Dos fallecidos por un error en la preparación de medicamentos oncológicos y el eco de negligencias pasadas
En el mundo de la sanidad pública española, donde los recortes presupuestarios y la sobrecarga laboral se han convertido en norma, los errores humanos no son solo anécdotas aisladas, sino síntomas de un sistema al borde del colapso.
El reciente incidente en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) es un doloroso recordatorio de ello. Dos personas con cáncer han perdido la vida debido a un fallo en la preparación de su medicación, un error que ha afectado a un total de cinco pacientes y que ha desatado una oleada de indignación y demandas de responsabilidad.
Como periodista especializado en salud y ecología, he seguido durante años casos similares que revelan patrones alarmantes: negligencias que se repiten, investigaciones que se dilatan y, en muchos casos, sentencias judiciales que llegan tarde, si es que llegan.
En este post, analizaremos en profundidad lo ocurrido en Burgos, contextualizándolo con otros episodios análogos en España, y examinaremos si ha habido avances judiciales en este tipo de tragedias.
El incidente en Burgos: Un fallo puntual con consecuencias fatales
Todo comenzó durante las fiestas navideñas de 2025, un periodo en el que los hospitales operan con personal reducido y bajo presión extrema. Según informes oficiales de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, cinco pacientes con cáncer recibieron un preparado farmacológico defectuoso en el servicio de Oncología del HUBU.
El error, calificado como «humano y puntual» por las autoridades, se produjo en la fase de elaboración del medicamento, posiblemente en la dilución o mezcla de componentes quimioterapéuticos.
Dos de estos pacientes fallecieron poco después, uno permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), otro fue ingresado pero dado de alta, y el quinto no requirió hospitalización adicional.
La Consejería ha asumido la responsabilidad y ha iniciado una investigación interna, mientras que la Fiscalía Provincial de Burgos ha abierto diligencias para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no hay sentencia judicial, ya que el proceso apenas inicia, claro.
Sin embargo, este suceso evoca recuerdos de otros errores médicos donde la lentitud judicial ha permitido que los responsables eviten consecuencias inmediatas, dejando a las víctimas en un limbo de dolor y burocracia.
Este tipo de fallos en la preparación de medicamentos no es nuevo. En oncología, donde los tratamientos involucran sustancias altamente tóxicas como citostáticos o inmunosupresores, un error en la dosificación puede ser letal.
Factores como la fatiga del personal farmacéutico, protocolos obsoletos o falta de verificación doble contribuyen a estos incidentes. En Burgos, se especula que el error ocurrió en el área de farmacia hospitalaria, donde se preparan infusiones personalizadas. Las familias de los fallecidos han expresado su consternación, exigiendo transparencia total.
¿Cómo es posible que en un hospital moderno como el HUBU, con tecnología de vanguardia, se cometa un error tan básico? La respuesta podría estar en los recortes acumulados en sanidad pública, que han reducido plantillas y aumentado la carga de trabajo, como he denunciado en artículos previos sobre la privatización encubierta del sistema.
Patrones repetidos: Otros casos similares de negligencias médicas en España
Para entender la gravedad del caso de Burgos, es esencial contextualizarlo con episodios análogos que han marcado la historia reciente de la sanidad española. He investigado decenas de estos casos a lo largo de mi carrera, y un patrón emerge claro: errores en diagnósticos, tratamientos o administración de medicamentos que derivan en muertes o secuelas graves, a menudo en contextos de hospitales públicos sobrecargados.
A continuación, detallo algunos de los más relevantes, basados en sentencias judiciales y resoluciones que demuestran cómo la justicia, aunque lenta, ha empezado a responder. Uno de los casos más impactantes es el brote de hepatitis C en pacientes oncológicos de la Fundación Hospital Alcorcón (Madrid), ocurrido en 2013 pero resuelto extrajudicialmente en años posteriores.
Siete pacientes contrajeron el virus durante su tratamiento contra el cáncer debido a una contaminación en los preparados farmacológicos, posiblemente por fallos en la esterilización o manipulación de viales multidosis.
El acuerdo extrajudicial alcanzó los 1.123.892,61 euros en total, distribuidos entre las víctimas. Aunque no hubo sentencia penal, el caso resaltó la vulnerabilidad de los protocolos en oncología y llevó a reformas en la farmacia hospitalaria a nivel nacional.
Otro ejemplo paradigmático es el retraso en el diagnóstico de linfoma de Hodgkin en un paciente valenciano, que resultó en un agravamiento irreversible de la enfermedad. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condenó al servicio de salud a pagar 950.000 euros en 2020, tras demostrar que los médicos ignoraron síntomas durante meses, postergando biopsias y pruebas de imagen.
La sentencia subrayó la «pérdida de oportunidad terapéutica», un concepto jurídico clave en estos casos, donde el error no causa directamente la enfermedad, pero acelera su progresión fatal.
En el ámbito de errores en administración de medicamentos, destaca el caso de una paciente en el Hospital de Valme (Sevilla), donde se administró un alergeno conocido (Nolotil) durante una cirugía de mama, pese a estar registrado en su historial. Esto provocó un shock anafiláctico y secuelas permanentes.
La Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia en 2018, condenando al servicio andaluz de salud a indemnizar con 800.000 euros, más costas judiciales. El fallo fue rotundo: «La negligencia radica en la omisión de protocolos básicos de verificación».
Este caso es especialmente similar al de Burgos, ya que involucra un fallo humano en la cadena de preparación y administración de fármacos.
No podemos olvidar el trágico incidente en las Islas Baleares en 2011, donde un niño de 18 meses con cáncer sufrió parálisis braquial y deterioro cerebral por un error en la colocación de un catéter para quimioterapia. El médico insertó el dispositivo en el plexo braquial en lugar de la vena yugular, y trató de encubrirlo.
La Audiencia de Palma condenó al profesional a tres meses de prisión y 102.781 euros de indemnización a los padres. Esta sentencia penal es rara en negligencias médicas, ya que la mayoría se resuelven en vía civil o contencioso-administrativa, pero demuestra que, cuando hay dolo o encubrimiento, la justicia puede actuar con firmeza.
Un quinto caso relevante es el retraso en el diagnóstico de carcinoma de vejiga en el País Vasco, donde Osakidetza fue condenado a pagar 200.000 euros por extraviar una resonancia magnética en 2006, lo que impidió un tratamiento oportuno.
El paciente requirió amputación y quimioterapia agresiva, y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (2015) enfatizó la responsabilidad de los hospitales públicos en la gestión de pruebas diagnósticas.
Similar al de Burgos, este «error humano» en la cadena asistencial costó vidas y recursos. Estos ejemplos, extraídos de resoluciones judiciales analizadas por expertos como el Consejo General del Poder Judicial, ilustran un problema sistémico.
Según datos del Ministerio de Sanidad, España registra miles de reclamaciones anuales por negligencias, con indemnizaciones que superan los 100 millones de euros al año. Sin embargo, solo un 30% llegan a sentencia favorable para las víctimas, debido a la complejidad probatoria y la protección que el sistema ofrece a los profesionales sanitarios.
Sentencias que marcan precedentes, pero insuficientes
En cuanto a sentencias judiciales, España ha visto un aumento en condenas por negligencia médica desde la década de 2010, gracias a reformas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la mayor conciencia de los pacientes.
El Tribunal Supremo ha establecido doctrina en casos como el de la «pérdida de oportunidad», donde se indemniza no por causar la enfermedad, sino por reducir las posibilidades de supervivencia.
Por ejemplo, en un fallo de 2020 sobre un cáncer de mama no detectado a tiempo, se concedieron 464.000 euros, argumentando que el retraso equivalía a una negligencia culposa. Sin embargo, en incidentes como el de Burgos, donde el error es colectivo (implicando a farmacéuticos, oncólogos y administradores), las sentencias penales son escasas.
La mayoría se resuelven con indemnizaciones administrativas, como en el caso de la amputación de piernas a una niña en Canarias en 2025, donde la Sanidad autonómica pagó 273.000 euros por un error diagnóstico que llevó a sepsis.
Aquí, el tribunal contencioso-administrativo condenó por «falta de diligencia», pero no hubo penas de prisión. La Fiscalía juega un papel clave, como en Burgos, donde ya investiga por posible homicidio imprudente.
En un caso similar de liposucción mortal en Palma (2019), el Juzgado Penal condenó por homicidio a 656.250 euros de indemnización, estableciendo que los errores graves pueden tipificarse como delito.
Pero estos precedentes no han evitado repeticiones, lo que apunta a fallos estructurales: falta de formación continua, auditorías independientes y protocolos digitalizados para rastrear errores.
Hacia una sanidad más segura
El drama de Burgos no es un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema sanitario público erosionado por políticas neoliberales que priorizan el ahorro sobre la seguridad. Como he argumentado en mis libros y artículos, la influencia de la industria farmacéutica en los protocolos hospitalarios agrava estos riesgos, promoviendo medicamentos complejos sin suficientes salvaguardas.
Las familias afectadas merecen no solo compensación, sino justicia real: sentencias que depuren responsabilidades y reformas que prevengan futuras tragedias. Habría que crear una comisión parlamentaria para revisar estos casos y fortalecer la farmacia hospitalaria. Mientras tanto, animo a los lectores a informarse y reclamar sus derechos.
Si has sufrido algo similar, contacta con nosotros. Solo con presión colectiva cambiaremos este panorama sombrío.