Condena a Bayer-Monsanto por el glifosato: el precio de la negligencia y el poder del compromiso ciudadano
El pasado 21 de marzo de 2025 un tribunal en el estado de Georgia, Estados Unidos, dictó una sentencia histórica contra Bayer-Monsanto, ordenando a la multinacional a pagar más de 2.000 millones de dólares a un hombre que desarrolló linfoma no Hodgkin tras años de exposición al herbicida Roundup, cuyo ingrediente activo es el controvertido glifosato.
Este caso no es solo una victoria legal para la víctima, sino también un hito en la lucha contra los abusos de las grandes corporaciones químicas y farmacéuticas. Sin embargo, detrás de este veredicto hay una historia más amplia que revela los oscuros entresijos de una industria que prioriza sus beneficios sobre la salud pública.
El caso Barnes: David contra Goliat
John Barnes, el demandante, utilizó Roundup durante dos décadas para eliminar malezas en su hogar en Dalton, Georgia. Fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en 2020, una enfermedad que los científicos han relacionado con la exposición prolongada al glifosato.
Los abogados del caso presentaron pruebas contundentes que demostraban cómo Bayer-Monsanto había ignorado durante años los riesgos asociados con su producto y había fallado en advertir adecuadamente a los consumidores.
El jurado otorgó a Barnes 65 millones de dólares en daños compensatorios y 2.000 millones en daños punitivos, una cifra sin precedentes que envía un mensaje claro: las empresas no pueden evadir su responsabilidad cuando sus productos dañan vidas humanas.
Este fallo se suma a otros veredictos similares contra Bayer-Monsanto, que adquirió Monsanto en 2018 por 63.000 millones de dólares y heredó miles de demandas relacionadas con Roundup.
El glifosato: ¿un veneno legalizado?
El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo y ha sido objeto de controversia durante décadas. Mientras que algunas agencias regulatorias, como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, han defendido su seguridad cuando se usa según las indicaciones, estudios independientes han señalado su potencial carcinogénico.
En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó al glifosato como «probablemente carcinogénico para los humanos».
La estrategia de Bayer-Monsanto ha sido negar sistemáticamente estas acusaciones y recurrir a tácticas legales y mediáticas para desacreditar a sus críticos. Sin embargo, los documentos internos revelados durante juicios previos han mostrado cómo la empresa manipuló investigaciones científicas y presionó a reguladores para proteger sus intereses comerciales.
El impacto financiero y de reputación
La sentencia en Georgia es un golpe devastador para Bayer. Desde que comenzó la avalancha de litigios por Roundup la compañía ha gastado más de 10.000 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales y enfrenta aún más de 60.000 demandas activas. Además, este último fallo provocó una caída del 8% en las acciones de Bayer en los días posteriores al veredicto.
La presión financiera no es el único problema para Bayer; también está perdiendo la batalla en el tribunal de la opinión pública. La percepción generalizada es que la empresa está más interesada en proteger sus ganancias que en asumir su responsabilidad por los daños causados por sus productos.
Como periodista especializado en salud e industria farmacéutica, he denunciado repetidamente cómo estas empresas operan con un nivel alarmante de impunidad. La estrategia suele ser siempre la misma: negar las acusaciones iniciales, desacreditar a los críticos mediante campañas mediáticas o financiando investigaciones favorables y, finalmente, recurrir a acuerdos económicos cuando las pruebas son abrumadoras.
Sin embargo, este modelo está empezando a fracturarse gracias al compromiso ciudadano y a un sistema judicial que, aunque imperfecto, sigue siendo un espacio donde las víctimas pueden buscar justicia.
El papel del ciudadano
Las victorias legales como esta no serían posibles sin el trabajo incansable de organizaciones independientes, científicos comprometidos y ciudadanos informados que exigen transparencia y rendición de cuentas. El caso Barnes es un ejemplo perfecto del poder colectivo: desde abogados especializados hasta comunidades locales que han apoyado a las víctimas.
En este contexto, también resulta crucial el papel del periodismo independiente. En un mundo donde los grandes medios están frecuentemente cooptados por intereses corporativos, plataformas alternativas y periodistas comprometidos se convierten en faros esenciales para arrojar luz sobre estos temas.
Bayer ya ha anunciado su intención de apelar el veredicto alegando que contradice «la evidencia científica predominante» y «el consenso regulatorio». Esta táctica no es nueva; en casos anteriores, la empresa ha logrado reducir significativamente las indemnizaciones iniciales mediante apelaciones prolongadas.
Además, Bayer está presionando al Congreso estadounidense para obtener inmunidad legal frente a futuras demandas relacionadas con Roundup. Incluso ha amenazado con retirar el producto del mercado estadounidense si no se fortalecen las protecciones legales contra litigios. Estas maniobras reflejan una desesperación creciente ante el colapso financiero y reputacional que enfrenta.
El caso contra Bayer-Monsanto es mucho más que un litigio aislado; es un recordatorio urgente sobre los peligros inherentes a un sistema donde las corporaciones tienen más poder que los gobiernos para influir en políticas públicas y regulaciones sanitarias.
Este veredicto debería servir como advertencia para otras empresas: No podrán operar bajo un manto de impunidad sin enfrentar consecuencias reales. Y aunque Bayer-Monsanto pueda seguir apelando sentencias o buscando refugio legal en legislaciones favorables, lo cierto es que su modelo está siendo desafiado como nunca antes.
En palabras del propio John Barnes tras conocer el fallo:
«Esto no se trata solo de mí; se trata de todas las personas cuyas vidas han sido destruidas por este producto».
Una declaración sencilla pero poderosa que encapsula lo esencial: Esta lucha es por todos nosotros y nosotras.
Tradición pestilente
He abordado en mi blog diversas condenas contra Bayer-Monsanto, destacando los juicios relacionados con el herbicida Roundup y su ingrediente activo, el glifosato.
Estas sentencias reflejan no solo la responsabilidad de la multinacional en casos de cáncer, sino también las prácticas cuestionables de las grandes corporaciones químicas.
A continuación, se resumen los puntos más relevantes de mis análisis:
Bayer-Monsanto ha enfrentado múltiples condenas millonarias en Estados Unidos por el vínculo entre el glifosato y el linfoma no Hodgkin. Entre los casos emblemáticos destaca la sentencia de 2.000 millones de dólares en Oakland, California, en 2019, donde se demostró que la empresa actuó con malicia al ocultar los riesgos del herbicida Roundup.
El jurado justificó esta cifra récord como un mensaje ejemplarizante debido a las pruebas que mostraban cómo Monsanto conocía los efectos cancerígenos del producto desde la década de 1980 y ocultó esta información mediante manipulaciones científicas y mediáticas.
Esa ocultación ha sido posible por las tácticas de Monsanto para proteger sus intereses comerciales, como financiar investigaciones científicas sesgadas y presionar a reguladores para evitar restricciones al uso del glifosato.
Además, hubo espionaje corporativo, estrategias denunciadas por el diario Le Monde, que expusieron cómo Monsanto fichó a periodistas y funcionarios europeos durante debates sobre la regulación del glifosato.
En este asunto también hay que citar el impacto ambiental del glifosato y otros ingredientes tóxicos presentes en Roundup porque las regulaciones actuales no exigen evaluaciones completas sobre estos componentes. Esto agrava los riesgos para la salud humana y el ecosistema.
De este caso, como en tantas otras ocasiones, destaco la importancia del activismo ciudadano y el periodismo independiente para enfrentar los abusos de estas empresas.