2025: el año en que saltaron las costuras del sistema sanitario
2025 ha sido el año en que varias grietas del sistema sanitario español han dejado de ser “problemas técnicos” para convertirse en auténticos escándalos políticos y sociales. Fallos en cribados oncológicos, audios de directivos que piden “tensionar” listas de espera, la sanidad madrileña al límite y el negocio del bótox pirata dibujan un panorama inquietante: cuando la salud se subordina a la cuenta de resultados, las víctimas tienen nombre y apellidos.
En pocos meses se han encadenado cuatro historias que, leídas por separado, parecen “incidencias”, pero vistas en conjunto hablan de un modelo sanitario que ha normalizado el riesgo y la opacidad.
- Un fallo masivo en los cribados de cáncer de mama en Andalucía ha dejado a miles de mujeres sin la protección básica que prometen los programas de prevención.
- El hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por Ribera Salud, ha pasado de ser “ejemplo de colaboración público‑privada” a símbolo de cómo se puede jugar con las listas de espera para engordar beneficios.
- En Madrid, la sanidad se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía, con una atención primaria colapsada y una dependencia creciente de los grandes grupos privados.
- Mientras tanto, una red de bótox y otros productos sanitarios falsificados ha operado durante años en clínicas estéticas de media España, con la complicidad del silencio administrativo.
El denominador común es sencillo y perturbador: se estira el sistema hasta el límite para ahorrar costes o abrir negocio, y cuando algo revienta se habla de “errores humanos”, nunca de diseño político.
Mujeres sin cita: el fallo en los cribados andaluces
En Andalucía, el programa de cribado de cáncer de mama no ha sido el escudo que la población creía tener. Más de 2.300 mujeres sufrieron un fallo en las pruebas o directamente dejaron de ser citadas de acuerdo a los protocolos, y el propio consejero de Sanidad tuvo que salir a pedir perdón sin aclarar del todo qué ha fallado ni a cuántas personas afecta en realidad.
Los datos que han ido apareciendo muestran un patrón inquietante.
- Se habla de errores en sistemas de información, descoordinación entre áreas y problemas de seguimiento que se habrían prolongado en el tiempo.
- Se insinúa incluso un intento de minimizar el alcance del escándalo, reduciendo el problema a “23 casos” en declaraciones públicas, mientras las cifras reales apuntan a un impacto mucho mayor.
El Ministerio de Sanidad ha reclamado información detallada a todas las comunidades autónomas sobre sus programas de cribado de mama, colon y cérvix, lo que sugiere que el temor es sistémico: si ha pasado en Andalucía, puede estar pasando en más sitios.
El mensaje de fondo es demoledor: el ciudadano cumple con la cita cuando se la dan, pero el sistema no está cumpliendo necesariamente con su parte del contrato. Aquí mi lectura crítica de las propias mamografías.
Torrejón: cuando la lista de espera es una variable de negocio
Si los fallos en los cribados muestran el desgaste de la sanidad gestionada directamente por la Administración, el caso del hospital de Torrejón pone bajo los focos el llamado “modelo de colaboración público‑privada”.
Torrejón es un centro financiado con dinero público pero gestionado por la empresa Ribera Salud bajo un contrato de concesión, y durante años se ha presentado como un ejemplo de eficiencia.
Todo cambió con la filtración de unos audios atribuidos al máximo responsable de la compañía, Pablo Gallart.
- En esas grabaciones, el directivo insta a “desandar el camino” de reducir listas de espera y deja claro que bajar demasiado los tiempos de demora les ha hecho «perder» entre cuatro y cinco millones de euros.
- Se habla de seleccionar procesos, priorizar lo “rentable” y, en la práctica, tensar de nuevo las listas para cuadrar cuentas.
El asunto ya no es una disputa ideológica, sino un caso que ha provocado una investigación del Ministerio de Sanidad y exigencias de auditoría “con absoluto rigor” al centro por parte incluso de dirigentes del propio Partido Popular.
Sin embargo, el punto crítico no es Torrejón como anécdota, sino el mensaje político que destapa: cuando se cede la gestión de un hospital a una empresa cuyo objetivo natural es obtener beneficios, la tentación de convertir la espera, el material reutilizado o la selección de pacientes en variables económicas es demasiado alta.
Madrid: la sanidad como principal preocupación social
El caso Torrejón no estalla en el vacío, sino en una Comunidad de Madrid donde la sanidad pública vive uno de sus momentos más críticos de la última década.
Diversos barómetros sitúan la salud como la principal preocupación de la ciudadanía madrileña en 2025, por delante de vivienda o inflación, y las movilizaciones han sido una constante frente a centros de salud y hospitales.
Detrás de esa inquietud se acumulan varios elementos.
- Atención primaria infradotada, con profesionales que denuncian plantillas insuficientes y agendas imposibles, especialmente en barrios vulnerables y zonas rurales.
- Listas de espera quirúrgica y de especialistas que se disparan, empujando a muchos pacientes a buscar alternativas en el sector privado o simplemente a abandonar.
- Un recurso sistemático a conciertos con grandes grupos como Quirónsalud, que se ha convertido en actor central del sistema, mientras se externalizan cada vez más servicios.
La dependencia de estos grupos consolida un modelo dual: quien puede pagar se mueve por un circuito más rápido, quien no, espera. El caso Ribera Salud en Torrejón se suma así a un contexto de privatización progresiva que ya venía generando sospechas y desconfianza.
El negocio del bótox pirata: la salud como mercancía de importación
Mientras los grandes debates giran en torno a la sanidad pública, otro escándalo ha quedado en el terreno aparentemente “menor” de la estética, pero habla del mismo patrón: productos sanitarios convertidos en mercancía opaca.
En febrero se conoció que Guardia Civil y Agencia Tributaria habían desarticulado una trama que, desde hacía al menos cinco años, importaba ilegalmente toxina botulínica y otros materiales desde Corea del Sur para su uso en clínicas estéticas españolas.
Las cifras de la operación son elocuentes.
- Se investigan 24 clínicas y pseudoclínicas en provincias como Cádiz, Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla, Murcia y Alicante, con cuatro detenidos y 41 personas más bajo sospecha.
- Se intervinieron alrededor de 700 viales de bótox, un millar de jeringuillas de ácido hialurónico, más de 200 envases de lidocaína y otros productos sin trazabilidad, calidad ni conservación exigidas.
- Parte del material se ofrecía a través de webs y redes sociales, y otra parte circulaba por puro boca a boca entre «profesionales» dispuestos a abaratar costes.
Las autoridades atribuyen a los implicados delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo y pertenencia a organización criminal, y estiman que solo en los últimos seis meses pudieron introducir unos 5.000 viales de bótox con un valor que se multiplicaba por tres al llegar a España.
El mensaje es nítido: cuando la estética se normaliza como necesidad social, surge un mercado negro dispuesto a cubrirla recortando en seguridad y saltándose cualquier control.
Un mismo hilo conductor: negocio, opacidad y desprotección
Si algo une los fallos en los cribados andaluces, los audios de Torrejón, la privatización madrileña y el bótox pirata es el desplazamiento silencioso del foco.
La lógica de la salud pública prioriza la prevención, la equidad y la transparencia, pero la lógica empresarial –cuando se traslada sin contrapesos al ámbito sanitario– prioriza la reducción de costes, la selección del “cliente” y la opacidad contractual.
En 2025 se han visto al menos tres mecanismos de desprotección recurrentes.
- Normalización del riesgo: el fallo masivo en los cribados se traduce en vidas potencialmente en peligro, pero se gestiona comunicativamente como un desajuste informático o un error de cálculo.
- Privatización del beneficio, socialización del daño: cuando sale a la luz el caso Torrejón, se plantea una auditoría y una investigación pública, pero los años de negocio previo quedan fuera del debate.
- Tolerancia hacia los mercados opacos: la red de bótox falsificado llevaba años operando, y solo una operación conjunta fiscal y policial, no un control sanitario proactivo, la detiene.
La sensación que queda es de vulnerabilidad: el ciudadano que confía en su cita de cribado, que espera en una lista quirúrgica o que se somete a un tratamiento estético, no tiene herramientas reales para saber si el sistema que le atiende está pensando en su salud o en el margen de beneficio.
Qué exigir después de 2025
Convertir estos escándalos en simple munición partidista sería la mejor manera de que se repitan. Si algo muestra 2025 es que la combinación de recortes, privatización y mercado sanitario desregulado acaba generando daño real, medible en diagnósticos tardíos, listas de espera infladas y tratamientos de riesgo.
Desde una mirada crítica hacia el complejo médico‑industrial, hay algunas exigencias mínimas que cabría plantear.
- Auditorías independientes de los programas de cribado en todas las comunidades, con publicación íntegra de los resultados y compensación a las personas afectadas.
- Revisión profunda de los modelos de concesión hospitalaria, con cláusulas claras de penalización cuando se demuestre que se ha priorizado el beneficio sobre la calidad asistencial.
- Transparencia contractual total en conciertos con grupos privados, incluyendo criterios de derivación y resultados clínicos comparables con la red pública.
- Refuerzo de la inspección sanitaria y coordinación con aduanas y Hacienda para detectar redes de productos falsificados antes de que lleguen al paciente.
2025 no ha traído un solo “gran escándalo” sanitario, sino un mosaico de episodios que, juntos, dibujan un modelo que ya no se sostiene a base de marketing institucional. La cuestión, de aquí en adelante, es si se asumirá que la salud debe quedar a salvo del negocio, o si se seguirá confiando en que los próximos fallos vuelvan a camuflarse como “errores puntuales”.
No es una respuesta específica sino otro tilde para la lista -y muchos más deben faltar-. Vivo en Barcelona, me corresponde el CAP Casernas del barrio de San Andreu, había solicitado consulta de Urología . Se me derivó a especialista del CAP del barrio de Horta, a quien comenté dos problemas de funcionamiento que estaba sufriendo. Pide analítica que, realizada, da lugar a nueva cita en el mismo centro. Un día antes de la cita, el urólogo me indica telefónicamente que no vaya a la cita, porque en la analítica «había salido todo bien»; sin preguntarme ni cómo estaba. Quedé tan sorprendido que no atiné más que a balbucear no sé qué, antes de colgar. Cabe agregar que mis dos problemas urológicos, siguen igual. Meses después, sigo en la misma, pendiente de encontrar un especialista más coherente.
Cabia esperar un escándalo semejante, donde las víctimas son siempre las mismas. He sido médico de Cuidados Intensivos más de 40 años, y desde tiempos inmemoriales, los politraumatizados pacientes de alto coste sanitario, , si por proximidad llegaban a un Hospital Privado, en un tiempo record, eran » drenados» a mí hospital ( Público). La razón , clarísima: el Coste. Los hospitales privados, SON UN NEGOCIO DESDE SIEMPRE … Y nunca ha habido voluntad de solucionarlo