Lleva tiempo planteándose la «necesidad» de elaborar un documento que permita clasificar a la población en grupos, basándose en su supuesto estado de inmunidad y contagiosidad frente al actual coronavirus. Es lo que se ha dado en llamar «pasaporte serológico» o «certificado de inmunidad». Esto tiene muchas implicaciones, también legales. Os cuento.
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que en breve estará aprobado el plan de vacunación para prevenir la Covid. Lo paradójico es que hay plan pero no existe vacuna. Se supone que alguna de las muchas que se investigan será eficaz y segura pero por ahora lo único que hay son investigaciones en curso, mucha nota de prensa promocional de los laboratorios […]
La alocada carrera por llegar antes a ofrecer una vacuna para prevenir la Covid-19 ha entrado en una fase crucial, tras el primer anuncio por parte de Pfizer de que puede ofrecer la suya. A ello le ha seguido una cascada de anuncios, ya sea mediante notas de prensa o publicaciones en revistas médicas, de otras ofertas de inmunización.
La crisis sanitaria por la Covid-19 pone en evidencia la fragilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y nos revela que la OMS no tiene los instrumentos y mecanismos legales necesarios para aplicar sus normas y orientaciones. Su financiación además es insostenible para responder al desafío de la Covid-19.
La especulación de los fabricantes de remedios para la Covid-19 continúa. El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, vendió aproximadamente el 62% de sus acciones en la compañía el mismo día en que la farmacéutica reveló los esperanzadores resultados de su potencial vacuna contra el Covid-19.