Así se ganó la batalla de la mascarilla: Crónica de una multa anulada
En estos tiempos en los que la burocracia y el exceso normativo parecen imponerse sobre el sentido común, las historias de resistencia ciudadana cobran especial relevancia. Hoy os traigo el caso de F., un seguidor que decidió no resignarse ante una sanción por no llevar mascarilla en la calle durante la pandemia y que, gracias al asesoramiento de Miguel Jara & Abogados, ha conseguido que le anulen la multa y le devuelvan el dinero embargado.
No es una victoria menor: es el reflejo de cómo, incluso en situaciones de aparente indefensión, la ley puede estar de nuestro lado si sabemos cómo utilizarla.
Una sanción por no llevar mascarilla
La historia de F. comienza el 19 de marzo de 2021. Venía del dentista, caminando por la calle cerca de su casa, cuando un vehículo de la policía local se detuvo a su altura. Los agentes le preguntaron por la mascarilla. F. respondió que no la llevaba porque estaba en la calle y, según su interpretación de la normativa, no era necesario en ese momento.
Los agentes, lejos de aceptar la explicación, le ofrecieron una mascarilla que él rechazó, y acto seguido procedieron a proponerle para sanción, rellenando el correspondiente boletín. F. recibió una copia, pero no la firmó.
En aquel entonces, la confusión normativa era la tónica general. Las órdenes y contraórdenes sobre el uso de la mascarilla en exteriores se sucedían, y muchos ciudadanos, como F., se sentían desorientados.
No obstante, él decidió no quedarse de brazos cruzados. Había estado informándose por distintos canales y sabía que tenía derecho a presentar alegaciones.
F. preparó un escrito de alegaciones, y lo registró el 5 de abril de 2021 en el Centro de Atención Administrativa de Coria (Cáceres-Extremadura), dirigiéndolo al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres (OARGT). En su escrito, manifestaba su desacuerdo con la sanción y solicitaba que se le informara de las actuaciones posteriores.
Sin embargo, tras presentar las alegaciones, F. no recibió respuesta alguna. Pasaron los meses y el expediente parecía haber caído en el limbo administrativo. En su Carpeta Ciudadana no aparecía ningún aviso ni notificación; el silencio era absoluto.
La calma se rompió tres años después, en julio de 2024, cuando F. recibió una notificación de providencia de apremio. Se le informaba de que era deudor de 100 euros por la sanción, más 16 euros de intereses.
Tenía hasta el 5 de agosto para presentar un recurso de reposición. Además, comprobó que le habían embargado casi 150 euros de su cuenta bancaria.
Sorprendido y molesto, F. acudió a la delegación del OARGT en su localidad para intentar aclarar la situación. Allí, la funcionaria que le atendió no encontraba en el sistema ningún expediente que indicara que él hubiera presentado alegaciones.
Tras varias gestiones, la funcionaria localizó una propuesta de resolución que, según sus palabras, “no estaba firmada por la Junta de Extremadura”. Le entregó una copia para que pudiera presentar el recurso de reposición, aunque le advirtió que no podía darle el original precisamente por esa falta de firma.
Asesoría legal y paciencia
En este punto, F. decidió buscar ayuda profesional. Le puse en contacto con el principal abogado experto en derecho sanitario de mi proyecto Miguel Jara & Abogados, que se encargó de preparar el recurso de reposición contra la providencia de apremio.
En el recurso, se ponía de manifiesto la indefensión causada por la falta de respuesta a las alegaciones y se solicitaba la anulación de la sanción.
La Administración tenía entre tres y seis meses para contestar al recurso, pero pasó ese plazo sin que F. recibiera ninguna notificación.
Mientras tanto, el embargo seguía vigente. La incertidumbre era total, pero la estrategia legal era clara: La administración estaba obligada a responder, y el silencio administrativo podía jugar a favor del ciudadano.
Finalmente, en junio de 2025, llegó la buena noticia. La Administración anuló la providencia de apremio y, por tanto, también la sanción, debido a la caducidad del proceso. Es decir, la Administración no había respetado los plazos legales para tramitar el expediente y resolver las alegaciones, lo que conllevaba la nulidad de la sanción impuesta.
Este desenlace, aunque no se basó en los argumentos de fondo sobre la obligatoriedad o no de la mascarilla en la calle, sí supone un triunfo para F. y para todos aquellos que defienden el derecho a una administración eficiente y garantista.
La Administración debe devolverle el dinero embargado, y si no lo hace de oficio en un plazo razonable, F. podrá reclamarlo formalmente.
La importancia de la resistencia y el asesoramiento
El caso de F. es paradigmático. No se trata solo de una multa por no llevar mascarilla, sino de la defensa de los derechos ciudadanos frente a una Administración que, en ocasiones, actúa de manera automática y poco garantista.
La clave de la victoria no estuvo en la discusión sobre la eficacia o necesidad de las mascarillas en exteriores, sino en la exigencia de que la Administración cumpla con sus propios procedimientos y plazos.
La experiencia demuestra varias cosas:
- Es fundamental presentar alegaciones y recursos, aunque parezca que no van a servir de nada. El expediente de F. quedó “atascado” precisamente porque él ejerció su derecho a recurrir.
- El silencio administrativo puede ser un aliado. Si la Administración no responde en plazo, el procedimiento puede caducar y la sanción quedar sin efecto.
- El asesoramiento legal es clave. Sin la ayuda de un abogado experto, es fácil perderse en la maraña de plazos, recursos y notificaciones.
- La Administración también debe cumplir la ley. No puede sancionar ni embargar a los ciudadanos sin respetar las garantías procedimentales.
Una victoria con sabor a justicia
F. resume su experiencia con satisfacción:
“Gracias a tu ayuda, Miguel, y la de tu compañero abogado, me han anulado la multa. Más bien por una falta de tiempo y forma por parte de la Administración más que por lo que argumentábamos contra llevar mascarilla en la calle, pero bueno, estoy satisfecho con el resultado y por supuesto, muy agradecido a ambos”.
No es poco. En tiempos de pandemia, cuando las libertades individuales se han visto restringidas en nombre de la salud pública, cada victoria legal cuenta. No se trata de negar la importancia de las medidas sanitarias, sino de exigir que se apliquen con proporcionalidad, transparencia y respeto a los derechos fundamentales.