La nueva sede global de AstraZeneca en Barcelona: inauguración política, controversias clínicas pendientes
Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, ha celebrado hace unos días la inauguración del nuevo edificio Estel de AstraZeneca: «La inauguración reafirma que Catalunya es hoy una de las regiones líderes en ciencias de la salud y de la vida. Un referente indiscutible en innovación en salud para Europa en todos los ámbitos: investigación, crecimiento de empresas, universidades, captación de fondos competitivos, publicaciones y ensayos clínicos.
En este nuevo edificio se concentra la esperanza de millones de personas afectadas por un cáncer, por enfermedades respiratorias o cardiovasculares, y aspira a convertirse en uno de los centros más importantes de Europa por excelencia en innovación clínica, apoyando los avances en tratamientos que abordan necesidades no cubiertas de los pacientes. En un momento de cambios tan profundos, Catalunya elige ciencia (…) Enhorabuena a todo el equipo de AstraZeneca por haber hecho realidad este sueño, por la perseverancia que habéis demostrado y por la apuesta por Barcelona y Catalunya», dijo.
Este elogio oficial, pronunciado el 3 de noviembre de 2025 durante el acto con la ministra de Sanidad Mónica García y otras autoridades, contrasta con un historial que diversos casos y procedimientos judiciales han puesto en cuestión en materia de transparencia.
El «Global Hub» de 30.000 m² en el Edificio Estel, que acoge a 1.600 profesionales en oncología y terapias avanzadas, se presenta como faro de innovación, pero ignora controversias éticas previas documentadas en procedimientos judiciales y en investigaciones periodísticas.
El caso de Juan Santos: muerte silenciada en un ensayo clínico
El escándalo más paradigmático que he publicado data de 2014: Juan Santos Sierra, paciente de 59 años con lupus, murió en Mérida (Extremadura) durante el ensayo fase III de sifalimumab, promovido por AstraZeneca.
Santos colapsó el 20 de septiembre tras su última dosis, pero ni el Hospital de Mérida ni la farmacéutica ordenaron autopsia inmediata, atribuyendo la muerte a «neumonía por aspiración» sin pruebas forenses concluyentes.
Yo denuncié que AstraZeneca retenía el 100% de los datos clínicos, bloqueando el acceso a independientes pese a las irregularidades éticas admitidas por el Comité Ético de Investigación Clínica extremeño.
La familia (en la imagen con su mujer e hijo), asesorada por mi equipo de abogados, presentó querella por homicidio imprudente, abriendo diligencias en el Juzgado de Instrucción nº1 de Mérida. Revelamos cinco muertes más en el mismo ensayo en España, con patrones idénticos de opacidad y cierre prematuro.
AstraZeneca replicó con un burofax intimidatorio, exigiendo censurar la información por «inveraz», táctica que interpreto como presión corporativa contra el periodismo. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) archivó el caso en 2015 sin sanciones, contrastando con rigor en Francia, donde muertes similares por otros medicamentos han generado indemnizaciones millonarias.
Vacunas COVID-19: suspensiones, trombos y muertes no investigadas
Ya en septiembre de 2020 tuve claro que la vacuna de AstraZeneca y Oxford iba a dar problemas, porque se suspendió el ensayo principal tras un caso de mielitis transversa en un voluntario británico: una inflamación medular grave que le dejó parálisis y daños neurológicos irreversibles, probablemente provocados por ese adenovirus vectorizado que usaban, cuya seguridad ha sido objeto de debate.
Algunos críticos lo consideran potencialmente más agresivo que el propio SARS‑CoV‑2 en determinadas personas sanas, aunque este punto no constituye una conclusión consensuada entre las autoridades reguladoras.
La Unión Europea les había adelantado fondos para 300 millones de dosis, confiando ciegamente, en mi opinión, en una farmacéutica con un historial dudoso de vectores virales defectuosos en ensayos anteriores, y ahí estaba el «fracaso esperado», como lo titulé en su momento.
En España, el drama se repitió con al menos diez muertes justo después de vacunarse con AstraZeneca en 2021, casos que levantaron una enorme sospecha por su temporalidad y síntomas trombóticos: dos policías, uno en Málaga y otro en Cartagena, un voluntario de Protección Civil en Zamora, y otros más que las autoridades se apresuraron a «desmentir» sin autopsias exhaustivas ni investigaciones independientes.
Tomemos el caso de Juan Carlos Martínez (en la foto): un hombre sano que colapsa poco después de la dosis, y el parte oficial lo cierra como «no relacionado» sin más explicaciones forenses; o los policías, con trombosis venosas cerebrales que encajaban perfecto con el perfil de riesgo que luego se reconoció.
El de Martínez, no fue el único no investigado, también investigué el caso de José Luis Remacha, tremendo.
Los casos conocidos permiten sospechar que el impacto real pudo ser mayor del oficialmente reconocido, aunque, a día de hoy, no existen estudios independientes exhaustivos que lo cuantifiquen
Diversos casos de fallecimientos comunicados poco después de la vacunación con AstraZeneca en 2021 -entre ellos los de dos policías…- levantaron una enorme sospecha por su temporalidad y síntomas trombóticos, según recogieron los medios y las familias afectadas.
Para 2025, la UE ya había descartado la vacuna AstraZeneca por esos trombos, confirmados judicialmente como efectos secundarios graves e incluso reconocidos como «accidente laboral» en fallos del Tribunal Supremo español.
Es el mismo patrón de opacidad, donde la prisa por los contratos millonarios eclipsa la seguridad y los derechos fundamentales de la gente de a pie.
Las autoridades sanitarias, sin embargo, han considerado que la relación causal solo se confirma en un número limitado de casos, manteniendo que el balance beneficio‑riesgo global de la vacunación seguía siendo favorable, posición que muchos familiares y algunos expertos han cuestionado
Más episodios: dinero, opacidad y daños colaterales
El caso de Juan Santos no fue un rayo aislado en cielo despejado, sino la punta de un iceberg construido durante años de prácticas discutibles. En 2014 documenté cómo demandamos a AstraZeneca por la muerte de Santos en el ensayo de sifalimumab, denunciando que el consentimiento informado era incompleto y que no se explicó adecuadamente el riesgo real de participar en un ensayo con un biológico experimental para lupus.
Aquella familia no solo lidiaba con la pérdida, sino con una sensación clara de estafa: firmaron confiando en un sistema que supuestamente protege al paciente, y se encontraron con un muro de silencio corporativo y burocrático.
Según la demanda presentada por la familia de Juan Santos y recogida por medios como Arsenal Terapéutico, la compañía ofreció 85.000 euros a la viuda a cambio de confidencialidad, oferta que fue rechazada
El mensaje implícito era devastador: las vidas perdidas en un ensayo se pueden convertir en un apunte contable, siempre que no trascienda demasiado al espacio público.
Ese burofax fue interpretado por este periodista y su equipo como un intento de presionar y limitar la publicación de informaciones críticas
Años después, la propia trayectoria del fármaco en investigación reforzó las dudas: en 2016 publiqué que las muertes en aquel ensayo hicieron que AstraZeneca abandonara la prueba, evidenciando que el riesgo no era anecdótico (aquí tenéis todo lo que he publicado sobre este caso).
No hubo una autocrítica profunda ni una revisión seria de cómo se había gestionado la seguridad de los participantes en España; hubo, como es habitual, un repliegue técnico-jurídico que dejó la responsabilidad final flotando en tierra de nadie.
Un patrón de controversias y sanciones
Todo esto encaja en un patrón más amplio que he descrito al hablar de la “Big Pharma”: corrupción, multas millonarias, ocultación de daños y conductas sospechosas que se repiten con distintos productos y mercados.
AstraZeneca ha protagonizado varios casos internacionales de malas prácticas comerciales, como acuerdos para retrasar la entrada de genéricos de algunos de sus superventas respiratorios, sancionados en Estados Unidos por vulnerar las reglas de la competencia y encarecer innecesariamente el tratamiento de miles de pacientes.
En Estados Unidos y otros países se han documentado casos de sobornos y malas prácticas, incluido un acuerdo para pagar millones de dólares por violar la legislación anticorrupción en China y Rusia
Estos episodios han sido interpretados por algunos observadores como indicios de problemas estructurales en el modelo de negocio farmacéutico, donde el incentivo económico puede entrar en tensión con la seguridad y la transparencia.
Cuando una multinacional acumula denuncias por ocultar efectos adversos, por manipular datos o por sobornar a prescriptores, cualquier nuevo proyecto que se presente como “innovación al servicio de la vida” merece un escrutinio extremo. No se puede separar el flamante “Global Hub” de Barcelona del historial de la empresa que lo ocupa.