La industria tabacalera sigue ganando terreno en su asedio a las políticas de salud pública
El nuevo Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera 2025, elaborado por la red internacional STOP y el Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco (GGTC), pone al descubierto una realidad que debería escandalizar a cualquier sociedad democrática: las empresas tabacaleras están ganando terreno en su asedio a las políticas de salud pública.
Según el informe, los esfuerzos de los Gobiernos para resistir las presiones de este lobby se deterioraron en 46 países respecto al pasado informe de 2023. El documento, que evalúa a 100 Estados, demuestra que la interferencia corporativa no solo persiste, sino que se refina con estrategias cada vez más sofisticadas, aprovechando vacíos legales y complicidades políticas.
La fotografía que ofrece el estudio es inquietante: mientras organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) siguen reclamando la aplicación estricta del artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco -que prohíbe al sector privado influir en el diseño de las políticas de salud-, las principales multinacionales del tabaco actúan con una impunidad casi absoluta.
El informe señala a los Gobiernos como la parte más débil del engranaje. En demasiados casos, los funcionarios públicos son receptores complacientes de viajes de lujo, promesas de inversión o campañas de “responsabilidad social” que maquillan el verdadero rostro de una industria cuyo negocio depende de la adicción y la muerte prematura de millones de consumidores. Mary Assunta, directora de investigación del GGTC, sintetiza el panorama con una frase demoledora: “Si esto es lo que se informa públicamente, ¿qué estará sucediendo a puerta cerrada?”.
Un índice que mide el pulso del poder corporativo
El Índice Global nació en 2019 con un propósito claro: evaluar cómo los Gobiernos se enfrentan -o se rinden- ante las presiones tabacaleras. Cada país recibe una puntuación del 1 al 5, siendo 5 el máximo nivel de interferencia.
La edición 2025 amplía el análisis a 100 países, con datos recabados por organizaciones civiles que documentan interacciones sospechosas, conflictos de interés, legislación influenciada por la industria y el acceso privilegiado de las corporaciones a funcionarios de alto rango.
Los resultados son ilustrativos del doble rasero mundial. Brunéi, Palaos, Botsuana, Finlandia, los Países Bajos y Etiopía encabezan la lista de las naciones que mejor resisten la influencia. En el extremo opuesto figuran República Dominicana, Suiza, Estados Unidos, Georgia y Japón, países donde el poder corporativo de la industria se encuentra más arraigado.
Más alarmante aún es la regresión en países que antes eran referentes. Nueva Zelanda, por ejemplo, cayó del segundo puesto en 2023 al 53 en 2025. El cambio de rumbo político, que revirtió leyes pioneras para eliminar gradualmente la venta de tabaco, ha sido interpretado por el sector como un permiso para redoblar su ofensiva.
Camboya, Nicaragua, Francia y Filipinas también presentan deterioros significativos. Por el contrario, Uruguay, que en 2023 vivió un retroceso temporal, se recupera de forma ejemplar al blindar sus políticas frente a la infiltración tabacalera. Su caso confirma que la voluntad política es el factor decisivo cuando se trata de resistir.
El lobby del humo se viste de verde
La industria ha aprendido a camuflar su influencia. Cuando las campañas de “responsabilidad social corporativa” comenzaron a ser cuestionadas y restringidas, surgió una nueva narrativa: la “sostenibilidad”.
Este rebranding ha permitido a las empresas presentarse como aliadas ambientales mientras continúan devastando hábitats y generando residuos tóxicos mediante sus cadenas de producción. La maniobra no es nueva: transformar el discurso público para mantener intacto el núcleo del negocio.
En paralelo, las empresas han diversificado su portafolio de adicciones. Además de los cigarrillos tradicionales, promueven agresivamente productos de “riesgo reducido”: cigarrillos electrónicos, tabacos calentados y bolsitas de nicotina.
El informe documenta un preocupante fenómeno de puertas giratorias entre gobiernos y corporaciones. En 22 países -entre ellos Brasil, Colombia, Pakistán y Estados Unidos- altos cargos públicos pasaron a trabajar directamente para empresas tabacaleras.
En otros, la infiltración fue en sentido inverso: ejecutivos de compañías como Philip Morris o British American Tobacco obtuvieron puestos dentro de ministerios o agencias de salud.
En Bangladesh, la República Democrática del Congo, Jordania, Sri Lanka y Túnez se detectaron casos aún más graves: funcionarios que ejercieron simultáneamente funciones públicas y privadas en el sector.
Estos conflictos de intereses desnudan la debilidad institucional ante el poder económico, y evidencian por qué tantas leyes antitabaco se estancan o diluyen.
El impacto de estas relaciones es tangible. En 14 países, parlamentarios presentaron o respaldaron leyes diseñadas a favor de la industria. En otros 10, las grandes compañías consiguieron retrasar la aprobación de normas básicas, como la prohibición de fumar en espacios cerrados o el aumento de los impuestos.
Argentina, Polonia o Ucrania, entre otros, aparecen como ejemplos de gobiernos que evitaron tocar la fiscalidad del tabaco. La erosión del interés público es una constante que atraviesa fronteras e ideologías.
De los despachos a los viajes de lujo
El informe detalla una red internacional de favores y hospitalidad pagada. Philip Morris International financió viajes de legisladores y ministros de países como Brasil, Finlandia, Mozambique y el Reino Unido a sus instalaciones en Suiza e Italia.
Después de esos encuentros, algunos de los políticos participantes impulsaron reformas que coincidían con las prioridades del lobby: desde la legalización de los cigarrillos electrónicos en Brasil hasta la oposición a elevar la edad mínima de compra en Dinamarca.
El desfile de altos mandatarios que prestan su imagen a estas corporaciones resulta igualmente elocuente. Presidentes, primeros ministros e incluso cónyuges presidenciales han acudido a eventos de inauguración o aniversarios industriales.
En Filipinas, la primera dama encabezó la apertura de una nueva fábrica de Philip Morris; en Pakistán, el primer ministro aprobó una modificación legal propuesta por British American Tobacco.
Esta connivencia pública desmitifica la idea de que los intereses privados solo operan en la sombra: cada foto, cada discurso de apoyo, es una herramienta de legitimación ante la opinión pública.
Dónde el poder político decide resistir
Aunque el panorama es sombrío, el estudio muestra destellos de esperanza. Uruguay demuestra que es posible revertir el deterioro mediante una estrategia clara: transparencia total, exclusión de la industria en los procesos de formulación de políticas y apoyo al trabajo de las organizaciones civiles.
Palaos, Maldivas o Etiopía también obtienen buenos resultados porque sus gobiernos han comprendido que la salud pública no puede negociarse con las tabacaleras.
El contraste entre países ricos y pobres desmonta un mito frecuente. Las naciones con menores recursos, pero con voluntad política, logran blindarse mejor frente a la interferencia que economías desarrolladas donde el lobby mantiene poderosos tentáculos.
Según los responsables del informe, la resistencia no depende del nivel de ingresos, sino de la integridad institucional.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco, adoptado por la Organización Mundial de la Salud en 2003 y ratificado por más de 180 países, obliga a los Estados firmantes a proteger sus políticas de salud de la influencia de intereses comerciales.
Sin embargo, el Índice 2025 revela un incumplimiento estructural de este principio. Muchos Gobiernos no solo permiten la interferencia sino que cooperan activamente con ella.
La desobediencia al artículo 5.3 no es una cuestión técnica sino política: cada interacción no transparente con el sector privado debilita la credibilidad del sistema internacional de salud. En su análisis, Jorge Alday, director de STOP, lo resume con claridad:
«La industria siempre actuará en su propio interés en detrimento del bien público”. La frase podría servir de epitafio para dos décadas de compromisos incumplidos.
Una de las estrategias más efectivas del lobby consiste en presentarse como generador de empleo o motor fiscal. En contextos de crisis económica o de necesidad de inversión extranjera, estas promesas resultan irresistibles.
Sin embargo, diversos estudios independientes muestran que las ganancias económicas del tabaco se compensan con creces por los costes sanitarios, la pérdida de productividad y los daños ambientales asociados a su producción.
El informe de STOP denuncia que estas narrativas de “progreso” se utilizan para condicionar leyes o pactos con ministerios de economía y comercio pasando por encima de las autoridades sanitarias, que quedan marginadas del debate. Así, la interferencia no solo compromete la salud individual sino también la soberanía política de los Estados.
El papel crucial de la sociedad civil
Frente a esta maquinaria global, las organizaciones de la sociedad civil se erigen como el último dique de contención. Son ellas quienes documentan los abusos, denuncian la opacidad y presionan por la transparencia. STOP, el GGTC y las redes locales que colaboran en el Índice desempeñan una función de vigilancia ciudadana sin la cual gran parte de la interferencia permanecería invisible.
El informe subraya que la independencia de estos grupos es esencial. Allí donde organizaciones civiles fuertes supervisan la relación entre gobierno e industria, los niveles de interferencia se reducen notablemente. Cuando se las sofoca o se les recortan recursos, el lobby actúa sin obstáculos.
Más allá de la cuestión sanitaria -decenas de millones de muertes anuales por enfermedades asociadas al consumo de tabaco-, la interferencia tabacalera constituye una amenaza directa a la democracia.
Cuando los intereses económicos dictan la orientación de las políticas públicas, la representación ciudadana se vacía de contenido.
El Índice 2025 es algo más que una medición estadística: es un termómetro de la salud ética de los Estados. Allí donde prospera la interferencia, la transparencia se debilita, la corrupción encuentra refugio y la legislación se inclina al servicio de los poderosos.
El informe concluye con una llamada a la acción clara: todos los niveles de gobierno, desde los municipios hasta los parlamentos nacionales, deben asumir su responsabilidad. Ello implica publicar toda interacción con el sector, establecer mecanismos de rendición de cuentas y garantizar que las políticas de salud se formulen sin la participación del negocio del tabaco.