecta a una central nuclear. Igualmente, defendidos por uno de los despachos de abogados más potentes del mundo, alegan necesidades de la sociedad a nivel eléctrico.

Nosotros alegamos que se cumpla con el principio de precaución en salud y se respeten los derechos fundamentales a la integridad moral, física y libertad de la familia.

El trasfondo es que REE no quiere saber nada de salud medioambiental. Minimiza el impacto de sus emisiones y además quiere que demandemos también al Estado, pues alegan que para modificar una línea es necesaria la autorización de impacto medioambiental del Estado.

REE antes era una empresa pública pero ahora pertenece a una multinacional de la energía.

Es decir, quieren que cualquier inversión la haga el Estado y, sin embargo, ellos quedarse con los beneficios. Como siempre. El caso ahora está parado por temas procesales en cuanto a que la familia demanda a la emisora de la contaminación electromagnética, NO al Estado.

Se trata pues de la lucha procesal de una familia que quiere defender sus derechos en relación a la contaminación electromagnética. Estamos seguros que hay muchos casos así en España y por eso REE lo da todo para que estos casos no prosperen.

El litigio se centra en dilucidar si hay riesgo potencial de daño a la salud por las ondas electromagnéticas (ya ha habido sentencias favorables) que emite la torre de muy alta tensión conforme a los estándares determinados por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de salud de la Unión Europea (UE).

Leer más...

La ciudad andaluza de Granada (España) iba a ser escenario hoy 30 de marzo del primer juicio contra una multinacional farmacéutica, Boheringer Ingelheim, por filtración de datos personales y de salud de los sistemas públicos sanitarios. Os cuento.

La demanda se inició hace cinco años a partir las confesiones de un ex trabajador de la multinacional alemana, llamado Rafael Fernández, que denunció el posible tráfico de datos confidenciales de enfermos de los sistemas sanitarios públicos extremeño y andaluz.

Por vez primera en España el propietario de una de las multinacionales farmacéuticas más importantes del mundo comparecería en el Juzgado de lo Social número 2 de Granada el próximo 30 de marzo.

Pero el citado Juzgado ha aplazado el acto de conciliación y el juicio previstos para este jueves a petición de la empresa.

Habrá que esperar a ver qué sucede porque está claro que en Boheringer NO quieren saber nada del asunto. Hoy varios medios de comunicación grandes daban la noticia y en la farmacéutica saben que las miradas están puestas sobre ellos.

Habían sido citados el máximo responsable de Boehringer, Christian Boehringer y el jefe de Servicio de Inspección Sanitaria en la Consejería de Sanidad de Extremadura, Laureano Marín Lencero.

La citación del máximo responsable de Boehringer Ingelheim para “confesión judicial”, la celebración de “los actos de conciliación y juicio en su caso” y la “aportación de todos los medios de prueba de que intente valerse” -tal y como consta en la citación- son por la demanda interpuesta en la vía social por este valiente trabajador.

La multinacional alemana deberá responder, más pronto que tarde, por la supuesta filtración de documentos y datos profesionales, personales y de salud, especialmente protegidos por la ley, que supondría una clara vulneración del derecho fundamental a la intimidad de numerosos pacientes y funcionarios públicos del sistema sanitario de al menos dos regiones de España, Extremadura y Andalucía.

La comparecencia de los dos responsables es parte fundamental en el proceso que el trabajador mantiene abierto contra su empresa desde 2017 debido a la recepción continuada en su correo corporativo de imágenes, documentos, datos de pacientes y de unos 350 profesionales de la salud.

Un hecho que el trabajador puso inmediatamente en conocimiento de altos responsables de distintos departamentos de la farmacéutica al tratarse de datos especialmente sensibles enviados por directivos comerciales de su empresa.

Pese a la puesta en conocimiento de los hechos a todos estos responsables y también de otras Instituciones, el trabajador sólo recibió contestación del delegado de Protección de Datos del Sistema Sanitario Público de Andalucía, un simple «actuaremos en consecuencia».

No se descartan pues actuaciones penales por los daños ocasionados a las partes afectadas por la vulneración de datos personales y profesionales y, en concreto, al trabajador de la empresa, quien ha sufrido por esta circunstancia importantes problemas de salud desde 2017.

Fernández trabajó en la citada empresa farmacéutica durante 30 años. Todo comenzó cuando este empleado, que trabajaba como lobbista de la farmacéutica ante las administraciones sanitarias en Andalucía y Extremadura y se dedicaba a tratar de influir ante políticas que pudieran suponer barreras a los intereses de Boehringer, comenzó a recibir de su empresa documentación extraída ilícitamente.

En la demanda se asegura que se trataba de «documentos y comunicados internos de los servicios autonómicos de Salud de esas regiones, pantallazos de sistemas informáticos con datos de pacientes y de funcionarios públicos, con historias clínicas de pacientes, visados médicos de fármacos«.

Fernández “lo advirtió a las autoridades sanitarias y lo denunció en los tribunales de Justicia y ha seguido perseverando en todos los procesos.

Leer más...

En el Bufete Almodóvar & Jara llevamos el caso de un niño que sufre una encefalopatía autoinmune y los servicios médicos de la Generalitat valenciana obvian la potencialidad que la vacuna Varivax, supuestamente para prevenir la varicela, tiene en esa relación causa-efecto.

El niño protagonista de esta historia estaba sano, como confirman pediatra y neurocirujana que lo visitaron en enero de 2018. Pero comenzó su enfermedad 15 días después de la vacuna. Por entonces en el hospital diagnostican:

El diagnóstico al alta de nuestro centro es de ENCEFALOPATIA EN ESTUDIO (sospecha de enfermedad neurodegenerativa o metabolopatía)».

Un segundo hospital valora al infante:

La evolución de E. ha sido hacia una encefalopatía estática con repercusión motora y cognitiva severa y crisis epilépticas».

Ninguno de los dos Hospitales consiguió acertar con el diagnóstico, ni lograr ninguna
mejora de la enfermedad. No se atribuyó ni una sola sospecha a la vacuna, a pesar de que
el prospecto y ficha técnica indican esta reacción adversa.

En todos los informes hospitalarios aparece como dato que había sido vacunado de la
varicela
. E., insistimos, era un niño sano antes de la vacunación. El calendario de vacunación lo establece la Administración. Y es la que debe velar para que estas sean “seguras y eficaces”, en este caso los daños son desproporcionados.

Es la Administración quien debe formar y protocolizar actuaciones en casos de sospechas de reacciones adversas a los medicamentos, como es el caso.

Lo que observamos en este caso es el mal funcionamiento del servicio público sanitario por falta de protocolos de farmacovigilancia en la detección de reacciones adversas graves en vacunas infantiles. Es un grave caso de ERROR en el diagnóstico y error, por consiguiente, en la prescripción.

Menos mal que hay un médicos, como el Dr. C., que ha conseguido controlar las crisis epilépticas y ahora E. es un niño sin crisis y lleva una vida casi normal. Este profesional sanitario SÍ ha considerado probable que la causa de la enfermedad sea la vacuna de la varicela.

A todo esto se une el tema sobre el que escribí un post. En él cuestiono la seguridad y eficacia de la vacuna contra la varicela, Varivax, que se administra a los niños en España. La vacuna puede causar efectos secundarios graves, como convulsiones y encefalitis, y no se ha demostrado que sea efectiva a largo plazo.

Además, no es necesaria para la mayoría de los niños, ya que la varicela es una enfermedad leve que se resuelve por sí sola en la mayoría de los casos.

Es importante saber que si no se reconocen las reacciones adversas graves los datos sobre eficacia y seguridad no serán nunca fiables. Los padres deben tener acceso a información completa y objetiva sobre las vacunas para poder tomar decisiones informadas sobre la salud de sus hijos.

Leer más...