Continuando con el tema de ayer, hoy a quien entrevistan es a la otra persona que este año recibe el premio Eupharlaw-Ibercisalud, el también periodista Íñigo Barreda, fundador y actual presidente del Instituto de Fomento Sanitario
(IFS) y la revista de Actualidad del Derecho Sanitario (ADS). A tener en cuenta la respuesta de este experto en el mundo jurídico y sanitario a la pregunta:
6- ¿Cómo gran conocedor y coprotagonista en cierta medida del mundo jurídico sanitario y farmacéutico de este país cree que las sentencias judiciales han estado siempre a la altura de las verdaderas necesidades en salud que demandan los ciudadanos?
Creo honestamente que no. El balance, salvo honrosas excepciones, es realmente negativo y desolador. En cierto modo, la Justicia -o
sus altas esferas- está politizada y mediatizada por corrientes doctrinales en algunos casos incomprensibles. Existe cierta sensación generalizada entre los magistrados sobre que el daño de salud no es indemnizable por sí mismo, sino sólo si media mala praxis profesional y el paciente es capaz de acreditarlo, algo muy improbable porque no tiene el control de los medios de prueba salvo los resultados de su propia salud afectada, que por sí mismos no son jurídicamente determinantes.Se trata de una visión reduccionista de construcción relativamente reciente que no resuelve el problema y casi siempre obliga al paciente a pasar por un calvario judicial y administrativo empeorando el agravio físico y moral. En países avanzados de nuestro entorno existe mayor sensibilidad sobre esta cuestión y han creado modelos eficaces de aseguramiento de los daños sanitarios soslayando la lenta respuesta de la Justicia, y la pena de banquillo para los profesionales.
Por otra parte, el Tribunal Supremo ha arrinconado la doctrina del daño objetivo, que hasta hace poco permitía indemnizar sin necesidad de probar la culpa. Lo peor de todo es que el criterio culpabilista de la Sala Civil ha sido asumido por los magistrados de lo Contencioso restringiendo el marco jurídico de la responsabilidad de la Administración pública. Los papeles están cambiados, algunas leyes no se aplican por los tribunales -la obligación legal del consentimiento escrito, por ejemplo, en toda intervención quirúrgica o terapéutica que entrañe algún riesgo, es ninguneada judicialmente en muchas ocasiones-, y el problema de las periciales…daría para escribir más de un libro.
El caso Meño ha sido escandaloso y ha conmocionado a la opinión pública. La prueba fue amañada; me da la impresión de que no es el único, la Justicia debería intervenir de oficio para evitarlo. El Legislativo tampoco hace mucho por establecer un marco legal adecuado para mejorar la resolución de la temática de la responsabilidad sanitaria.
Pese a todo ello la situación está cambiando y esa vía es la que algunos perseguimos.
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Etiquetas: Bufete Almodóvar & Jara, Justicia
