Granada (España) será escenario el próximo mes de marzo del primer juicio contra una multinacional farmacéutica, Boheringer Ingelheim, por filtración de datos personales y de salud de los sistemas públicos sanitarios.
Hace unos cinco años os conté el caso un trabajador de la farmacéutica Boehringer, Rafael Fernández, que ha denunciado formalmente el posible tráfico de datos confidenciales de enfermos de los sistemas sanitarios públicos extremeño y andaluz.
Lo hice en el post ¿Trafican las farmacéuticas con nuestros datos sanitarios confidenciales?
Hay novedades pues va a celebrarse el juicio, al fin.
En él están citados el máximo responsable de Boehringer, Christian Boehringer y el Jefe de Servicio de Inspección Sanitaria en la Consejería de Sanidad de Extremadura, Laureano Marín Lencero.
Por vez primera en España el propietario de una de las multinacionales farmacéuticas más importantes del mundo comparecerá en el Juzgado de lo Social número 2 de Granada el próximo 30 de marzo.
La citación del máximo responsable de Boehringer Ingelheim para “confesión judicial”, la celebración de “los actos de conciliación y juicio en su caso” y la “aportación de todos los medios de prueba de que intente valerse” -tal y como consta en la citación- son por la demanda interpuesta en la vía social por este valiente trabajador.
La citada empresa deberá responder por la supuesta filtración de documentos y datos profesionales, personales y de salud, especialmente protegidos por la ley, que supondría una clara vulneración del derecho fundamental a la intimidad de numerosos pacientes y funcionarios públicos del sistema sanitario (extremeño y andaluz).
La comparecencia de los dos responsables es parte fundamental en el proceso que el trabajador mantiene abierto contra su empresa desde 2017 debido a la recepción continuada en su correo corporativo de imágenes, documentos, datos de pacientes y de unos 350profesionales de la salud.
Un hecho que el trabajador puso inmediatamente en conocimiento de altos responsables de distintos departamentos de la farmacéutica al tratarse de datos especialmente sensibles enviados por directivos comerciales de su empresa.
Foto de Sora Shimazaki.
Pese a la puesta en conocimiento de los hechos a todos estos responsables y también de otras Instituciones, el trabajador sólo recibió contestación del Delegado de Protección de Datos del Sistema Sanitario Público de Andalucía, un simple
actuaremos en consecuencia y que, en cualquier caso, si lo estiman oportuno denuncien las actuaciones ante la jurisdicción penal».
Y eso hizo Fernández, ¡DENUNCIAR!
No se descartan pues actuaciones penales por los daños ocasionados a las partes afectadas por la vulneración de datos personales y profesionales y, en concreto, al trabajador de la empresa, quien ha sufrido por esta circunstancia importantes problemas de salud desde 2017.
Fernández trabajó en la citada empresa farmacéutica durante 30 años. Todo comenzó cuando este empleado, que trabajaba como lobbista de la farmacéutica ante las administraciones sanitarias en Andalucía y Extremadura y se dedicaba a tratar de influir ante políticas que pudieran suponer barreras a los intereses de Boehringer, comenzó a recibir de su empresa documentación «extraída ilícitamente».
Eran documentos y comunicados internos de los servicios autonómicos de Salud de esas regiones, pantallazos de sistemas informáticos con datos de pacientes y de funcionarios públicos, con historias clínicas de pacientes, visados médicos de fármacos, etc.
Lo advirtió a las autoridades sanitarias y lo denunció en los tribunales de Justicia y ha seguido perseverando en todos los procesos.
Seguiremos informando sobre lo que acontezca en ese juicio pues este trabajador nos parece un ejemplo de tenacidad y de claridad de ideas y valores.
