Aporofobia: cuando la pobreza convierte a las personas en “invasoras”
La aporofobia es el rechazo, la aversión, el miedo o el desprecio hacia las personas pobres o en situación de vulnerabilidad. El término fue popularizado por la filósofa Adela Cortina para señalar una realidad que a menudo queda oculta detrás de palabras como racismo, xenofobia o rechazo al extranjero: muchas veces no molesta tanto que alguien venga de fuera como que llegue sin dinero, sin poder y sin una capacidad evidente de devolver beneficios.
La crisis humanitaria de Ceuta de este año 2026 ofrece un ejemplo especialmente duro. Los días 30 y 31 de julio se produjo una entrada masiva de personas migrantes en la ciudad autónoma, una situación que las instituciones españolas describieron como extraordinaria y que llevó al Gobierno a aprobar medidas urgentes de apoyo social y económico para Ceuta.
El Real Decreto-ley 22/2026 reconoce la alteración del funcionamiento ordinario de las administraciones y de los servicios esenciales, así como la declaración previa de una situación de interés para la seguridad nacional.
No se trata de restar importancia a la presión que una llegada numerosa puede ejercer sobre los servicios de acogida, la protección de menores o la convivencia. Se trata de mirar qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos concretos y pasan a ser descritas como una masa amenazante.
En ese desplazamiento del lenguaje aparece la aporofobia: quienes llegan pobres son presentados como “invasores”, mientras que quienes llegan con dinero suelen ser recibidos como inversores, clientes, residentes deseables o ciudadanos cosmopolitas.
Qué significa aporofobia
La palabra procede de las raíces griegas áporos, que alude a quien carece de recursos, y fóbos, miedo o rechazo. No describe simplemente la incomodidad ante una situación de pobreza. Señala una actitud social y política que atribuye a las personas pobres menos valor, menos legitimidad y menos derechos.
La aporofobia puede expresarse mediante insultos y agresiones, pero también a través de decisiones aparentemente neutrales. Está presente cuando se criminaliza a quien duerme en la calle, cuando se considera sospechosa a una familia que solicita una ayuda, cuando se presenta a las personas migrantes como beneficiarias abusivas de servicios públicos o cuando se diseñan espacios urbanos para impedir que los utilicen quienes no tienen vivienda.
También aparece en la manera de hablar. Una persona con dinero que llega desde otro país es “extranjera”, “expatriada”, “inversora” o “residente internacional”. Una persona pobre que cruza una frontera puede ser definida como “irregular”, “avalancha”, “presión migratoria” o “invasor”.
Las palabras no son inocentes: determinan qué emociones despierta cada grupo y qué respuestas políticas parecen aceptables.
La pregunta esencial es incómoda: ¿rechazamos a las personas por su origen o las rechazamos porque creemos que no tienen nada que ofrecernos? Si una persona extranjera es bienvenida cuando compra una vivienda de lujo, abre una empresa o consume en un destino turístico, pero resulta indeseable cuando pide protección o busca trabajo, el problema no puede explicarse únicamente por la nacionalidad.
Ceuta como ejemplo actual
La crisis de Ceuta de 2026 permite observar cómo se cruzan frontera, pobreza y percepción de amenaza. Según la normativa aprobada tras los acontecimientos, la entrada masiva de finales de julio generó una presión extraordinaria sobre los sistemas de control fronterizo, identificación, acogida, protección de menores y atención humanitaria.
La respuesta institucional incluyó recursos para la acogida, la atención a menores, la seguridad y el refuerzo de los servicios esenciales.
La magnitud del episodio explica que exista preocupación en la ciudad. Las administraciones tienen la obligación de organizar los recursos y garantizar la convivencia. Pero reconocer esa dificultad no obliga a utilizar un lenguaje que deshumanice a quienes llegaron.
Una emergencia de gestión no puede convertirse en una autorización para tratar a todas las personas migrantes como una amenaza homogénea.
Durante septiembre, las informaciones sobre Ceuta han hablado de miles de personas que continúan en la ciudad, con cifras diferentes según la institución y el momento. Algunas permanecen en recursos habilitados; otras, según las estimaciones publicadas, estarían en calles, montes o playas.
También se ha informado de expedientes de devolución y de la situación específica de los menores no acompañados. Detrás de esas cifras hay niños, adolescentes, familias y adultos con historias distintas. La cifra puede ser necesaria para planificar una respuesta, pero nunca debería sustituir a las personas.
Llamarlos “invasores” simplifica una realidad compleja y convierte la vulnerabilidad en culpabilidad. Quien llega sin recursos no está necesariamente intentando conquistar nada. Puede estar huyendo, buscando trabajo, tratando de reunirse con su familia o intentando acceder a una vida segura.
La frontera puede exigir procedimientos, pero no debería borrar la humanidad de quien la cruza.
El rico siempre parece bienvenido
La desigualdad en la recepción de extranjeros se aprecia con claridad cuando se compara la movilidad de las personas ricas con la de quienes carecen de recursos. Los grandes inversores internacionales son cortejados por gobiernos y ciudades. Se organizan ferias, programas de atracción de capital, ventajas fiscales y campañas dirigidas a personas con capacidad de compra.
Cuando llega un inversor, su presencia se vincula al empleo y al crecimiento. Cuando compra varias viviendas, se habla de dinamización del mercado, aunque esa operación pueda contribuir a encarecer el alquiler para quienes viven allí.
Cuando un visitante con alto poder adquisitivo ocupa espacio, consume recursos o transforma un barrio, rara vez se utiliza el vocabulario de la invasión.
La persona pobre recibe un tratamiento opuesto. Su llegada se interpreta como coste. Antes de conocerla, se calcula cuánto puede necesitar de los servicios públicos. Se presupone que será una carga para la sanidad, la educación o las ayudas sociales. El rico es imaginado como alguien que aporta; el pobre, como alguien que resta.
Esta diferencia revela que la hospitalidad no se distribuye de manera igual. No se abren las puertas exclusivamente a los extranjeros; se abren a determinados extranjeros, especialmente a quienes pueden participar en el circuito económico como consumidores, propietarios o inversores.
España y la pobreza visible
En España, la aporofobia no se limita a las fronteras. Puede verse en la relación cotidiana con las personas sin hogar. Muchas ciudades han instalado bancos con separadores, superficies inclinadas o elementos que dificultan tumbarse. Estas medidas no eliminan la pobreza: solo intentan hacerla menos visible para quienes pasan por el espacio público.
El problema se presenta entonces como una cuestión de orden y limpieza, no como una vulneración del derecho a la vivienda. La persona que duerme en un portal es tratada como una molestia; el portal vacío parece tener más legitimidad que el cuerpo que necesita refugio.
También sufren aporofobia las familias que pierden su vivienda, las personas que dependen de una prestación, quienes tienen empleos precarios y quienes viven en barrios estigmatizados. Se las acusa de no esforzarse, de abusar del sistema o de vivir de los demás, aunque muchas sostengan con su trabajo sectores esenciales.
La paradoja es evidente: se acepta a la persona pobre cuando limpia, cuida, transporta, cosecha o sirve, pero se cuestiona su presencia cuando reclama descanso, vivienda, protección o derechos. Su trabajo puede resultar imprescindible y, al mismo tiempo, su vida ser considerada prescindible.
El lenguaje de la invasión
La palabra invasión tiene una fuerte carga militar. Evoca un territorio atacado por un enemigo organizado. Aplicarla a la llegada de personas empobrecidas transforma una situación social en una escena bélica. Ya no se perciben individuos con necesidades distintas, sino un cuerpo colectivo que debe ser detenido.
Ese lenguaje produce varios efectos. En primer lugar, borra las causas de la movilidad. No vemos guerras, desigualdad, falta de oportunidades o persecuciones; solo vemos el momento de llegada. En segundo lugar, reduce las opciones políticas: si hay una invasión, parece que solo caben la defensa y el rechazo. En tercer lugar, presenta la solidaridad como ingenuidad o traición.
No significa que toda crítica a la política migratoria sea aporófoba. Es legítimo debatir sobre la gestión de las fronteras, los procedimientos de protección internacional, la distribución de recursos o la responsabilidad de las instituciones. La línea se cruza cuando se atribuye una amenaza esencial a las personas por su pobreza, su origen o su situación administrativa.
Podemos hablar de dificultades sin convertir a quienes las padecen en enemigos. Podemos reclamar una gestión eficaz sin negar derechos. Podemos denunciar la falta de recursos sin aceptar que la solución sea deshumanizar a los recién llegados.
Ejemplos más allá de España
La aporofobia aparece en muchos lugares del mundo. En Estados Unidos, las personas migrantes con dinero pueden acceder a determinados programas de residencia mediante inversión, mientras que quienes cruzan sin recursos son descritas como una amenaza para la seguridad.
En algunos países europeos, los trabajadores altamente cualificados reciben campañas de bienvenida, mientras que quienes solicitan asilo son confinados, rechazados o sometidos a largos procedimientos.
En ciudades globales como Londres, París, Dubái o Nueva York, los residentes ricos procedentes del extranjero pueden comprar propiedades y vivir en comunidades exclusivas. Su movilidad se asocia con éxito y modernidad.
Al mismo tiempo, las personas pobres que llegan para trabajar en la construcción, el servicio doméstico o los cuidados pueden quedar atrapadas en situaciones de explotación y ser consideradas reemplazables.
La contradicción se repite: la economía necesita mano de obra migrante, pero la sociedad no siempre acepta a quienes la proporcionan. Se desea el trabajo de la persona, pero no su plena pertenencia. Se consumen los servicios que presta, pero se cuestiona que tenga derechos laborales, vivienda digna o participación política.
En los países afectados por desplazamientos climáticos, además, las personas que pierden sus hogares pueden ser descritas como una “carga” internacional. La pobreza vuelve a interpretarse como una amenaza, aunque muchas veces sea consecuencia de decisiones económicas, conflictos o emisiones generadas por sociedades mucho más ricas.
Una sociedad que mide la dignidad
La aporofobia nace de una idea profundamente injusta: que la dignidad depende de la utilidad. Según esa lógica, merece ser acogido quien puede devolver algo y merece ser rechazado quien necesita ayuda. La persona se convierte en una inversión; la solidaridad, en una transacción.
Pero los derechos no deberían depender de la rentabilidad. Nadie debería tener que demostrar que aportará al producto interior bruto para ser tratado con respeto. Una democracia no puede aceptar que el dinero funcione como un pasaporte moral.
Combatir la aporofobia exige revisar nuestras palabras y nuestras políticas. Hace falta dejar de presentar grupos enteros como masas amenazantes, escuchar las historias individuales y garantizar que la protección de las fronteras no implique la suspensión de los derechos humanos.
También hace falta invertir en vivienda, servicios sociales, salud, educación y acogida, no para favorecer a unas personas frente a otras, sino para reducir la precariedad que alimenta el miedo.
La crisis de Ceuta de 2026 no debería servir para enfrentar a la población local con quienes llegaron. Debería obligarnos a preguntar por qué una emergencia humanitaria termina convirtiéndose con tanta rapidez en una batalla entre “nosotros” y “ellos”.
Y, sobre todo, por qué la respuesta social cambia tanto cuando quienes cruzan una frontera llevan dinero en lugar de necesidad.
Los ricos suelen ser bienvenidos porque se espera que aporten beneficios. Los pobres son tratados como invasores porque se teme que necesiten algo. Esa diferencia no es natural ni inevitable: es una decisión social. Y, precisamente por eso, puede cambiarse.