Mucho discurso y poca adaptación: la otra cara de la inclusión social

Hay historias que no salen en los telediarios. No porque no sean importantes, sino porque incomodan demasiado. Historias que no encajan en el relato oficial de progreso, inclusión y modernidad. Historias que revelan una grieta profunda entre lo que las instituciones dicen y lo que realmente hacen.

Esta es una de ellas.

El pasado 12 de mayo, la fachada del Ayuntamiento de Barcelona se iluminó de azul. Un gesto simbólico, aparentemente noble, para visibilizar patologías asociadas a la vulnerabilidad: aislamiento, exclusión social, pérdida de autonomía. El lenguaje institucional fue impecable. El mensaje, aparentemente incuestionable.

Pero como suele ocurrir, el problema no está en lo que se ilumina, sino en lo que se oculta.

Porque mientras la ciudad se tiñe de azul, hay personas que viven otra realidad mucho más cruda. Una realidad que no es luminosa, sino dolorosa. Algo que podríamos llamar, sin exagerar, el “azul moratón”: ese que no simboliza apoyo, sino el impacto de políticas públicas mal diseñadas sobre cuerpos ya vulnerables.

S.G. es una de esas personas. Diagnosticada con Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y electrohipersensibilidad, su vida depende de algo que para la mayoría pasa desapercibido: el entorno. El aire que respira, los materiales que la rodean, las radiaciones invisibles que atraviesan su espacio vital.

Para quienes padecen estas patologías, el entorno no es un detalle: es la diferencia entre poder vivir o enfermar. Y aquí es donde emerge la gran contradicción.

Las mismas administraciones que reconocen oficialmente que estas enfermedades generan exclusión social, diseñan programas de inclusión que ignoran —o directamente vulneran— las necesidades ambientales de quienes dicen proteger.

S. forma parte del programa “Primer Hogar” del Ayuntamiento de Barcelona, una iniciativa que, en teoría, busca facilitar el acceso a la vivienda a personas en situación de vulnerabilidad. Sobre el papel, el programa es impecable. En la práctica, para algunos perfiles, puede convertirse en un mecanismo de daño.

Viviendas altamente tecnificadas, materiales sintéticos, sistemas electrónicos constantes, entornos urbanos densos y contaminados… Todo aquello que para el ciudadano medio es invisible o tolerable, para una persona con SQM o electrohipersensibilidad puede ser profundamente lesivo.

No hablamos de incomodidad. Hablamos de dolor físico. De agravamiento de síntomas. De pérdida progresiva de autonomía.

Es decir, exactamente aquello que las instituciones dicen querer combatir. La paradoja es inquietante: se reconoce la vulnerabilidad, pero se implementan soluciones que la intensifican.

Y cuando esto ocurre, el problema deja de ser técnico para convertirse en político.

En su carta al alcalde, Silvia lo expresa con una lucidez difícil de ignorar. Describe cómo estos programas estándar no solo no se adaptan a determinadas sensibilidades ambientales, sino que amplifican el sufrimiento, aumentan las barreras y reducen la capacidad de defensa de quienes ya están en situación de fragilidad.

No es solo una mala praxis. Es una forma de violencia institucional. Una violencia que no deja marcas visibles para la mayoría, pero que se inscribe en los cuerpos de quienes la padecen.

De ahí la potencia de su metáfora: del azul institucional al azul moratón. Y, más adelante, al negro carbón del expediente administrativo.

Ese negro donde las personas dejan de ser individuos para convertirse en números, categorías, seguimientos. Donde la vida concreta se diluye en procedimientos. Donde la burocracia sustituye a la humanidad.

No es un caso aislado. Es un síntoma. Un síntoma de lo que podríamos llamar “ceguera algorítmica”: sistemas de gestión pública diseñados para optimizar procesos, pero incapaces de adaptarse a la diversidad real de los cuerpos y las condiciones humanas.

Se aplican protocolos estándar a situaciones extraordinarias. Se mide con la misma vara a quienes no pueden ser medidos así. Y el resultado, inevitablemente, es la exclusión.

Una exclusión especialmente perversa, porque se produce dentro de programas que se presentan como inclusivos. El problema de fondo es más amplio de lo que parece.

Durante años, las enfermedades ambientales (o industriales) como la SQM o la electrohipersensibilidad han sido tratadas con escepticismo, cuando no directamente con negación. Sin embargo, cada vez hay más evidencia científica que apunta a la complejidad de estas condiciones y a la necesidad de abordarlas desde un enfoque preventivo y ambiental.

Pero las políticas públicas siguen ancladas en modelos que no incorporan esta realidad. Se construyen ciudades “inteligentes”, hiperconectadas, tecnificadas, sin preguntarse si son habitables para todos.

Se promueve la digitalización como sinónimo de progreso, sin considerar sus efectos sobre determinadas sensibilidades. Se diseñan viviendas eficientes energéticamente, pero no necesariamente saludables para quienes reaccionan a ciertos materiales o campos electromagnéticos.

La pregunta incómoda es esta: ¿para quién se está diseñando la ciudad del futuro? Porque si hay ciudadanos que enferman precisamente en esos entornos, entonces el problema no es marginal. Es estructural.