Crisis en el campo español: ¿Por qué se arrancan naranjos y se quitan olivos?

La imagen de tractores arrancando naranjos en Córdoba o viveros sin plantones de olivo en Andalucía es hoy el símbolo de una crisis profunda y compleja en el campo español. Bajo la superficie de estas escenas late un entramado de factores económicos, políticos, sociales y ambientales que han llevado a miles de agricultores a una situación límite, obligando a muchos a abandonar cultivos tradicionales y replantearse su futuro.

En este análisis, damos voz a todas las partes implicadas y exploramos alternativas para un modelo agrario más justo y sostenible.

El detonante: precios por los suelos y competencia internacional

La raíz inmediata del problema es la falta de rentabilidad. Agricultores como el cordobés que viralizó el vídeo arrancando sus naranjos lo resumen así:

“Estamos en Córdoba arrancando naranjos porque se merecen más estar en Sudáfrica, en Egipto y en Marruecos… pagan mejores sueldos de los que hay aquí. Pues así estamos, arruinados, arrancándolo todo. Muchas gracias a nuestros políticos, a los de España y a los de Europa, gracias por todo. Gracias por arruinarnos”. 

Estas palabras condensan el sentir de un sector que lleva años vendiendo por debajo del coste de producción, asfixiado por la competencia de naranjas y otros productos importados de países con menores costes laborales y ambientales.

La importación masiva de cítricos desde Sudáfrica, Egipto o Brasil ha provocado una caída drástica de los precios, obligando a los agricultores españoles a malvender sus productos o, directamente, a dejar de producir. 

Esta competencia, percibida como desleal, se ve agravada por la falta de apoyo institucional y la escasa protección frente a las prácticas de dumping social y ambiental.

Pero el problema no se limita a los cítricos. El olivar tradicional, joya de la agricultura mediterránea, atraviesa una crisis múltiple: Caída del precio del aceite en origen (hasta un 44% en año y medio), aranceles internacionales, entrada de fondos de inversión y el auge del cultivo intensivo y superintensivo, más rentable pero menos sostenible.

Costes, clima y modelo agrario

Costes de producción al alza
Al drama de los precios se suman los crecientes costes de fertilizantes (por lo general, químicos tóxicos), agua, energía y mano de obra. El encarecimiento de los insumos ha disparado los gastos de las explotaciones, especialmente en cultivos intensivos en mano de obra como el olivar, el viñedo o los frutales.

Muchos agricultores denuncian que, pese a la aprobación de la nueva ley de cadena alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas, la realidad es que siguen vendiendo por debajo de costes y que la distribución y la industria imponen condiciones abusivas.

Crisis climática y plagas
El cambio climático actúa como multiplicador de la crisis. Sequías prolongadas (este año por suerte ha sido todo lo contrario y la producción de aceite de oliva será muy grande), olas de calor y fenómenos extremos han mermado la producción y la calidad de naranjas y aceitunas, encareciendo aún más el agua y los tratamientos fitosanitarios.

Los veranos más calurosos y las lluvias irregulares afectan especialmente a cultivos tradicionales de secano, menos adaptados a la nueva realidad climática.

Transformación del modelo productivo
El olivar tradicional, que ocupa cerca del 73% de las explotaciones españolas, está siendo desplazado por el modelo intensivo y superintensivo, especialmente en zonas de regadío.

El sistema intensivo permite plantar olivos en seto, mecanizar la recolección y obtener aceituna a menos de un euro el kilo, frente a los 4,5 euros del tradicional. Esta “modernización” (imposición de aranceles, llegada al mercado de los fondos de inversión, o el uso del aceite como producto reclamo de las grandes superficies), ha disparado la demanda de plantones y ha vaciado los viveros, pero también ha generado una sobreproducción que ha hundido los precios y ha puesto en jaque la viabilidad de los pequeños productores.

Fondos de inversión y concentración de la tierra
La entrada de fondos de inversión, constructoras y bancos en el sector ha acelerado la concentración de la tierra y la transformación de cultivos extensivos en olivares intensivos, desplazando a agricultores familiares y minifundistas. Este fenómeno, lejos de resolver la crisis, agrava la desigualdad y la pérdida de tejido rural.

Voces del campo: agricultores, cooperativas y sindicatos

Los agricultores
Los agricultores denuncian una situación insostenible:

“La importación de naranjas desde Sudáfrica, Egipto y Brasil ha hundido el precio de los cítricos en España. Tras resistir cuatro años de precios ridículos, por debajo de coste, los agricultores de Córdoba y de Valencia están quitando naranjos. Nos quedarán los cítricos llenos de mierda y de químicos traídos de fuera [aquí matizo yo que si no se produce en ecológico NO se puede garantizar al consumidor que el alimento no lleve tóxicos]. La ruina del campo español”, dice el cordobés del principio de esta publicación.

Cooperativas y organizaciones agrarias
Las cooperativas y sindicatos agrarios alertan de la desaparición del modelo tradicional, que genera riqueza y fija población en el territorio. Miguel López, secretario general de COAG Andalucía, lo resume así: “Este modelo productivo del aceite de oliva, centenario y sostenible, que genera riqueza y fija población, está en peligro”. 

Reclaman precios justos, protección frente a la competencia desleal, apoyo a la modernización sostenible y políticas que prioricen el relevo generacional y la diversificación.

La industria y la distribución
La industria y la gran distribución, por su parte, argumentan que la globalización obliga a competir en precios y que la demanda del consumidor prima la variedad y el bajo coste. Sin embargo, el uso del aceite de oliva como producto reclamo en los supermercados, con ventas incluso a pérdidas, ha contribuido a deprimir aún más los precios en origen.

Administraciones públicas
Las autoridades, tanto españolas como europeas, han respondido con medidas parciales: decretos de transparencia y control de precios, mesas de negociación y ayudas puntuales. Sin embargo, los agricultores consideran que estas medidas son insuficientes y que falta una estrategia integral que aborde los problemas de fondo.

Impactos sociales y ambientales

Despoblamiento rural
La crisis del campo está acelerando el despoblamiento de las zonas rurales. La falta de rentabilidad y de perspectivas de futuro lleva a muchos agricultores a abandonar sus explotaciones y buscar otras formas de sustento, agravando el éxodo rural y la pérdida de servicios en los pueblos.

Pérdida de biodiversidad y degradación ambiental
La sustitución de cultivos tradicionales por modelos intensivos y monocultivos reduce la biodiversidad, agota los suelos y aumenta la dependencia de agua y agrotóxicos. El olivar tradicional, que durante siglos ha modelado el paisaje mediterráneo, es más resiliente y compatible con la conservación de la fauna y la flora, pero está siendo arrinconado por la lógica del máximo rendimiento a corto plazo.

Pese al panorama sombrío, existen alternativas viables y ya en marcha que pueden revertir la tendencia y construir un campo más justo, sostenible y resiliente.

1. Reforzar la ley de cadena alimentaria y garantizar precios justos
La aplicación efectiva de la ley que prohíbe la venta a pérdidas es clave. Es necesario que los precios en origen cubran los costes de producción y que se refuercen los mecanismos de control y sanción a la distribución y la industria que incumplan la normativa.

2. Fomentar la cooperación y la negociación colectiva
Las asociaciones de productores y cooperativas pueden negociar mejores condiciones comerciales, acceder a subvenciones y compartir recursos para reducir costes y aumentar el valor añadido de sus productos.

3. Apoyar la modernización ecológica y la diversificación
La modernización no debe ser sinónimo de intensificación a cualquier precio. Existen técnicas de agricultura de precisión, manejo integrado de plagas y adaptación al cambio climático que permiten mejorar la rentabilidad sin sacrificar la sostenibilidad. Además, la diversificación de cultivos y la apuesta por variedades autóctonas y ecológicas pueden abrir nuevos nichos de mercado y reducir la dependencia de los grandes compradores.

4. Priorizar el relevo generacional y el apoyo a jóvenes agricultores
Facilitar el acceso a la tierra, la formación y el crédito a jóvenes agricultores es esencial para garantizar el futuro del campo y evitar el despoblamiento.

5. Promover circuitos cortos de comercialización y consumo local
El impulso de mercados locales, venta directa y canales cortos de comercialización permite a los agricultores obtener mejores precios y a los consumidores acceder a productos frescos y de calidad, reduciendo la huella de carbono y fortaleciendo la economía rural.

6. Fortalecer la protección frente a la competencia desleal
Es imprescindible que la Unión Europea refuerce los controles fitosanitarios, laborales y ambientales a las importaciones y exija reciprocidad en las condiciones de producción, evitando el dumping social y ambiental que hoy sufren los productores españoles.

7. El cambio a ecológico
La diferenciación a través de denominaciones de origen, producción ecológica y certificaciones de calidad puede mejorar la posición de los agricultores en el mercado y fidelizar a los consumidores.

El paso al cultivo ecológico es una alternativa viable. En primer lugar, la agricultura ecológica elimina el uso de fertilizantes y pesticidas químicos, sustituyéndolos por alternativas naturales. Esto reduce la exposición a sustancias nocivas tanto para el agricultor como para el consumidor y protege la salud del suelo, que mantiene su fertilidad y biodiversidad, haciéndose más resistente a plagas y enfermedades.

Además, este modelo productivo fomenta la rotación de cultivos, el compostaje y el uso de abonos verdes, lo que mejora la estructura y la capacidad de retención de agua del suelo, un aspecto clave en regiones afectadas por sequías.

Desde el punto de vista económico, los cultivos ecológicos pueden generar mayores ingresos al acceder a mercados diferenciados y obtener mejores precios por productos certificados como saludables y BIO. Además, al ahorrar en productos químicos y energía, los agricultores ecológicos pueden reducir costes y aumentar la rentabilidad a medio plazo.

Por último, la agricultura ecológica contribuye a la mitigación de la crisis climática al aumentar el secuestro de carbono en el suelo y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, consumiendo hasta un 15% menos de energía que la agricultura convencional. Todo ello convierte el paso al cultivo ecológico en una alternativa viable, resiliente y alineada con las demandas actuales de sostenibilidad y salud pública.

Fondos «buitres» en el campo

La crisis agraria que atraviesa el campo español no solo responde a factores tradicionales sino que está profundamente vinculada a una transformación silenciosa del territorio: el reemplazo de cultivos emblemáticos -olivos, naranjos, viñedos- por megaproyectos de energía solar y eólica, impulsados por grandes fondos de inversión y multinacionales energéticas como BlackRock o Naturgy.

Esta tendencia es especialmente visible en regiones como Andalucía, Extremadura y Castilla, donde miles de hectáreas de tierras fértiles están siendo convertidas en campos de placas solares, a menudo a costa de la expropiación o compra forzosa a pequeños y medianos agricultores.

El proceso sigue una lógica inquietante: primero, el campo se despuebla debido a la falta de oportunidades y servicios, fenómeno que lleva décadas afectando a las zonas rurales españolas.

Esta despoblación genera un círculo vicioso de empobrecimiento: menos población activa implica menos actividad económica, menos servicios y, finalmente, menos capacidad de resistencia frente a las presiones externas, como las de los grandes proyectos energéticos. El resultado es un territorio cada vez más vacío y vulnerable, donde la agricultura tradicional pierde peso y sentido.

En este contexto, la compra masiva de tierras agrícolas para fines no agrícolas —principalmente energéticos— se ha convertido en una nueva ofensiva. Los agricultores reciben ofertas para vender o arrendar sus tierras a precios que, aunque puedan parecer atractivos en el corto plazo, suponen la pérdida definitiva de la función agraria y social de esos suelos. 

Si se niegan, se enfrentan a procesos de expropiación bajo el argumento del “interés público” de las renovables, pese a que la energía producida raramente beneficia a la comunidad local.

El campo, despoblado y empobrecido, se “resetea” bajo los parámetros de la nueva, y falsa, «economía verde»: la tierra ya no se valora por su capacidad de producir alimentos, sino por su potencial para generar energía y rentas para inversores internacionales.

España avanza hacia su conversión en la “granja solar” de Europa, sacrificando su soberanía alimentaria y su tejido rural en nombre de una transición energética que, tal como se está implementando, prioriza el beneficio corporativo sobre el desarrollo local y la justicia social.

La alternativa en el campo existe: Precios justos por los cultivos, cooperación y resistencia, modernización ecológica, relevo generacional y consumo lo más local que sea posible.