Priorizar pacientes rentables: cuando la rentabilidad económica entra en Urgencias

La expresión “priorizar pacientes rentables” suena fría, casi de manual de empresa, pero se ha colado en la conversación sanitaria española a raíz de casos muy concretos. Profesionales de un hospital público gestionado por una empresa privada han denunciado presiones para dar preferencia a quienes generan más ingresos frente a quienes están más graves, y esto abre un debate que nos afecta a todos, pensemos como pensemos.

En este artículo se explica de forma sencilla qué significa priorizar pacientes rentables, qué ha pasado en el Hospital de Torrejón (Comunidad de Madrid), qué riesgos tiene para la seguridad del paciente y qué opciones existen cuando se vulneran los derechos de los enfermos.

¿Qué significa priorizar pacientes rentables?

Hablar de pacientes rentables no tiene nada que ver con la gravedad de la enfermedad, sino con cuánto ingreso se asocia a su atención según el modelo de financiación. En el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por el grupo Ribera, se distingue entre pacientes de la zona (financiados por un pago fijo por persona asignada, la llamada “cápita”) y pacientes de “libre elección” que llegan de otras áreas y generan facturación adicional.

Según documentación interna y denuncias de trabajadores, se habría pedido priorizar pacientes rentables de libre elección en quirófano y consultas, mientras usuarios de Torrejón, muchos de ellos crónicos, esperaban más tiempo.

ElDiario.es ha mostrado órdenes por correo en las que se fijan cupos concretos de pacientes de libre elección en quirófano para cumplir “objetivos” y “presupuesto”, lo que altera la lógica habitual de atender primero a quien más lo necesita.

Al mismo tiempo, audios publicados por la prensa recogen al CEO de Ribera en España hablando de aumentar “procesos contributivos para el EBITDA” (beneficio) y de “desandar” la reducción de listas de espera para centrarse en lo que más compensa económicamente.

En la práctica, todo esto configura un contexto donde la tentación de priorizar pacientes más rentables frente a otros se vuelve muy fuerte.

El triaje de colores: de herramienta de seguridad a posible riesgo

El triaje en Urgencias es una pieza clave de la seguridad del paciente: clasifica a las personas según la gravedad para decidir a quién se atiende antes. En muchos hospitales españoles se aplica el sistema Manchester, que usa un código de colores muy claro:​

• Rojo y naranja: emergencias con riesgo vital.
• Amarillo: casos graves que deben ser atendidos en menos de una hora.
• Verde: problemas leves que pueden esperar.
• Azul: cuadros muy leves derivables a Atención Primaria.​

En Torrejón, un documento elaborado por enfermería y enviado a la dirección denunció que se había pedido modificar el triaje para cambiar pacientes de amarillo a verde, y así mejorar las cifras de tiempo de espera visible sin aumentar recursos.

Además, según ese informe, dentro de los pacientes verdes se atendía primero a los más leves para vaciar la sala, dejando atrás a personas que, sin ser críticas, necesitaban atención antes.

Tabla 1. Triaje estándar y riesgos si se manipula

Cambiar colores en el triaje no es un detalle administrativo: significa que personas con problemas graves pueden quedar diluidas entre leves, mientras se mejora la estadística de espera de forma artificial.

No hace falta hablar de ideología para ver el problema; basta ponerse en la piel de quien acompaña a un familiar con un dolor fuerte, fiebre alta o dificultad respiratoria.

El caso de Torrejón se investiga de forma concreta, pero llega en un contexto donde se discute el papel de las empresas privadas en la gestión de hospitales públicos. El modelo de concesión tipo “Alzira” permitió que grupos como Ribera gestionen hospitales enteros, cobrando una cápita por cada persona asignada y facturando además por ciertos servicios o pacientes de libre elección.

Ribera gestiona hoy 16 hospitales y decenas de centros, con una facturación que rondó los 800 millones de euros. En este escenario, diversas informaciones periodísticas describen estrategias para identificar “procesos rentables”, captar pacientes de otras zonas y ajustar la actividad clínica a los objetivos económicos.

Esto no significa que todo profesional ni todo centro privatizado actúe igual, pero sí que la estructura de incentivos puede favorecer dinámicas de priorizar pacientes rentables en vez de centrarse solo en la gravedad clínica. De ahí que se hable cada vez más de la necesidad de reforzar la transparencia, las auditorías y los límites al ánimo de lucro en la gestión de hospitales públicos.

Qué dicen la ética médica y la nueva ley

Los manuales de relación médico‑paciente y los códigos deontológicos son claros: el criterio de prioridad debe ser la necesidad clínica, la equidad y el respeto a la dignidad de la persona, no la rentabilidad. Diferenciar entre pacientes por motivos económicos o por el origen de su tarjeta sanitaria choca con esa ética profesional.

Desde el ámbito normativo, el Ministerio de Sanidad está ultimando una nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud que busca “poner coto al ánimo de lucro” en la gestión de hospitales públicos.

Esta ley pretende derogar la norma de 1997 que permitió conciertos como el de Torrejón y evitar contratos donde empresas privadas puedan “enriquecerse” usando la sanidad pública para hacer negocio.

Más allá del debate político, el mensaje de fondo es sencillo: la sanidad pública debe blindarse frente a prácticas en las que se acabe, directa o indirectamente, por priorizar pacientes rentables frente a pacientes más graves o con menos capacidad económica.

Derechos del paciente y vías legales

Si alguien siente que ha sido relegado en una lista de espera, que se ha cambiado su prioridad de triaje sin motivo clínico o que no fue atendido a tiempo por razones organizativas, NO está indefenso. Los derechos del paciente permiten solicitar la historia clínica, reclamar ante el centro, acudir a las autoridades sanitarias y, llegado el caso, iniciar acciones por responsabilidad patrimonial o negligencia.

La expresión “priorizar pacientes rentables” describe una tendencia preocupante: organizar la atención sanitaria pensando antes en la facturación que en la gravedad clínica. El caso del Hospital de Torrejón es el ejemplo más claro, pero no el único síntoma de esta lógica en el sistema.

Fuera de Torrejón, distintos informes apuntan a un patrón de selección por rentabilidad en la sanidad privada concertada. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y otras entidades describen cómo los grandes grupos tienden a asumir los procesos más sencillos y bien pagados, mientras los casos complejos y caros recaen en la sanidad pública.

Un reportaje sobre conciertos sanitarios resume que la sanidad privada recibe de los conciertos con el sector público “diez veces más de lo que gasta en sus hospitales”, gracias a un modelo que incentiva elegir qué pacientes y tratamientos interesan más.

En conjunto, estos ejemplos no prueban que en todas partes se prioricen pacientes rentables, pero sí muestran que la estructura de incentivos de ciertos contratos abre la puerta a que la rentabilidad acabe desplazando, poco a poco, a la prioridad clínica.

Un mensaje final que nos une

El debate sobre priorizar pacientes rentables no va solo de modelos de gestión, sino de algo mucho más sencillo: la confianza. Cualquier persona, sea cual sea su idea política, quiere saber que, si un día pisa Urgencias, será atendida según lo que tiene, no según lo que vale en la hoja de cálculo.

Reforzar esa confianza pasa por tres ideas básicas: transparencia en cómo se organizan las listas de espera y el triaje, controles claros para impedir que la rentabilidad se imponga a la clínica, y vías accesibles para reclamar cuando el sistema falla.

Solo así se puede evitar que expresiones como “priorizar pacientes rentables” se normalicen en la conversación sanitaria, y seguir hablando, simplemente, de algo tan básico como cuidar personas.