En ocasiones he denunciado el soborno y cohecho a médicos que practican laboratorios farmacéuticos para que se receten sus preparados de marca. Pero el problema acerca de los incentivos en la prescripción también se produce con los fármacos genéricos (aquellos producidos tras la extinción de la patente a un precio mucho más bajo).

El periódico El Norte de Castilla ha publicado recientemente que el incentivo de 2.600 euros que numerosos médicos de Atención Primaria han cobrado de la Junta de Castilla y León como premio por recetar medicamentos genéricos es completamente ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de esa región ha dictado una sentencia firme que insiste en la libertad que debe tener todo facultativo para prescribir libremente los fármacos que considere más convenientes para cada paciente, sin estar sometido a presiones o promesas de premios o incentivos económicos si se decanta por algún tipo determinado.
La demanda hace referencia a los incentivos pagados en el año 2006, que valoran el año anterior, y que en Palencia cobraron 77 médicos, el 29,28% de los que ejercen en Primaria, que percibieron 195.000 euros (102 el año 2007, que recibieron 228.144 euros). En Castilla y León fueron 886 los facultativos los beneficiados, que percibieron 2.303.600 euros (1.020 el año pasado que cobraron 2.255.446 euros).
Hace nada también hemos podido leer en los medios de comunicación que un fiscal pide cinco años y medio de prisión, en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz, para un médico del Hospital Puerta del Mar y un empleado del laboratorio farmacéutico Madaus, acusados de estafar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) casi 9.000 euros mediante la emisión de recetas de manera fraudulenta.
Como me explica una persona que ha ejercido la visita médica para uno de los laboratorios más grandes de Europa (investigado, por cierto, por las autoridades de Competencia de la Unión Europea por intentar retrasar la introducción de genéricos en el mercado): “mi ex gerente y su jefe sugerían ‘sin admitir no por respuesta’, todo tipo de artimañas para gastar el presupuesto de promoción y darle la vuelta al código ético. Si la respuesta era ‘no’, te convertías en persona non grata para ellos, los del ‘clan'”.

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El pasado fin de semana el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero había anunciado que celebraría con los extremeños en la localidad de Alange su última victoria electoral. La localidad de Alange fue la elegida porque sus antepasados eran de allí. Pero en Alange y alrededores el gobierno de Extremadura, también del PSOE, como el presidente, impulsa la construcción de varias centrales térmicas y una gran refinería petroquímica. Para la cita se había convocado una concentración de las asociaciones ciudadanas que están luchando por su tierra y que estos proyectos de enorme impacto ambiental, económico y cultural no se lleven a cabo. Pero el presidente obvió el plan y no acudió a la cita en el Ayuntamiento de Alange en el que le esperaban cientos de manifestantes. Sí optó por degustar las ricas viandas extremeñas que se disfruaron en una finca privada.
 
 

 

Desconocemos qué opinarían los antepasados de Zapatero sobre la construcción de una central térmica de Iberdrola en el municipio de Alange y unas cuantas más en los que le rodean, aunque no es difícil imaginarlo. Como suponemos que tampoco estarían muy de acuerdo en que el gobierno extremeño esté haciendo lo posible por favorecer los intereses privados, los de Iberdrola en este caso concreto, a costa de la salud, la cultura extremeña y la calidad ambiental de la comarca.

Precisamente el pasado día 20 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) comunicó a la Plataforma Ciudadana Térmicas No la sentencia del juicio contencioso administrativo que enfrentaba a Térmicas No con la Junta de Extremadura e Iberdrola.
Esta Plataforma ciudadana interpuso una demanda contra la resolución del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, José Luis Quintana Álvarez. Éste había resuelto el recurso de alzada que presentó Iberdrola contra la resolución del Director General de Medio Ambiente, Guillermo Crespo, “por medio de la cual se desestimó la Central Térmica de Ciclo Combinado en Alange por ser una actividad industrial fabril clasificada como actividad insalubre y nociva, por la posibilidad de perjudicar la salud humana u ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola, derivada de la emisión de contaminantes a la atmósfera y al agua, y no emplazarse a una distancia superior a los 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población agrupada, según lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas”, cuentan desde esta asociación.
 
 

 

Quintana Álvarez aceptó en vía de recurso de alzada la reubicación de la planta de Iberdrola a más de 2.000 metros de distancia de Alange sin escuchar a los ciudadanos que querían hacer alegaciones. “Con esta medida se generó indefensión a la Plataforma Térmicas No al prescindir del trámite de información pública pese a la variación de la ubicación de la térmica. El Consejero al resolver el recurso de alzada a favor de Iberdrola vulneró la ley y el derecho de audiencia de los interesados; de los ciudadanos en general”, argumentan los vecinos.
El TSJE entiende que el variar la ubicación del proyecto debió preverse desde el principio, cuando Iberdrola presentó su iniciativa, dado que esta causará un impacto ambiental. El Tribunal anula con su sentencia la resolución del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura por la que admitía la reubicación de la planta energética de Iberdrola.

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La prevención de enfermedades es uno de los filones que despuntan en el mercado de la salud. Si la enfermedad por sí no rinde los beneficos económicos esperados por los fabricantes de remedios, se inventan enfermedades. Y si todo ello no es suficiente se “previenen” futuras dolencias consumiendo fórmulas farmacológicas “por si acaso”. Pero algunas de estas fórmulas no están lo estudiadas que sería exigible y sus efectos nocivos pueden generar problemas reales en quien no padece problema alguno.
 
 
 
Algo parecido ocurre con la vacuna contra el virus del papiloma humano, que lleva algunos meses aplicándose en nuestro país y despertando reacciones de los profesionales sanitarios en su contra. Muchos de ellos ven en esta campaña una fórmula para abrir nuevos mercados.
Profesionales del mundo de la salud están solicitando una moratoria en su inclusión en el calendario de vacunación de las comunidades autónomas. Afirman que los ensayos han sido cortos, que la enfermedad presenta una baja incidencia y que las dosis tienen un alto coste (existe un manifiesto y recogida de firmas).
El virus del papiloma humano se transmite por contacto (no por los fluidos sexuales), durante las relaciones sexuales. El uso del preservativo disminuye el contagio sexual, pero no lo elimina. Algunos tipos de virus del papiloma humano tienen capacidad oncogénica, y pueden provocar cáncer de cuello de útero. El virus es causa necesaria, pero no suficiente, como afirma el médico Juan Gervás.
 
 

 

La pobreza, el tabaquismo, y otros factores desconocidos son clave para el desarrollo de la enfermedad. Las mujeres se contagian al comienzo de sus relaciones sexuales coitales, pero en la mayoría de los casos la infección se elimina por medios naturales, espontáneamente. Importa la infección que se mantiene por más de dos décadas.

Pero el miedo es un incentivo para comercializar remedios que lo “curen”. Por ejemplo, en el País Vasco, la Consejería de Sanidad comenzó en noviembre de 2007 a aplicar la vacuna del papiloma humano a las niñas de 12 y 13 años. Unas 9.000 niñas han recibido la dosis. De momento, sólo se vacuna en País Vasco, Navarra y La Rioja.
En un seminario sobre esta vacuna, promovido por la Asociación Internacional de Estudiantes de Medicina de España, se han manifestado algunos aspectos críticos con este remedio, comercializado por Merck como Gardasil. El cáncer de cuello de útero es una enfermedad que se da entre mujeres pobres, tanto en países industrializados como en los que no. Es de las poquísimas enfermedades “de pobres” que interesa al mundo o a ciertas farmacéuticas. La solución que se propone se aplicará mayoritariamente a las mujeres que no lo necesitan pues su estilo de vida las aleja del grupo de riesgo.
 
 
  
“Al menos desde febrero de 2007, Ministerio de Sanidad, consejerías autonómicas, grupos de expertos y varias asociaciones científicas profesionales están promoviendo la vacunación inmediata de todas las adolescentes (y sugiriendo que podría ser beneficioso el vacunar a las que ya tienen o han tenido actividad sexual, contra toda prueba científica)”, argumenta el citado galeno.
Como afirma este profesional sanitario “se oculta la alarma ante un uso inesperado de una vacuna experimental, de la que desconocemos hasta el mecanismo de acción”. Existen demasiadas prisas en su aplicación. Como en toda pauta preventiva, advierten numerosos profesionales de la salud, lo lógico es que antes de distribuirla la certeza de sus ventajas fuera indudable. Hoy, todavia, hay dudas.
 
 
  
The Washington Post ha publicado que la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, la FDA, realizó una revisión de los resultados de los estudios sobre la vacuna que reveló ciertas inquietudes, según los documentos publicados por el comité de asesoramiento sobre vacunas y productos biológicos relacionados: La ventaja que brinda la vacuna para proteger contra cuatro tipos de virus podría estar contrarrestada por las infecciones causadas por los muchos otros tipos de papilomavirus humano que la vacuna no cubre.
En estos momentos, la vacuna se anuncia en revistas de divulgación
de manera encubierta (sin nombrarla directamente) y alarmista para los padres. Se utilizan, por ejemplo, afirmaciones como “protege la vida de tu hija”. La polémica no se limita a España, y algunos autores han opinado que la decisión de vacunación universal en otros países, como por ejemplo Canadá, se puede considerar prematura, dados los muchos interrogantes. Pero hoy los negocios son globales.
La vacuna costará cerca de 500 euros a cada persona, lo que puede provocar una crisis en la financiación del sistema sanitario pues se estima en 30 años el tiempo que se tardará en comenzar a prevenir este tipo de cáncer desde que se recibe la primera dosis.

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El lunes 28 de abril, el periodista Ernesto Villegas me entrevistó en el canal estatal venezolano, Venezolana de Televisión (VTV), en el programa “En Confianza”. La entrevista ha tenido una gran repercusión pero ese no es el motivo en sí de esta comunicación. Un corte de dicha tertulia fue retransmitido más tarde por otra de las televisiones grandes de aquel país, Globovisión. De ello me he enterado gracias a ciertas comodidades que ofrece internet ya que yo no lo ví y por supuesto no me avisaron ni contaron conmigo para nada.
El corte de esta televisión se centraba en descontextualizar mi intervención ofreciendo sólo una parte, en la que hablo del impulso que le están dando los laboratorios farmacéuticos, y otras muchas empresas de otros sectores, a la tecnología de seguimiento de objetos y personas por radiofrecuencias de radio o RFID (tema al que dedico un capítulo en mi libro Traficantes de salud, por ello me preguntó por este asunto el periodista).
 
Al parecer, Globovisión me presentó de manera insultante, burlesca, algo así como si fuera un paranoico. Según cuenta un tercer medio de comunicación venezolano, Noticias24.com: “Un videoclip mostrado en la serie de micros “Usted lo vio” [de Globovisión] parece mostrar a un periodista español, Miguel Jara como a un orate o un tonto por el tono habitual de los micros, que señalan las metidas de pata de gobernantes y políticos, dá la impresión de que sus creadores creyeron que Jara estaba hablando de mentiras, teorías de conspiración o de un completo absurdo”.
 

Como bien explica esta publicación, que dedica un extenso reportaje al asunto del RFID: “la tecnología de la que habló el español sí existe, ya está siendo usada y perfeccionada para su masificación, y debe comenzar a preocupar mucho a cualquier persona que aprecie su libertad y su intimidad.
 
(Jara tiene un blog donde discute este y otros temas y donde emite opiniones generalmente serias, bien informadas y documentadas).
 
La tecnología conocida como RFID (Identificación por Radio Frecuencia) consiste en instalar un pequeño chip [por ejemplo, en cajas de medicamentos como Viagra, comenté] que es capaz de almacenar todo tipo de datos (texto, imágenes), que a su vez pueden ser leidos mediante un aparato llamado transponder, capaz de recibir y leer los datos de todos los chips RFID cercanos”.
 

Como puede verse en el video de Globovisión, al parecer lo que “extrañó” a los responsables de ese programa es que dijera que la compañía IBM ha patentado el seguimiento de personas mediante tecnología RFID. Lo cierto es que el 3 de mayo de 2001, inventores de IBM tramitaron en Estados Unidos la solicitud de patente nº 20020165758, Identificación y rastreo de personas usando artículos con etiquetas RFID. Así lo narra el libro Chips espías: Cómo las grandes corporaciones planean monitorear cada uno de sus pasos con RFID, de Katherine Albrecht y Liz Mcintyre (Grupo Nelson, 2006).

 En sus páginas 33 a 35, sobre todo, las autoras de este libro imprescindible describen los entresijos de esta solicitud de patente. Narran las ventajas que según IBM tiene esta tecnología para seguir a una persona en el interior de un comercio, conocer qué otras compras trae de fuera y sus gustos o cómo puede utilizarse para conocer su edad, raza, sexo y nivel de ingresos.

 
El conocimiento profundo de los datos personales interesa a las grandes compañías para racionalizar al máximo sus métodos de venta y lograr mayores beneficios económicos. Por ejemplo, ofreciendo anuncios publicitarios específicos para cada persona en cualquier momento y lugar.

Pero hay más, como cuentan estas investigadoras en Chips espías: “IBM arrendó equipos con tecnología avanzada de tarjetas ponchadas al Tercer Reich para que Hitler pudiera rastrear a los judíos y sus propiedades”.

A tenor de lo visto, el programa de Globovisión cae por su propio peso.

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Esta semana se ha producido en la Comisión Europea, el órgano de gobierno central de Europa, una votación muy importante para el futuro de los alimentos transgénicos en el continente. Estaba en juego si se aprobaba el cultivo de dos nuevos tipos de maíz que llevan insertado un pesticida, como los que ya se cultivan en España. Pueden parecer anecdóticas estas decisiones y debates pero la industria biotecnológica (la que fabrica estas semillas y cultivos de laboratorio destinados a nuestra alimentación) va “colando” en los supermercados poquito a poco estos productos tan cuestionados.
 La Comisión también decidía sobre si cultivar en Europa una patata transgénica (que en este caso contiene genes de resistencia a antibióticos). La Comisión Europea, a iniciativa del presidente Barroso, está forzando el debate presionado por los potentes lobbies -o grupos de presión industrial- de la biotecnología. Políticos (muchos políticos europeos apuestan por la basura comida en la Unión Europea), de la mano de ciertas empresas, desean encarar la definitiva aprobación de cultivos y alimentos transgénicos en la UE.
 
Por ahora, esta Frankensalada tendrá que esperar: tanto los maíces como la patata de laboratorio “se han mandado de vuelta a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) lo que nosotros interpretamos como una desautorización a esta Agencia”, indican los portavoces de Amigos de la Tierra, organización que ha elaborado un excelente informe sobre la presión que las compañías pro alimentos transgénicos están llevando a cabo sobre los políticos europeos para que impulsen la alimentación de laboratorio.

Conviene explicar que la institución europea encargada de velar por la calidad y seguridad de lo que nos llevamos a la boca los ciudadanos, según las normas de funcionamiento de la Administración europea, a la hora de autorizar un cultivo o un alimento se limita a revisar los informes de la compañía interesada en comercializarlo. No realiza análisis independientes. Así se explica que la EFSA, a petición de la Comisión, y gracias a que el actual Comisario de Medio ambiente europeo no parece estar por la labor de impulsar la alimentación trasngénica, haya recibido de nuevo los informes sobre estas variedades de laboratorio para su revisión (que volverá a no ser independiente).

Este funcionamiento -legal, repito- de la EFSA es idéntico al de la EMEA, la Agencia Europea de Medicamentos, que tampoco realiza estudios independientes cuando una farmacéutica solicita licencia para comercializar un fármaco en Europa. La EFSA, además está conformada sobre todo por biólogos moleculares. Haría falta otros especialistas para juzgar otros aspectos del cultivo y comercialización de alimentos transgénicos, como los ecólogos. Amigos de la Tierra advierte que muchos empleados de la EFSA tienen conflictos de interés con las compañías biotecnológicas. ¿Quién está gobernando Europa?

En este documento se denuncia la proximidad entre el órgano ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, y el lobby biotecnológico, capitaneado por EuropaBio. Desayunos “de trabajo”, encuentros o jornadas de la industria cuentan con altos cargos de la Comisión. La presencia de la industria en órganos asesores clave y el acceso privilegiado a la información señalan también la preocupante cercanía entre los grupos de presión de la industria y la Comisión.

El resultado: un marco político favorable, intentos de rebajar los controles sobre los cultivos y alimentos transgénicos, apuesta firme de la UE por la comida biotecnológica y millones de euros de fondos públicos dedicados a financiar las investigaciones de la industria.

EuropaBio es uno de los principales grupos de presión sobre alimentos y cultivos con organismos modificados genéticamente en la UE, y presume de su trato directo con miembros de la Comisión Europea. Las campañas de este lobby de la agricultura biotecnológica están lideradas por las empresas Bayer Cropscience, DuPont/Pioneer, Monsanto y Syngenta.

EuropaBio también ha presionado a políticos europeos para conseguir que la biotecnología aplicada a la agricultura se haya convertido en un tema estrella en el programa de investigación de la UE con una inversión de 53 mil millones de euros provenientes de las arcas públicas.

La Comisión Europea promueve estas conexiones entre lo público y lo privado a través de plataformas tecnológicas específicas sobre alimentación y cultivos transgénicos, y sobre biocombustibles y productos alimentarios, en plena crisis mundial de subida de precios de los alimentos básicos (entre otras razones por los cultivos para biocarburantes).

Se trata de la trasvase de dinero público hacia intereses económicos privados. EuropaBio es, en sus propias palabras, “la voz de la industria biotecnológica en Europa”. Hoy aún más poderosa con el dinero de los ciudadanos europeos.

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