Puertas giratorias en la sanidad privada: políticos españoles con vínculos en Quironsalud

En el cruce entre la política y la sanidad privada en España, el Grupo Quironsalud se erige como un gigante con gran influencia. Con más de 50 hospitales en España, Portugal y Colombia, y una facturación que supera los 3.000 millones de euros anuales, esta filial del conglomerado alemán Fresenius no solo gestiona centros de élite privados, sino también cuatro hospitales públicos bajo concesión en la Comunidad de Madrid.

Esta posición privilegiada ha generado un debate intenso sobre las denominadas “puertas giratorias”, término que describe el intercambio fluido de altos cargos entre la administración pública y las empresas privadas relacionadas, en este caso, Quirónsalud, un fenómeno con potenciales efectos sobre la transparencia, los conflictos de interés y la calidad de la sanidad pública.​

Puertas giratorias en España

El concepto de puertas giratorias se utiliza para describir cuando una persona que ha ocupado un cargo público relevante accede luego a puestos de alta dirección en el sector privado relacionado con su ámbito de influencia. Es algo que trabajamos bien en el libro Conspiraciones tóxicas.

En España, ello está regulado parcialmente por leyes de incompatibilidades y control ético, aunque los especialistas alertan que la normativa es poco restrictiva y sobre la frecuencia generalizada de estas prácticas. Según Gema Sánchez, doctora en Ciencias Políticas, “en España está generalizado que esto suceda”, y la Oficina de Conflictos de Intereses vela por el cumplimiento limitado de las disposiciones.​

Ejemplos en sanidad no faltan. En Cataluña, por ejemplo, el exconsejero de Sanidad Boi Ruiz i García pasó de su cargo público a formar parte de una empresa sanitaria de gestión privada (Ribera Salud), un modelo criticado por desviar recursos públicos al sector privado y aumentar la privatización sanitaria.

En Andalucía y otras regiones también se documentan fichajes y movimientos similares entre la administración y empresas privadas de salud, reforzando la sospecha de una “casta sanitaria” vinculada al negocio.

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Quironsalud: poder y contratos en Madrid

Quirónsalud, líder del sector sanitario privado en España, destaca por su músculo económico y su estrecha relación con la administración madrileña. Gestiona hospitales emblemáticos como la Fundación Jiménez Díaz y los hospitales públicos de Móstoles, Valdemoro y Villalba, bajo concesión. Entre 2019 y 2024, la Comunidad de Madrid pagó más de 5.000 millones de euros a Quirón por servicios sanitarios, un incremento del 96% en comparación con el trienio anterior, y un reflejo de la creciente externalización sanitaria promovida por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.​

Además, el sistema de “libre elección” de hospital ha favorecido que más pacientes públicos migren hacia la red privada, alimentando un círculo virtuoso para el grupo: a más pacientes, más fondos recibidos y mayor capacidad de expansión. Políticos y expertos alertan que las especialidades menos complejas y más rentables son las que generalmente se derivan a Quirón, mientras los casos más graves permanecen en hospitales públicos, generando desequilibrios y posibles sobrecostes.​

El caso más emblemático en el cruce entre política y Quirónsalud es el de Fátima Matute Fernández, actual consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid desde junio de 2023. Matute trabajó 17 años para Quirónsalud como médica radióloga y directora asistencial en la filial Health Diagnostics, información que omitió en el Portal de Transparencia autonómico obligatorio para cargos públicos, incumpliendo así la Ley de Transparencia de Madrid.

La oposición ha denunciado esta omisión y la cercanía entre su nombramiento y la concesión de contratos millonarios a Quirón durante su mandato.​

El vínculo entre Matute y Quirón suscitó críticas intensas especialmente tras la inyección en enero de 2025 de 430 millones de euros adicionales a la Fundación Jiménez Díaz para derivaciones públicas, en un contexto donde la relación entre la Comunidad de Madrid y Quirón es objeto de controversia y demandas de mayor control y fiscalización.​

Aunque José Manuel Freire Alonso, exconsejero de Sanidad del País Vasco y exdiputado socialista, no ha trabajado para Quirón, es una voz crítica destacada sobre las concesiones y contratos opacos con el grupo privado. Freire denuncia que la opacidad en los pagos alcanza más de 5.000 millones en seis años y genera “un trato de favor escandaloso” que pone en riesgo la sanidad pública.

Según su análisis, el sistema de libre elección ha multiplicado por seis la captación de pacientes por parte de Quirón en una década, desmontando la equidad y la eficiencia del sistema público.​

Consejo directivo y otros vínculos

Contrariamente a otras empresas sanitarias, el consejo directivo de Quirónsalud permanece sin figuras políticas activas o de perfil alto. Está liderado por profesionales del sector privado, sin exministros o diputados en su junta, lo que contribuye a un perfil más técnico y financiero.

Sin embargo, las conexiones indirectas se mantienen, como el caso de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, quien está vinculado a presuntos sobornos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, lo que ha alimentado nuevas sospechas y críticas.​

La fuerte presencia de Quironsalud en la sanidad madrileña, con contratos públicos que suman miles de millones y el sistema de libre elección que facilita la derivación a privados, genera críticas sobre la transparencia, la desinversión en sanidad pública y posibles sobrecostes.

Mientras que la Comunidad de Madrid defiende eficiencia y fiscalización exhaustiva, informes de la Cámara de Cuentas y partidos de oposición señalan riesgos de litigios, opacidad y desviación de fondos.​

Activistas y expertos advierten que estas puertas giratorias facilitan la creación de una élite que beneficia a empresas privadas en detrimento del interés público, cuestionando la independencia y equidad del sistema sanitario.

La polémica se intensifica en un contexto donde la sanidad privada gestiona casi la mitad de los hospitales en España y la pandemia aceleró la derivación al sector privado.​

Quironsalud representa el exponente actual de la relación entre política y sanidad privada en España, donde puertas giratorias, contratos millonarios y un sistema que favorece la privatización generan controversia.

El caso de Fátima Matute ilustra claramente las tensiones ético-políticas entre experiencia sanitaria y posibles conflictos de interés. Por otro lado, la crítica de expertos como José Manuel Freire pone en evidencia la falta de control y la complejidad de un sistema que privilegia lo privado sobre lo público.

Mientras la expansión de Quirón incluye nuevos proyectos de alta tecnología sanitaria, como protonterapia, el debate sobre la permeabilidad entre lo público y privado seguirá presente. Para algunos es un progreso en gestión y calidad; para otros, un negocio opaco que cuesta miles de millones al erario público y socava la sanidad pública.