El brote de peste porcina y la hipótesis de fuga de laboratorio que el propio Ministerio de Agricultura no se atreve a nombrar del todo
Hay notas oficiales que parecen escritas para calmar, y otras que, al leerlas despacio, hacen justo lo contrario. El comunicado del Ministerio de Agricultura sobre el brote de peste porcina africana (PPA) en Cataluña pertenece claramente al segundo grupo: en la superficie transmite control y prudencia; en el detalle abre una caja de preguntas sobre bioseguridad, responsabilidades y opacidad institucional que no se resuelven con el clásico “confianza en el sistema”.
El relato oficial arranca con dos jabalíes muertos en el entorno del parque de Collserola, a las puertas del área metropolitana de Barcelona. Las muestras viajan al laboratorio de referencia de la Unión Europea para PPA, el CISA‑INIA, donde se secuencia el virus y se compara con los genomas que circulan en otros países europeos.
El resultado es cualquier cosa menos banal: el material genético “sugiere” que el virus desciende de la cepa Georgia 2007, la misma que provocó la gran ola de PPA que todavía golpea al continente.
Hasta aquí, se podría pensar en un episodio más de una epidemia que se expande. Pero el propio Ministerio añade un dato que cambia por completo el tablero: esa cepa Georgia 2007 es, hoy, un virus de referencia, utilizado de forma habitual en infecciones experimentales y ensayos de vacunas dentro de instalaciones de confinamiento biológico.
Es decir, no es solo el virus “histórico” de un brote lejano; es el virus con el que trabajan a diario los laboratorios que pinchan a cerdos sanos para estudiar la enfermedad y probar candidatos vacunales.
Y entonces llega la frase clave, la que debería haber marcado el tono de toda la comunicación posterior: el hallazgo de un virus similar al que circuló en Georgia 2007 “no excluye” que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico.
Al mismo tiempo, el Ministerio constata que el virus detectado en Cataluña no se parece a los que hoy circulan en países del entorno, y que por tanto existe “la posibilidad de que el origen del virus no se encuentre en animales o productos de origen animal”.
Traducido del lenguaje neutro al comprensible: no cuadra con un salto “natural” desde fauna o ganado que venga de fuera; encaja mejor con algo que ha salido de un sitio donde se manipula el virus bajo llave.
No se descarta el origen en el laboratorio
La conclusión administrativa de ese análisis es contundente, aunque se presente con fórmulas suaves. Agricultura abre una investigación específica sobre el origen del brote “sin descartar” que pueda proceder de un laboratorio y traslada al Seprona de la Guardia Civil la “necesidad” de investigar los hechos.
A su vez, la Generalitat pone en marcha una auditoría de las instalaciones señaladas, con la coordinación logística del propio instituto que está en el centro de la sospecha, el IRTA‑CReSA. No se trata de una especulación de redes sociales, sino de un circuito institucional activado a partir de un informe científico de referencia.
En paralelo, varios medios aportan un dato que hace más incómoda la lectura: el primer jabalí infectado apareció a pocos cientos de metros de un centro de investigación que trabaja, precisamente, con la cepa Georgia 2007 y que semanas antes había publicado experimentos en los que se inoculaba el virus a cerdos en dosis altas.
La proximidad geográfica no prueba nada por sí sola, pero si se suma a la coincidencia genética y al reconocimiento oficial de que el patrón del virus no encaja con las variantes de campo actuales, la hipótesis de fuga deja de ser un delirio para convertirse en una posibilidad razonable que exige ser investigada con rigor y sin prejuicios.
Sin embargo, mientras la cadena formal se activa, el discurso público toma otro camino. En tertulias, redes y declaraciones de expertos vinculados a centros académicos se repite una idea: hablar de fuga de laboratorio es alimentar conspiraciones, sembrar pánico en el sector porcino y dar munición a quienes desconfían de la ciencia.
La contradicción ya no es solo técnica, sino narrativa: el mismo Estado que instruye diligencias para aclarar si el virus ha podido “salir” de una instalación de biocontención genera, a través de portavoces y altavoces, la sensación de que plantear esa posibilidad es poco menos que un acto de irresponsabilidad.
En este punto conviene recordar un principio básico de la comunicación de riesgos: no se protege a una institución negando de entrada las preguntas que su propia documentación oficial legitima. Se la protege investigando a fondo, definiendo responsabilidades si las hubiera y explicando con transparencia qué ha fallado y qué se va a corregir.
La pandemia de Covid-19 está demasiado cerca
La experiencia reciente con la pandemia de COVID‑19 ha dejado un poso de desconfianza precisamente porque demasiadas veces se confundió “mensajes tranquilizadores” con “ocultar incertidumbres o conflictos de interés”. Repetir el patrón con un patógeno animal de alto impacto económico sería, además de poco honesto, estratégicamente torpe.
Otro elemento llamativo es quién coordina la auditoría encargada por la Generalitat: el propio director del instituto bajo sospecha, y lo hace con el argumento de que “se necesita a alguien de dentro” para explicar procedimientos e instalaciones a los miembros del comité.
Es comprensible que se requiera conocimiento interno para entender la arquitectura y la operativa de un centro de alto nivel de contención; lo que resulta problemático es que ese mismo actor tenga un papel tan central en el diseño de la investigación sobre un posible fallo de su casa.
La independencia real y percibida de la auditoría queda, como mínimo, en entredicho.
En medio de este juego de equilibrios, el mensaje que sí se enfatiza sin matices es que la PPA no afecta a las personas y que el consumo de carne es seguro siempre que proceda de canales controlados.
Es un dato importante que conviene subrayar para evitar alarmas injustificadas, pero que no debería servir como cortina de humo sobre el aspecto nuclear del caso: si un virus manipulable en laboratorio ha podido escapar por deficiencias en la biocontención, el problema no es el plato del consumidor hoy, sino la credibilidad y seguridad de un modelo de investigación que asume riesgos en nombre del bien común.
La pregunta que late detrás de todo esto es simple y a la vez incómoda: ¿qué pasa si se confirma que el brote se originó en un laboratorio? ¿Quién responde ante los ganaderos que se verán obligados a sacrificar animales, ante las pérdidas económicas del sector, ante el impacto ambiental en fauna silvestre y ante la erosión de confianza en las instituciones científicas y políticas?
La nota del Ministerio, tal como está redactada, no entra ahí; se limita a describir el marco europeo que obliga a investigar el origen y a activar mecanismos de control. Pero sin un debate público sobre responsabilidades, la sensación de impunidad técnica y política está servida.
En este vacío prosperan lecturas muy distintas. Desde quienes ven en cualquier laboratorio un enemigo a abatir hasta quienes, en el extremo contrario, blindan a los centros de investigación detrás de un relato de infalibilidad que la realidad desmiente una y otra vez.
Entre ambos extremos, hay un espacio para una crítica informada que reconozca el valor del conocimiento científico y, precisamente por eso, exija que se practique con estándares mucho más altos de transparencia, independencia de los evaluadores y rendición de cuentas cuando las cosas salen mal.
El caso de la PPA en Cataluña condensa muchas de las tensiones de este tiempo: la expansión de la investigación con patógenos de alto riesgo, la creciente integración entre intereses públicos y privados en los centros que los manejan, la tentación de gestionar la opinión pública a golpe de eslogan tranquilizador y la resistencia de una ciudadanía que ya ha visto demasiadas veces cómo las versiones oficiales se iban corrigiendo a medida que aparecían documentos, testimonios o datos que alguien habría preferido mantener en la sombra.
Aceptar lo que la nota del Ministerio dice –no lo que algunos pretenden que diga– es el primer paso para evitar que la discusión se deslice hacia el terreno del ruido.
Si el propio comunicado reconoce que no se puede excluir la hipótesis de fuga de laboratorio y que el virus detectado no se parece a los que viajan hoy por los circuitos naturales conocidos, cualquier intento de censurar esa línea de preguntas no es defensa de la ciencia, sino defensa de una narrativa oficial que ya nace agrietada.
Y las narrativas agrietadas, como se sabe, acaban cediendo por el punto más débil: la confianza.