El Tratado de pandemias de la OMS: ¿Normalizar la instauración de un «Gran Hermano sanitario»?
El pasado 20 de mayo de 2025, la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aprobó por consenso el primer Tratado de Pandemias de la historia. Un acuerdo que, según sus defensores, busca mejorar la preparación y respuesta global ante futuras pandemias, promoviendo la cooperación internacional y un acceso más equitativo a vacunas, tratamientos y diagnósticos.
Sin embargo, tras analizar los entresijos de este documento, sus implicaciones y el contexto en el que se ha gestado, no puedo evitar alzar la voz para alertar: Este tratado no es la panacea que nos venden. Más bien, parece un paso más hacia la centralización del poder global en manos de organismos supranacionales, en detrimento de la soberanía de los pueblos y de la verdadera salud pública.
Un tratado gestado en la sombra
La idea de un tratado global para pandemias no es nueva. Surgió en marzo de 2021, en plena resaca de la crisis del COVID-19, cuando los líderes mundiales comenzaron a clamar por un marco internacional que evitara el caos y la desigualdad que caracterizaron la respuesta a aquella pandemia.
Tras tres años de negociaciones, marcadas por idas y venidas, el acuerdo fue finalmente adoptado en la 78ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra.
Según la OMS, este tratado es un «hito histórico» para proteger al mundo de futuras amenazas pandémicas, promoviendo una mayor coordinación y equidad en la distribución de recursos sanitarios. Suena bonito, ¿verdad? Pero, como siempre, el diablo está en los detalles.
En mi blog, he insistido en la importancia de cuestionar las narrativas oficiales y analizar quiénes están detrás de las decisiones que afectan a nuestra salud y libertades.
Este tratado no es una excepción. Desde el principio, las negociaciones han estado marcadas por una opacidad preocupante. Aunque la OMS asegura que el proceso fue «inclusivo», países como Polonia y Rusia expresaron reservas, citando preocupaciones sobre la soberanía nacional.
Incluso Eslovaquia forzó una votación sobre los próximos pasos del tratado, argumentando que podría comprometer la autonomía de los estados. Y, por si fuera poco, la ausencia de Estados Unidos en la adopción final del acuerdo –tras la retirada de la OMS ordenada por la administración Trump en enero de 2025– pone en duda su efectividad real. ¿Cómo se puede hablar de un acuerdo global cuando una de las mayores potencias mundiales no está a bordo?
Un acuerdo con más preguntas que respuestas
El tratado, según los informes, se centra en mejorar la detección y respuesta ante pandemias mediante una mayor coordinación internacional, vigilancia y acceso equitativo a vacunas y tratamientos.
Uno de sus pilares es el mecanismo de Acceso y Distribución de Beneficios de Patógenos (PABS, por sus siglas en inglés), que regula cómo los países comparten información sobre nuevos patógenos a cambio de acceso a vacunas, pruebas y tratamientos derivados de esos datos.
Este punto, que será negociado en detalle durante los próximos 12 meses, pretende corregir las desigualdades vistas durante el COVID-19, cuando los países ricos acapararon vacunas mientras los más pobres se quedaban atrás.
A primera vista, el objetivo parece noble. Nadie puede negar que la respuesta global al COVID-19 fue un desastre: Pero, ¿es este tratado la solución? Los expertos ya han señalado que el acuerdo es, en palabras de algunos, «una cáscara vacía».
Carece de obligaciones firmes y compromisos concretos (y casi mejor, porque si ciertas medidas parecieron obligatorias cuando no lo eran, imaginaos si directamente fueran obligatorias), lo que lo convierte más en una declaración de intenciones que en un instrumento vinculante.
Como señala un análisis de la agencia Reuters, «es difícil decir que es un tratado con una obligación firme donde hay un fuerte compromiso…».
Y aquí radica uno de los primeros problemas: si el tratado es tan vago, ¿cómo podemos confiar en que realmente nos protegerá? En este blog, he denunciado repetidamente cómo los organismos internacionales, incluida la OMS, suelen operar bajo la influencia de intereses corporativos, especialmente de la industria farmacéutica.
Este tratado no parece ser la excepción. La OMS ha recibido financiación significativa de fundaciones privadas y empresas farmacéuticas, lo que plantea serias dudas sobre su imparcialidad.
¿No estaremos ante un nuevo mecanismo para garantizar que las grandes farmacéuticas sigan controlando el mercado de vacunas y tratamientos, mientras los países pobres y la ciudadanía global, en general, quedan a merced de promesas vacías?
La OMS y el poder farmacéutico
En entradas anteriores, como las dedicadas a la influencia de la industria farmacéutica en la salud pública, he documentado cómo las grandes corporaciones han moldeado las políticas sanitarias globales para maximizar sus beneficios.
Durante la pandemia de COVID-19, vimos cómo empresas como Pfizer y Moderna acumularon ganancias astronómicas mientras los países en desarrollo luchaban por acceder a vacunas y las poblaciones occidentales sufrían lesiones y muertes relacionadas con las inmunizaciones como nunca antes había ocurrido con las demás vacunas.
El tratado de la OMS no establece mecanismos claros para garantizar que las farmacéuticas no sigan priorizando los mercados frente a las personas. El mecanismo PABS, por ejemplo, suena bien en teoría, pero su implementación dependerá de negociaciones futuras, lo que abre la puerta a más dilaciones y acuerdos a puerta cerrada.
Además, el tratado no aborda un problema fundamental: la dependencia de los sistemas de salud pública de las soluciones farmacéuticas. En repetidas ocasiones he defendido que la verdadera salud pública no se basa en vacunar a toda la población ante cualquier amenaza, sino en fortalecer los sistemas inmunológicos, promover estilos de vida saludables y garantizar acceso universal a servicios médicos básicos.
Sin embargo, este tratado parece seguir el mismo guión tecnocrático: más vigilancia, más pruebas, más vacunas. ¿Dónde está el enfoque en la prevención primaria, en la correcta nutrición, en el acceso al agua potable o en la reducción de la pobreza, que son los verdaderos determinantes de la salud?
Soberanía en jaque
Otro aspecto que me preocupa profundamente, y que he abordado en mi blog al hablar de la globalización y sus efectos, es la erosión de la soberanía nacional de los distintos países.
El tratado de la OMS, aunque presentado como un acuerdo de cooperación, podría convertirse en un instrumento para que los países cedan parte de su autonomía en la gestión de emergencias sanitarias.
Algunos países, pocos aún, ya han levantado la voz al respecto, y no son los únicos. En un mundo donde las decisiones sanitarias están cada vez más centralizadas, ¿qué garantías tenemos de que las necesidades específicas de cada país serán respetadas?
La ausencia de Estados Unidos en el tratado es un elefante en la habitación. La administración Trump, al retirar a EE.UU. de la OMS, ha enviado un mensaje claro: no está dispuesta a ceder control a un organismo supranacional.
Aunque NO comparto casi ninguna de las políticas de Trump, su decisión refleja una preocupación legítima: ¿hasta qué punto los países deben delegar su autoridad a la OMS, una organización que ha demostrado estar influenciada por intereses políticos y corporativos?
La retirada de EE.UU., sumada a la negativa de pagar las cuotas de membresía de 2024 y 2025, podría debilitar la implementación del tratado, pero también pone de manifiesto una resistencia a la centralización del poder.
La vigilancia global: ¿un «Gran Hermano sanitario»?
Uno de los pilares del tratado es la mejora de la vigilancia internacional para detectar pandemias. Esto implica compartir datos sobre patógenos y establecer sistemas de monitoreo global.
En teoría, esto podría ayudar a identificar amenazas de manera más rápida. Pero, en la práctica, abre la puerta a un nivel de control y vigilancia sin precedentes. Las tecnologías de vigilancia, como los pasaportes sanitarios o las aplicaciones de rastreo, se utilizaron durante el COVID-19 para restringir libertades individuales.
Este tratado podría institucionalizar estas prácticas, normalizando un «Gran Hermano sanitario» que controle los movimientos y datos de las personas bajo el pretexto de la salud pública.
Además, la vigilancia global plantea riesgos éticos y de privacidad. ¿Quién controlará los datos compartidos? ¿Cómo se garantizará que no sean utilizados para fines políticos o comerciales? La OMS no tiene un historial impecable en materia de transparencia, y confiarle un sistema de vigilancia global es, cuanto menos, preocupante.
Una narrativa triunfalista que oculta grietas
La OMS y sus defensores han celebrado la aprobación del tratado como «una victoria para la salud pública». El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarado que el acuerdo «protegerá mejor al mundo» frente a futuras pandemias.
Pero esta narrativa triunfalista ignora las críticas de fondo. Las instituciones internacionales tienden a vender soluciones universales que, en la práctica, benefician a unos pocos, ¿verdad, Pfizer? Este tratado, con su falta de compromisos vinculantes y su dependencia de futuras negociaciones, parece más un ejercicio de relaciones públicas que una herramienta efectiva para prevenir pandemias.
Los medios de comunicación, en su mayoría, han «comprado» el discurso oficial. Publicaciones como The Guardian y Reuters han destacado los aspectos positivos del tratado, pero pocos han profundizado en sus limitaciones o en las implicaciones para la soberanía personal y de los países, y la privacidad.
Como periodista, mi deber es ir más allá de los titulares y cuestionar lo que no se dice.
Este tratado no es el fin de las pandemias, sino el comienzo de un nuevo capítulo en el que la ciudadanía debemos estar más alerta que nunca.
Mi recomendación, como siempre, es que nos informemos, cuestionemos y exijamos transparencia. La salud no es un negocio, ni un pretexto para el control desde la burocracia global.
Este tratado puede sonar como una solución, pero sin una vigilancia ciudadana activa y la transformación de las entidades supranacionales, corre el riesgo de convertirse en otra cadena más en la larga lista de imposiciones que hemos visto en los últimos años.