Vapeo, nuevas prohibiciones y multas a padres: radiografía de la Ley Antitabaco de 2025
La lucha contra el tabaquismo da un nuevo giro en España. El Gobierno ha propuesto una actualización de la ley que no solo endurece las restricciones al tabaco convencional, sino que también pone en el punto de mira a los vapeadores y afines.
Con tonos de cruzada moral, el Ministerio de Sanidad busca coser todas las “lagunas” legales de años pasados, promoviendo tanto la persecución del consumo, especialmente en menores, como la vía sanitaria para la cesación tabáquica.
Pero, ¿es todo tan simple como parece? ¿Se apoya en la mejor evidencia? Y lo más importante, ¿a quién beneficia realmente esta ofensiva legal? Esta crónica explora los claroscuros, contradicciones y focos de interés oculto de la nueva Ley Antitabaco.
Más restricciones: todo menos fumar (y vapear)
El anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros (que se encuentra en fase de audiencia pública) introduce una batería de restricciones que afectan tanto al tabaco clásico como a los nuevos productos (vapeadores, bolsas de nicotina, cigarrillos electrónicos, calentados…).
Como llevo un tiempo publicando, no es lo mismo el tabaco tradicional que su alternativa para que muchas personas puedan dejar este, el vapeo. Y está restringiéndose este sin evidencia científica ni escuchar a sus usuarios, que suelen personas que huyen del tabaco clásico.
Ahora, las terrazas de bares, los campus universitarios, las piscinas, recintos infantiles y hasta las marquesinas de autobuses pasan a ser espacios libres de humo y vapor. El tabaco -en cualquiera de sus formas- ya no tiene lugar en la vida pública española. El mensaje es claro: no se debe tolerar ni el humo ni la apariencia de “humo” en ningún entorno social relevante.
El texto blinda, asimismo, la prohibición de venta y consumo a menores de edad, algo lógico en términos de salud, pero que ahora conlleva una multa de 100 hasta 600 euros para los padres o tutores si sus hijos son sorprendidos fumando o vapeando.
La responsabilidad subsidiaria se convierte en una sanción directa, una novedad que responsabiliza más al entorno familiar que al menor en sí.
En el caso de recintos o negocios, si se incumple reiteradamente la prohibición de fumar o vapear en el espacio, la multa asciende drásticamente: de 601 a 10.000 euros en las denominadas infracciones graves y hasta 600.000 euros en casos muy graves.
La ley también prohíbe promociones, patrocinios y toda forma de publicidad directa o indirecta de estos productos. Así, el “modelo sin humo” avanza a golpe de prohibición y multa.
Vapeadores y “bolsitas” de nicotina: objetivo número uno
El Gobierno -y especialmente la ministra de Sanidad, Mónica García– ha insistido en que los cigarrillos electrónicos y vapeadores son versátiles “caballos de Troya” de la industria tabaquera, especialmente agresivos con los adolescentes.
Por eso, en la nueva regulación, los equipara íntegramente al tabaco en cuanto a restricciones de uso y sanciones.
Pero la ofensiva va más allá de limitar el acceso a los menores: la ley plantea prohibir todos los sabores excepto el aroma de tabaco en los vapeadores, con la justificación de que los sabores frutales o dulces facilitan la entrada de los jóvenes a su consumo.
Aquí no hay distinción entre el tabaco tradicional y su alternativa electrónica: todos son calificados de veneno, y el “olor a fresa” pasa a ser prueba pericial de peligrosidad social (bien es cierto que suelen estar elaborados con productos químicos que pueden ser también tóxicos).
Se limita además el contenido de nicotina en las “bolsitas” y se impone el empaquetado genérico -sin colores ni diseños diferenciadores- para igualar la percepción de riesgo en ambos productos. Todos los dispositivos, incluso los que carecen de nicotina, estarán obligados a incluir advertencias sanitarias e información escrita sobre sus riesgos.
¿Ciencia o cruzada moral?
El relato hegemónico del Ministerio es que se “protege la salud pública”, sobre todo de la infancia y adolescencia. Sin embargo, organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han puesto en entredicho la base científica y la proporcionalidad de estas políticas.
¿Existe, de verdad, consenso sobre el daño relativo del vapeo comparado con el tabaco convencional? ¿Y qué efectos tendrán las restricciones más estrictas sobre la gente que usa el vapeo precisamente para dejar de fumar, en vez de perpetuarse en el hábito tabáquico convencional?.
Según la CNMC, la prohibición de sabores no solo carece de suficiente respaldo empírico sino que podría dificultar la transición de fumadores “duros” hacia alternativas menos nocivas.
Es más, la uniformidad de los envases puede limitar la innovación y generar barreras innecesarias que consolidan el oligopolio de las grandes compañías en detrimento de pequeños productores y de las propias personas que buscan abandonar el tabaco.
Todo se adereza con periodos de adaptación breves -diez meses para fabricantes, doce para vendedores- que, en palabras de los críticos, favorecen precisamente a quienes ya dominan el mercado, esas multinacionales que han sabido adaptarse históricamente a todas las vueltas de tuerca legislativa.
Vapeo: ¿solución en transición o chivo expiatorio?
Desde hace años, el vapeo ha sido presentado por sus defensores –y por no pocos estudios– como una herramienta útil en la reducción del daño, especialmente para personas que llevan décadas atrapadas en el círculo del tabaquismo.
No ideal, pero significativamente menos tóxico que el cigarro tradicional, según sostienen tanto asociaciones de usuarios como algunos científicos.
Sin embargo, la nueva ley sitúa al vapeador y sus usuarios como enemigos públicos a la altura (o peor) de los fumadores clásicos. Se les persigue, se dificultan las vías de acceso y, en muchos discursos mediáticos -amplificados por la ministra García y buena parte del establishment sanitario- se asocian directamente con el “veneno” y la “epidemia adolescente”. ¿Alternativa real para dejar de fumar, o chivo expiatorio de una cruzada política y mediática?
Estamos -una vez más- ante una guerra abierta en la que la Big Tobacco y la Big Pharma presionan para proteger sus mercados. A la industria tabacalera le incomoda que la gente logre dejar el cigarro gracias al vapeo, mientras que a la industria farmacéutica tampoco le interesa que el vapeador haga sombra a su lucrativo (y PELIGROSO) catálogo de “medicamentos para dejar de fumar”.
El vapeo, ese terreno incómodo donde la eficacia y la evidencia aún se abren paso entre prejuicios, lobbies e intereses encontrados.
El nuevo frente de la cesación tabáquica
Un aspecto poco comentado en los titulares, pero central en la nueva ley, es la apelación directa al sistema sanitario público para potenciar la cesación tabáquica. El anteproyecto contempla, teóricamente, que atención primaria impulse y facilite el abandono del tabaco, incorporando programas y fármacos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. El acceso, hoy por hoy, es aún limitado y sujeto a “prioridades” que define el Consejo Interterritorial.
En principio, esta línea podría ser positiva: mayor apoyo desde la sanidad pública a quienes buscan dejar de fumar. Pero hay muchas dudas sobre las prioridades reales (¿quién accede primero?), la financiación de los tratamientos y la eficacia de fármacos que no están exentos de peligros o efectos secundarios graves, tal y como muestro en ese último enlace.
En definitiva: bien por dar opciones, pero ¿por qué despreciar de entrada la reducción de daño (vapeo, progresión hacia menos tóxico) en beneficio exclusivo de la vía farmacológica?
El frente social y el debate abierto
El anteproyecto está abierto a aportaciones públicas hasta finales de septiembre. En este tiempo se espera que asociaciones de vapeadores, sociedades científicas, asociaciones de padres e incluso economistas y expertos en derechos ciudadanos remitan sus alegaciones.
Está claro que la sociedad civil -al menos parte de ella- ve con recelo la extensión ilimitada del paternalismo regulatorio. Mientras tanto, decenas de miles de personas seguirán buscando la forma menos dañina de salir del tabaquismo a pesar de las trabas legislativas y morales.
¿No sería más sensato un debate menos polarizado, más apegado a la evidencia real y menos condicionado por la presión de lobbies y titulares altisonantes? ¿Dónde queda la autonomía personal y la responsabilidad compartida frente a los riesgos, en vez de castigar por igual a innovadores tecnológicos, familias y pequeños comerciantes?
La nueva Ley Antitabaco representa la última ofensiva “por la salud pública” en España, pero corre el riesgo de quedarse en un producto inacabado: eficaz si de restringir o multar se trata, limitada si lo que se pretende es acompañar sensatamente la salida del tabaco por vías menos tóxicas y más adaptadas a la realidad social.
El vapeo, una vez más, entre el paredón regulatorio, la polémica, la propaganda y el olvido institucional. Como tantas veces, quedamos a la espera de que la política sanitaria sea, realmente, más medicina y menos economía -más ciencia y menos moralina- en defensa de la salud y los derechos colectivos.
