Una persona pierde media pierna por falta de asistencia vascular durante trece días

El caso que acaba de sentenciar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla -que obliga al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 180.000 euros más intereses legales a un paciente por mala praxis– no es un hecho aislado ni una anécdota judicial más. Es la radiografía de un problema mayor: la negligencia médica derivada de un sistema con carencias estructurales, insuficiencia de recursos y una organización que sitúa a las personas pacientes en la periferia de las decisiones sanitarias.

Desde Miguel Jara & Abogados sabemos bien que detrás de cada sentencia, detrás de cada cifra en forma de indemnización, hay historias personales de dolor, de pérdida, de frustración y de injusticia.

Este caso vuelve a poner delante de la ciudadanía preguntas sobre las que venimos insistiendo desde hace años: ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI una persona con necrosis avanzada en el pie no sea derivada inmediatamente a un hospital con cirugía vascular? ¿Cómo es posible que únicamente dos hospitales de Sevilla dispongan de unidades completas de angiología y cirugía vascular?

El suceso, detallado en la sentencia, nos obliga a reflexionar sobre un modelo sanitario que, en demasiadas ocasiones, convierte a la negligencia en norma y al paciente en víctima doble: primero de la enfermedad y después de la desatención del sistema.

Una cronología que hiela la sangre

En noviembre de 2021, un hombre acudió a urgencias del Hospital La Merced de Osuna (Sevilla) presentando necrosis en dos dedos del pie derecho y afectación del antepié. El cuadro clínico demandaba con urgencia la intervención de especialistas en angiología y cirugía vascular, capaces de valorar la opción de revascularización y tratamiento avanzado. Sin embargo, no se le derivó en ese momento.

Días después fue trasladado al Hospital de Écija, donde se le practicó una amputación parcial del pie pese a que dicho centro no contaba con un servicio de cirugía vascular. Allí fue atendido por cirugía general y traumatología, profesionales cuyo campo de especialización no es el tratamiento vascular.

La cadena de errores continuó: el 22 de noviembre -trece días después de acudir por primera vez a Urgencias– se le derivó al Hospital Virgen de Valme de Sevilla. Allí se intentó una revascularización, sin éxito.

Días más tarde, se realizaron nuevas intervenciones, incluyendo amputaciones sucesivas, hasta que el 3 de diciembre se practicó la amputación definitiva de la pierna derecha por debajo de la rodilla.

El juzgado reconoce, en una sentencia que no es firme, que existió una “pérdida de oportunidad”: una falta de acceso a un tratamiento potencialmente más favorable desde el inicio. Esa pérdida no asegura que el resultado final -la amputación- pudiera haberse evitado por completo, pues la diabetes y la infección complicaban el pronóstico. Pero sí subraya que, al no derivarlo a tiempo, al paciente se le negó una opción que merecía.

La figura clave de la “pérdida de oportunidad”

En los litigios por negligencia médica, demostrar una relación de causalidad directa entre un error asistencial y el daño producido suele convertirse en una batalla pericial compleja. El SAS se defiende en muchas ocasiones apoyándose en el argumento de que “no puede saberse con certeza” si otra actuación habría cambiado el desenlace.

Sin embargo, el derecho ha desarrollado la doctrina de la “pérdida de oportunidad”. Es decir, aunque no podamos afirmar al 100% que otra alternativa hubiera evitado el desenlace fatal, lo importante es constatar que no se otorgó a la persona paciente la opción de intentarlo en condiciones adecuadas. Se le privó de una oportunidad real de mejorar su pronóstico. Eso, por sí mismo, constituye un daño indemnizable.

Esta figura ha sido clave en casos que desde nuestro bufete hemos llevado. Permite traducir en términos jurídicos lo que desde una perspectiva humana resulta evidente: si un sistema sanitario no pone todos los medios razonablemente disponibles al alcance del paciente, está fallando en su deber esencial.

Indemnizaciones como reconocimiento parcial

En este caso concreto, la parte demandante reclamaba 420.000 euros. El juzgado reconoce la existencia de un daño indemnizable, pero reduce la cuantía a 180.000. Esa reducción es algo a lo que muchas familias se enfrentan: el sistema de indemnizaciones rara vez compensa de manera proporcional el sufrimiento, la discapacidad y las secuelas vitales, laborales y emocionales que implica perder media pierna.

Detrás de esas cifras vemos algo muy familiar en Miguel Jara & Abogados: las víctimas de negligencia médica no sólo deben soportar el daño físico, sino también la humillación burocrática de procesos que se extienden durante años, con cuantías que se alejan significativamente de lo solicitado. El derecho reconoce el problema con una mano, pero con la otra impone recortes que relativizan la magnitud del daño.

El problema de fondo es que en Sevilla únicamente dos hospitales tienen unidades completas de cirugía vascular. Su denuncia pone sobre la mesa una cuestión a menudo invisibilizada: la desigualdad en el acceso a servicios especializados según el hospital en el que “toque caer” al enfermo.

Este déficit no sólo genera negligencias como la que aquí analizamos, sino que conduce a una sobrecarga brutal de los pocos centros de referencia, a listas de espera inadmisibles y a una sensación de abandono generalizada entre la ciudadanía.

Un detalle especialmente grave de esta historia es que el paciente y su familia aseguran que nunca fueron debidamente informados de los riesgos, alternativas y opciones terapéuticas. No se les explicó que, antes de amputar, era imprescindible intentar una revascularización en un centro especializado. Tampoco se les comunicó que se iba a extirpar medio pie.

Aquí se suma un segundo ámbito de negligencia: la vulneración del derecho al consentimiento informado.

Este derecho no es un mero formalismo. Se trata de un pilar de la autonomía del paciente y de su dignidad como persona.

Operar, amputar o tomar decisiones quirúrgicas sin que la persona afectada comprenda el alcance de lo que está en juego supone una violación que trasciende lo clínico: es un atropello ético y humano.

Negligencias médicas: la punta de un iceberg

El caso del Hospital de Osuna no es un hecho aislado, sino un ejemplo más de un fenómeno extendido: cada año, miles de personas en España sufren daños evitables por fallos asistenciales. La sanidad pública, sometida a recortes, plantillas insuficientes y precariedad, genera un terreno fértil para el error.

Pero cada error no es sólo un accidente del sistema. Cada error tiene un rostro, un nombre, unas secuelas. Y cuando el sistema deja sin respuesta a esas personas, no queda más camino que el de la vía judicial.

Desde nuestro bufete sabemos que enfrentarse a un gigante administrativo como el SAS, o a cualquier otro servicio autonómico de salud, no es sencillo. La persona víctima se cruza con informes contradictorios, con peritajes encargados por la Administración que minimizan daños, con dilaciones procesales.

Ahí radica el valor de contar con un equipo jurídico especializado en negligencias médicas. En Miguel Jara & Abogados dedicamos nuestro trabajo a recopilar pruebas, analizar historiales, apoyar a peritos independientes y plantar cara legalmente a un sistema que se protege a sí mismo antes que a los enfermos.

Casos como este validan la importancia de esa labor: sin la reclamación presentada, sin el litigio impulsado por el paciente, el error habría quedado sepultado entre miles de historias clínicas. La sentencia, aunque imperfecta y recurrible, constituye un reconocimiento que aporta algo de reparación y que ayuda a visibilizar un problema sistémico.

Si usted o un familiar suyo ha vivido una situación similar, en la que sospeche que ha habido negligencia médica, falta de información real, retraso en un diagnóstico o errores quirúrgicos, no dude en consultarnos. Evaluaremos su caso con rigor, transparencia y cercanía.