Las negligencias en la muerte del pequeño Alejandro tras recibir la vacuna de la varicela

Hace unas semanas se celebró la testificación de peritos en el «Caso muerte de un niño por vacuna Varivax contra la varicela» que llevamos en el >.

Fue una vista pericial sobre un tema importante. Varivax fue aprobada para su administración en la primera infancia en España gracias a la presión que hizo la entente farmacéutica Sanofi-MSD que la produce. Así lo contamos en su momento:

Vacuna varicela: Médicos de No Gracias documentan la «conexión comercial» del lobby pediatra

Y así nos contó lo de Varivax Francisco Salmerón, jefe de área de Vacunas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios (AEMPS), que fue destituido por ello y ya ha fallecido, en la entrevista que le hicimos:

Lo que dicen la EMA [Agencia Europea de Medicamentos] y la AEMPS lo dicen en su trabajo de autorización. Consta que la vacuna debe de seguir las recomendaciones oficiales.

En España la recomendación de la vacuna era en la adolescencia a aquellos que no hubieran pasado la varicela, como ocurría en la mayor parte de Europa. En colaboración con la compañía fabricante las sociedades científicas presionan y consiguen introducir la vacuna en el calendario de vacunación.

Es decir, en este momento hay una recomendación de uso de la vacuna de varicela por parte de las autoridades sanitarias, que incluye su introducción en el calendario de vacunación en la primera infancia pero no es lo usual en Europa y fue preciso modificar el calendario de vacunación de varicela.

Esto se hizo sin respetar las recomendaciones del procedimiento que en su día se estableció para dar garantías a estos procesos (Criterios de evaluación para fundamentar modificaciones en el Programa de Vacunación). Este estudio debería hacerse».

Francisco Salmerón, máxima autoridad oficial sobre vacunas en España.

Así que vamos a juicio porque fallece un niño a las 12 horas de administrarle la vacuna y que previamente, había tenido reacciones descritas en la ficha técnica del producto, como debilidad de piernas durante el día y fiebre.

Alejandro (en las fotos) murió tras recibir una vacuna que no se debiera dar en la primera infancia por falta de evidencia científica, según los técnicos de la AEMPS y del Instituto Carlos III.

Y ¿qué sucede después? Pues que el sistema sanitario y todo lo que lo rodea comienza a negar la relación de causalidad entre el tratamiento con esa vacuna y su posterior muerte.

Se realiza una autopsia del niño de mínimos y no se hacen los análisis que conviene hacer cuando hay sospecha de muerte tras una vacunación.

Se niega de manera sistemática cualquier relación y dicen que el niño muere de muerte súbita.

Para conseguir todo esto la aseguradora de la Administración contrata a los jefes de servicio de Pediatría más notables, muy unidos con la Asociación Española de Pediatría (AEP) -a su vez esta sociedad está muy ligada a laboratorios fabricantes de vacunas-.

Los peritos de la aseguradora y de la Administración se olvidan de los criterios farmacológicos de causalidad, solo se centran en los datos clínicos y la falta de una autopsia adecuada. Se olvidan deliberadamente, de tratar el caso de una forma responsable.

El pequeño no hubiera muerto si no se le hubiese suministrado la vacuna. Es un caso de cómo el sistema niega sistemáticamente cualquier desenlace fatal tras una vacunación. Esto tergiversa los datos oficiales de seguridad del producto.

Los padres del niño fallecido luchan para que haya protocolos de farmacovigilancia tras cada vacunación pediátrica. No los hay. Piensan que cuando el niño experimentó reacciones deberían haberlo llevado al hospital. El sistema de salud en vez de hacerlo te dice que le des ibuprofeno…

Piensan estos padres que la Administración ha negado todo por intereses políticos y comerciales. No hay causa genética en el fallecimiento. Descartada. No hay causa de envenenamiento. La vacuna, en cambio, sí tiene potencial toxicológico.

Como explica mi compañero abogado Francisco Almodóvar:

Luchamos para que no vuelva a pasar y los servicios sanitarios tengan protocolos de asistencia tras reacciones adversas descritas en ficha técnica y prospecto. Hay corrupción. Se intenta tapar cualquier daño…».

Francisco Almodóvar, coordinador de abogados del .

Es curioso que los peritos de la parte demandada dijeron que una vacuna no tiene efecto toxicológico y que no hay muertes atribuidas a vacunas… cuando evidentemente sí se producen esos efectos y esas muertes (hay sentencias judiciales que lo acreditan).

En España las autopsias no se hacen bien cuando hay medicamentos sospechosos de haber causado reacción grave. Además, faltan protocolos de información real sobre vacunas y atención adecuada ante sospechas de reacciones adversas en infantes y en adultos.

La farmacovigilancia que hacen los servicios sanitarios a día de hoy es de mínimos y este es un ejemplo: caso claro que no aparece como muerte atribuida a vacuna porque no interesa, sencillamente. A pesar del esfuerzo probatorio de la familia y de que no haya otro motivo explicativo de la causa del fallecimiento.

Destacar también cómo la Administración lanza en este juicio a seis médicos para decir que no fue la vacuna quien causó la muerte del pequeño Alejandro… seis médicos responsables en hospitales…

La demanda puesta por la familia es contra el servicio de Salud de la Junta de Castilla y León por responsabilidad patrimonial por falta de protocolos de atención ante reacciones adversas en infantes. El caso está listo para sentencia.

Una aclaración importante: Este caso no es de ganar o perder. Es un caso de mejorar la sociedad y el sistema de farmacovigilancia. La familia de Alejandro y nosotros aquí tratamos de mejorar el sistema y por eso publicamos.