Hace unos días la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA, por sus siglas en inglés) ha dado su visto bueno a la aprobación de la muy controvertida Talidomida como medicamento paliativo para el cáncer de médula osea, mieloma. Según los estudios presentados por el laboratorio fabricante, Pharmion, su producto puede alargar la vida de enfermos terminales durante 18 meses. Las víctimas del fármaco en España (unas 200 asociadas en Avite -que calculan que puede haber 3.000 afectados todavía-) han manifestado su apoyo a los familiares de esta enfermedad y su alegría de que puedan ver mejorada su existencia. Pero también han querido alertar a las autoridades sanitarias europeas, a los consumidores y, en general, a toda la población, sobre la extrema peligrosidad del medicamento que en su día inventó Heinrich Mückter, un médico de la empresa Chemie Grünenthal de pasado nazi (en breves fechas ampliaremos con numerosos datos este particular).
 
“Lo que exigimos es que los controles que se van a realizar a personas que lo toman, hombres y mujeres, sean reales, para evitar que puedan nacer nuevos bebes sin brazos y sin piernas, como sigue ocurriendo por todo el mundo. Ni la EMEA ni el laboratorio Pharmion nos dicen quién se haría cargo de esos bebes que pudieran nacer mutilados”, explica un portavoz de Avite.
 
Hace ya 50 años que ocurrieron los nacimientos con malformaciones tras el consumo de Talidomida y aún hoy España e Italia son los dos únicos países del planeta que no han reconocido a sus víctimas, cuando se está aprobando el fármaco para otro uso.
 
La Talidomida es un peligroso principio activo que Pharmion lleva tres años largos intentando que se apruebe para el mieloma. Las víctimas exigen controles exhaustivos para su comercialización pues su nocividad es tan grande que con sólo tocarlo entra rápidamente en el cuerpo y llega a la sangre, como confirman los laboratorios productores. De hecho, en la fábrica de Pharmion en el Reino Unido sólo la manipula personal de sexo masculino para evitar que en caso de ser tocada por mujeres embarazadas los fetos tengan problemas.
 
Una de las particularidades de la nueva-vieja Talidomida es que el tratamiento para un mes, que estará financiado por la Seguridad Social, está estimado que costará más de 1.200 euros. Esto supone un enorme negocio para los laboratorios productores pues el coste de la materia prima ronda los 0,10 euros.

La EMEA ofrece su visto bueno sin escuchar las advertencias de los afectados por la Talidomida de que existen numerosos informes críticos sobre el producto. “A nosotros la EMEA sólo nos ha enseñado los que son favorables al fármaco”, reconocen las víctimas españolas. Cabe recordar que la máxima institución europea en el control de la seguridad y eficacia de los medicamentos no realiza estudios independientes cuando una compañía solicita la aprobación de uno de sus preparados.

Se limita a analizar la documentación aportada por el laboratorio, eso sí, con ingentes equipos de científicos, en concreto tres profesionales sanitarios por cada comité de cada país. Parece que en este caso la EMEA se fía de unos laboratorios a los que el pasado les persigue, como lo demuestra la mera existencia de víctimas vivas del Holocausto Talidomida.

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Se ha retrasado un poco pero el próximo día 15 de febrero se presentará ante los medios de comunicación la demanda histórica que varias asociaciones de afectados por el mercurio van a poner ante el Ministerio de Sanidad y Consumo español. Existe expectación porque es la primera vez que en España se produce un acontecimiento de este tipo.
Los demandantes tienen previsto denunciar al citado Ministerio y además a la Consejería de Sanidad de cada Comunidad Autónoma donde haya sido atendida médicamente cada persona. También tienen previsto intervenir juidicialmente contra los odontólogos o los estomatólogos “que por negligencia hayan incrementado la salida del mercurio dental, resultado del cual el paciente se haya visto claramente afectado por este metal pesado”, explica un portavoz de estas asociaciones.

La demanda judicial está planteada con respecto a las dos principales aplicaciones del mercurio evitables (aquellas para las que existen alternativas o puede prescindirse de las mismas): en empastes dentales, que suelen llamarse “de plata” pero llevan un 50% del citado metal, y en las vacunas que contienen Thimerosal.

Los afectados pretenden “dar a conocer este asunto a la opinión pública y al personal médico-sanitario (todavía, en general, ignorante de los peligros del mercurio dental y vacunal). Al tiempo servirá para solicitar que vacunas y empastes sean prohibidos o, como mínimo, se informe a toda la población de su potencial peligro”. Éste ya fue expuesto en sendos informes oficiales de la Organización Mundial de la Salud publicados en 1991 y 2003.

El abogado que lleva el caso está planteando su denuncia caso a caso, por tanto no será una demanda colectiva. Las asociaciones de víctimas cuentan con el apoyo de médicos, farmacéuticos, toxicólogos.

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Me escribe una persona que comenta que hace no mucho fue a la farmacia y preguntó por un medicamento para el asma. “No recuerdo si era budesonida (Pulmicort, de AstraZeneca) o la combinación de budesonida y formoterol (Symbicort o Rilast, de AstraZeneca)”, comenta. Esta persona se pregunta si no existe en la modalidad de genérico. “Más que nada porque este último (sin receta de la Seguridad Social) cuesta unos 63€”, indica este ciudadano.
La farmacéutica le contesta que no, “ya que se les obligaba (por parte de la Administración) a poner un precio mínimo que curiosamente era el mismo que el de las grandes farmacéuticas, y por tanto no podrían competir con ellas”. ¿Es esto cierto?, ¿obligan a fijar un precio mínimo a los genéricos? Para satisfacer la curiosidad de esta persona y la de otras muchas, pues en el foro de Tele5 tras la emisión de los reportajes sobre sobornos a médicos para que receten medicamentos de marca se han planteado estas cuestiones, me he puesto en contacto con un farmacéutico de confianza.

Este farmacéutico me ha contestado que la gran pregunta es si a los genéricos se les obliga a ponerles un precio mínimo que, curiosamente, coincide con el de las marcas. Pues bien, eso no es cierto. Las Especialidades Farmacéuticas Genéricas (EFG) surgen a partir de los diez años de que se comercializa la marca y su precio se fija siguiendo el protocolo normal para fijación de precios en España (se entrega una memoria a la que se acompañan los gastos de comercialización, y otros trámites).

Generalmente, el PVP de una EFG cuando aparece en el mercado suele ser un 30% menor que el de la marca. Posteriormente, al menos una vez al año, el Estado fija los llamados Precios de referencia que son los precios mayores que la Administración central paga por cada conjunto homogéneo (conjunto de medicamentos de un mismo principio activo que el genérico) y es posible que el PVP inicial del genérico baje respecto al inicial, pero cuando el médico prescriba por principio activo se debe dispensar obligatoriamente el genérico.

En resumidas cuentas, “un genérico es siempre un 30% más barato que la marca, lo que sucece en el caso de esa persona es que el medicamento que toma para el asma aún no tiene genérico. Pero en ningún caso se le obliga a poner un precio similar al de marca. Eso nunca”, comenta el farmacéutico consultado.

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Cuentan que la ex-directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Gro Harlem Brundtland, prohibía a los periodistas usar los teléfonos móviles en su oficina debido a su electrosensibilidad. “Las noticias fueron hechas público en Noruega y Suecia y unos meses más tarde, tuvo que abandonar la dirección de la Organización Mundial de la Salud. Muchos señalan a Michael Repacholi (máximo responsable medioambiental de la OMS) y a la industria de la telefonía móvil como autores de esta proscripción”, argumenta Carlos Sosa.

Montaje fotográfico de la organización anti-contaminación electromagnética Next-Up

Este médico colombiano, como contábamos el domingo pasado en la noticia anteriormente enlazada, está denunciando a Rapacholi ante la Justicia por crímenes contra la humanidad. La OMS ha ido retrasando en el tiempo un pronunciamiento oficial sobre los efectos del electromagnetismo en los seres vivos, argumentando que todavía no existen estudios concluyentes. La OMS y la ICNIRP -dependiente de la anterior- están acusadas por los científicos críticos con esta tecnología de estar demasiado influidas por la industria eléctrica y la de las telecomunicaciones.
 
“Para muchos analistas, son claros los fuertes lazos del ICNIRP con el ejército y con la industria de las telecomunicaciones, a la que han pertenecido muchos de sus integrantes, incluyendo a su ex director, el doctor Michael Repacholi, que ahora se desdice del estudio que publicó en Microwave News, en 1994, sobre la relación causa-efecto de telefonía móvil y el linfoma en ratas de laboratorio, análisis que le catapultó a la dirección del programa CEM de la OMS”[1], explica Carlos María Requejo, consultor ambiental experto en contaminación electromagnética, algo que explicamos en el libro Conspiraciones tóxicas.
 
El proyecto CEM (campos electromagnéticos) está impulsado por la OMS. Tiene entre sus objetivos “dar una respuesta internacional y coordinada las inquietudes que suscitan los posibles efectos sanitarios de la exposición a los CEM”.
Repacholi, cuando estaba contratado como investigador en Adelaida (Australia, su país de nacimiento) mantenía que las microondas eran peligrosas, pero una vez nombrado director del ICNIRP, argumentó que son inocuas. Al menos eso es lo que advierten quienes han seguido su carrera.
 
En los foros científicos críticos sobre contaminación electromagnética Repacholi digamos que no está muy bien visto. Así, en la página web de la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telefonía (AVAATE) puede encontrarse un documento sobre los comentarios que hace sobre él en su página web Andrew Marino, un destacado investigador americano.

José Centeno, presidente de AVAATE, realiza mediciones para descubir antenas de telefonía móvil camufladas, la última “moda”

Titulado El Testimonio de Michael Repacholi, este documento, según AVAATE, demuestra cómo Repacholi “tergiversa repetidamente la ciencia para proteger a la industria y con ello desacredita a la OMS, que pierde su papel de velar por la salud de todos”. El documento muestra las declaraciones del responsable de campos electromagnéticos de la OMS en un juicio en Australia en 1990.

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Los enfermos de Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) británicos (y los españoles y, en general, los de todas partes) están hartos de que su Administración les haga pasar por locos; sus padecimientos son sistemáticamente achacados a problemas psicológicos.
 
Un grupo de activistas sobre el SFC en Inglaterra, One Click Group (que comenzó a propuesta de la madre de un chico con el SFC) han llegado a su meta de recoger más de 10.000 libras para pagar los costes de llevar a juicio al Gobierno del Reino Unido.

El motivo es que dicho Ejecutivo quiere implantar un plan de servicios para las personas que padecen SFC conocido como los NICE Guidelines, en el que se promueve con énfasis la creencia de que esta dolencia es una enfermedad psicológica.

Muchos grupos en el Reino Unido llevan meses protestando contra este plan pero han sido Jane Bryant y su hijo, Ben (de 15 años), los que han organizado y llevado a cabo esta campaña para intentar por la vía judicial, parar un proyecto que sería nocivo para la salud de los ciudadanos que presentan SFC en el Reino Unido.

Jane está muy al tanto de lo que están haciendo las asociaciones catalanas de fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica y otras dolencias relacionadas. La Liga SFC, con sede en Barcelona ha expresdo su apoyo y solidaridad al One Click Group.

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