Pesticidas prohibidos que vuelven a tu plato: lo que no te cuentan del acuerdo UE‑Mercosur

La escena pudo parecer extravagante: un presidente del Gobierno y altos cargos europeos “bañados” simbólicamente en pesticidas frente a las cámaras. Más allá de la puesta en escena, lo que estaba en juego es algo que nos afecta a todos por igual, votemos a quien votemos: qué sustancias químicas se usan para producir los alimentos que terminan en nuestros platos y con qué reglas se controla su seguridad.​

En los últimos años, Europa ha ido restringiendo o prohibiendo determinados pesticidas por considerarlos peligrosos para la salud o el medio ambiente. Al mismo tiempo, la Unión Europea negocia acuerdos comerciales, como el de la UE con Mercosur, que podrían facilitar la entrada de productos agrícolas cultivados en países donde siguen permitidos muchos de esos compuestos. Esta tensión entre lo que se prohíbe “en casa” y lo que se acepta “desde fuera” es el corazón del debate, y merece una reflexión sosegada, alejada de bandos políticos.​

El acuerdo UE‑Mercosur busca liberalizar el comercio entre la Unión Europea y cuatro países de América del Sur: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Sobre el papel, la idea suena razonable: abaratar intercambios, abrir mercados, facilitar exportaciones e importaciones. Pero en la práctica, cuando se habla de agricultura y alimentos, esas generalidades se traducen en algo muy concreto: carne, soja, azúcar, cítricos, cereales y otros productos que se producen a gran escala, a menudo con el apoyo de una batería de pesticidas.​

En Europa, gran parte de esas sustancias están restringidas o directamente prohibidas porque las autoridades científicas han considerado que su uso entraña riesgos inaceptables para la salud humana o el medio ambiente.

Sin embargo, en muchos países de Mercosur siguen formando parte de la “caja de herramientas” cotidiana de la agricultura industrial. El temor que señalan organizaciones ecologistas, sanitarias y campesinas no es una abstracción: si esos productos agrícolas entran masivamente en el mercado europeo, los ciudadanos pueden terminar consumiendo residuos de pesticidas que aquí se había decidido sacar de circulación.

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El “boomerang” de los pesticidas

Uno de los aspectos más llamativos de este debate es lo que algunos expertos llaman el “boomerang tóxico”. Europa no solo restringe ciertas sustancias en su territorio, sino que además permite que empresas con sede en la UE las exporten a otros países donde su uso sigue siendo legal.

Es decir, aquí se juzgan demasiado peligrosas para ser utilizadas en nuestros campos, pero se venden para ser aplicadas en cultivos de terceros países. Luego, a través de los acuerdos comerciales, parte de esa producción vuelve a la Unión en forma de alimentos.​

Para el consumidor medio esto es casi imposible de detectar: en la etiqueta de una bandeja de carne, un saco de pienso o una caja de fruta no aparece un listado detallado de qué pesticidas se han utilizado en origen.

Lo que queda es la confianza en que los límites máximos de residuos y los controles oficiales son suficientes para proteger la salud. El problema es que, si no se armonizan las reglas sobre qué productos se pueden usar y cómo, el riesgo de que entren sustancias que aquí se han considerado inaceptables crece.​

Cuando se habla de pesticidas, no se está discutiendo solo sobre rendimiento agrícola o competitividad, sino sobre toxicología. Muchos de los compuestos que se encuentran en el centro del debate son sospechosos o están clasificados como cancerígenos, posibles disruptores endocrinos o tóxicos para la reproducción.

Otros se han relacionado con daños neurológicos, malformaciones fetales o patologías crónicas que aparecen tras exposiciones prolongadas, incluso a dosis bajas.​

La ciencia sobre este tema no es perfecta, ni está libre de controversia, pero hay un consenso creciente en un punto: la exposición combinada a múltiples sustancias, durante años, puede tener efectos que no se aprecian a simple vista.

Los niños, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades previas y los propios agricultores y temporeros agrícolas forman parte de los grupos más sensibles. No se trata de generar alarma, sino de reconocer que los pesticidas no son una cuestión ideológica, sino sanitaria.​

Un problema también para el campo europeo

Este debate tampoco se agota en la figura del consumidor urbano preocupado por lo que compra en el supermercado. Los agricultores y ganaderos europeos, incluidos muchos que trabajan de forma convencional, llevan tiempo alertando de lo que perciben como una contradicción: se les exige cumplir normas cada vez más estrictas en materia de pesticidas, bienestar animal o protección ambiental, pero se les pide competir en el mercado con productos importados que no siempre están sujetos a estándares similares.​

Para buena parte del campo, esto significa producir con costes más altos mientras ven entrar carne, soja o fruta a precios más bajos desde regiones donde la mano de obra es más barata y las exigencias ambientales menor.

Por eso, sectores agrarios muy diversos –no solo los de perfil más ecológico– miran el acuerdo UE‑Mercosur con recelo. No porque se opongan al comercio internacional en bloque, sino porque temen que se traduzca en una competencia desleal que termine expulsando del mapa a los productores que intentan hacer las cosas con más cuidado, incluyendo a quienes han apostado por la producción ecológica.​

En el fondo, la cuestión se puede resumir en una pregunta sencilla: si una sustancia es tan preocupante que se restringe o prohíbe su uso en la Unión Europea, ¿tiene sentido permitir que se exporte a otros países y que regresen a nuestras mesas en forma de residuos en alimentos importados?

Esta pregunta no necesita etiquetas ideológicas. Apela al sentido común y a un mínimo de coherencia.​

Desde la perspectiva de la salud pública, las organizaciones de salud ambiental y de consumidores piden algo muy básico: que la política comercial no contradiga la política sanitaria.

Si se han invertido años en evaluar riesgos, escuchar a toxicólogos, epidemiólogos y médicos para decidir que un pesticida debe dejar de usarse, no parece razonable que otro departamento, en nombre del comercio, abra la puerta a productos cultivados con ese mismo compuesto. No se trata de cerrar fronteras, sino de alinear criterios.​

El papel de los controles y la transparencia

Las autoridades comunitarias insisten en que los alimentos importados están sometidos a límites de residuos y sistemas de control. Sin embargo, esos controles se basan en muestreos, en análisis sobre una parte del total, y no siempre son capaces de reflejar la complejidad de la exposición real, sobre todo cuando se consumen múltiples productos de distintos orígenes.

A esto se suma un elemento que suele pasar desapercibido: los límites de residuos se fijan sustancia por sustancia, mientras que en la práctica ingerimos “cócteles” de pesticidas.​

La falta de información clara tampoco ayuda. El consumidor medio difícilmente sabrá si el filete o los cereales que compra proceden de un sistema de cultivo con un uso más intensivo de pesticidas o de uno más restrictivo.

Y no tiene herramientas sencillas para saber qué pesticidas están detrás de un producto importado, ni cómo se comparan esos usos con lo que está permitido en su propio país. Una mayor trazabilidad y transparencia en el etiquetado ayudaría a que cada persona pudiera elegir con más criterio.​

Más allá de Europa y Mercosur, la discusión sobre pesticidas y comercio es también una cuestión de justicia ambiental. Cuando se permite que sustancias restringidas en la UE se comercialicen y utilicen en otros países, se está exportando parte del riesgo sanitario y ambiental.

Son los agricultores y las comunidades rurales de esas regiones quienes soportan de forma más intensa la exposición directa, los accidentes, la contaminación del agua o de los suelos.​

Organizaciones agrarias y de derechos humanos alertan de que este modelo acentúa las desigualdades: se externalizan impactos a territorios cuya voz pesa menos en las grandes decisiones.

El resultado puede ser un mapa en el que un mismo pesticida es inaceptable en las inmediaciones de un pueblo europeo, pero tolerable en las plantaciones que abastecen a ese mismo mercado conteniendo costes.

De nuevo, no se trata de señalar a “unos” u “otros”, sino de preguntarse si es compatible hablar de salud global mientras se mantienen estos dobles estándares.​

Qué puede hacer el consumidor informado

Ante un panorama tan complejo, es legítimo preguntarse qué margen real tiene una persona para actuar. En el plano individual, hay dos herramientas claras: informarse y elegir. Informarse significa prestar atención al origen de los alimentos, a los informes de salud ambiental, a las alertas sobre pesticidas y a las evaluaciones científicas que se van publicando.

Elegir implica, en la medida de las posibilidades de cada uno, apoyar modelos agrícolas que minimicen el uso de sustancias peligrosas, prioricen la diversidad y respeten los ecosistemas.​

No todas las personas pueden permitirse comprar determinados productos o acudir a canales alternativos, y eso también forma parte del debate. Por eso, más allá del gesto de consumo, los expertos insisten en la importancia de exigir transparencia y coherencia a las instituciones: reglas claras para todas las empresas, controles efectivos y un calendario de eliminación de los pesticidas más peligrosos, tanto en la producción interna como en las importaciones.

No es una batalla de siglas, sino una cuestión de mínimos compartidos.​

El debate sobre el acuerdo UE‑Mercosur y los pesticidas no necesita convertirse en una guerra de trincheras. Personas de sensibilidades políticas muy distintas pueden coincidir en algo tan básico como que la comida debe ser segura, los agricultores deben competir en condiciones justas y no tiene sentido que lo que se prohíbe aquí se fomente fuera para luego regresar disfrazado de mercancía barata.​

Quizá el punto de encuentro pase por algo tan sencillo como esto: si Europa quiere liderar una transición hacia modelos agrícolas más respetuosos con la salud y el medio ambiente, sus políticas comerciales deben ir en la misma dirección.

Cualquier otra cosa alimenta la desconfianza, tanto en el campo como en la ciudad. Y en un momento en el que la confianza en las instituciones es un recurso frágil, jugar limpio con lo que comemos no debería ser una opción, sino una obligación.