El escándalo de las mamografías en Andalucía: fallos en la detección precoz del cáncer de mama y un sistema sanitario bajo presión

En las últimas semanas, Andalucía se ha visto sacudida por una polémica que pone en jaque la confianza en su sistema de salud pública. Se trata de un fallo masivo en el programa de cribado de cáncer de mama, donde al menos 2.000 mujeres no recibieron notificación de resultados dudosos en sus mamografías, lo que ha derivado en retrasos de meses o incluso años en diagnósticos y tratamientos.

Este escándalo no es solo un error administrativo: revela profundas disfunciones en la gestión sanitaria, agravadas por recortes, externalizaciones y una priorización cuestionable de recursos que, en última instancia, pone en riesgo vidas.

El cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de mortalidad entre las mujeres en España. Según datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cada año se realizan alrededor de 480.000 mamografías en el programa de detección precoz, dirigido a mujeres de entre 49 y 71 años.

El objetivo es identificar tumores en etapas iniciales, cuando el pronóstico es mucho más favorable. Sin embargo, en casos de resultados «no concluyentes» o con «lesiones posiblemente benignas», el protocolo exige una comunicación inmediata para derivar a pruebas complementarias como ecografías o biopsias.

Aquí es donde falló el sistema: muchas pacientes asumieron que el silencio equivalía a un resultado negativo, pero en realidad, sus mamografías requerían seguimiento urgente. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) ha sido clave en destapar el problema.

Han documentado al menos 50 casos, pero estiman que podrían ser muchos más. Testimonios desgarradores han inundado los medios: mujeres como Charo Castro, de 59 años, que tras una mamografía en septiembre de 2024 no recibió aviso pese a sospechas, y solo detectó un bulto por su cuenta, obligándola a ir a su médico de cabecera. 

Anabel Cano, otra afectada, esperó un año para una llamada que la derivó a una mastectomía, viviendo «muerta en vida» por la incertidumbre. Cristina Fernández, por su parte, se sometió a una mamografía en noviembre de 2023 y no supo de la lesión sospechosa hasta febrero de 2025, cuando notó un bulto.

NO son casos aislados

Estos retrasos no son «aislados», como inicialmente minimizó la Junta de Andalucía: el SAS admitió conocer problemas desde febrero de 2025, y el fallo se remonta al menos tres años atrás. La respuesta oficial llegó tarde y con disculpas tibias.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, lamentó los «errores» y descartó dimisiones, mientras la consejera de Salud, Rocío Hernández, activó llamadas individuales a las 2.000 afectadas y prometió revisar todas las mamografías de los últimos tres años. 

Se habla de un «fallo de comunicación» o «gestión», pero expertos como Rafael Ojeda, del Sindicato Médico de Andalucía, apuntan a causas estructurales: plantillas mermadas, como en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde solo cinco radiólogos analizan miles de pruebas al año.

El programa, iniciado en 1995, ha crecido, pero sin recursos proporcionales: de 332.414 mamografías en 2022 a 484.527 en 2025, con listas de espera crónicas de más de tres años. 

Este no es un problema aislado del cáncer de mama. La oposición y asociaciones como Amama exigen revisar cribados de otros cánceres, como el de colon o próstata, donde retrasos similares podrían estar ocurriendo. 

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha calificado el sistema andaluz de «colapsado e insostenible», destacando cómo los retrasos han empeorado pronósticos y aumentado el sufrimiento. La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias por posible «dejación de funciones», y Amama estudia demandas colectivas. 

La externalización juega un rol siniestro en esta crisis. El cribado no está centralizado y depende de hospitales individuales, muchos con conciertos privados. La Junta mantiene acuerdos con aseguradoras como Asisa por nueve millones de euros para detección precoz, desviando fondos públicos a privados mientras el SAS se desangra.

Empresas como Analiza, con sede en Madrid, gestionan parte de estas pruebas, extrayendo rentas de Andalucía sin asumir responsabilidades. Esto huele a privatización encubierta: mientras el PP amplía el cribado a mujeres de 45-75 años (sumando medio millón más), sin reforzar plantillas, la sanidad pública se convierte en un coladero para el sector privado.

Desde hace años, cuestionamos la eficacia absoluta de las mamografías como herramienta preventiva. Estudios como los del Centro Cochrane indican que el cribado reduce la mortalidad en un 21% relativo, pero solo un 0,1% absoluto, con riesgos de sobrediagnóstico (detectar tumores que no progresarían) y falsos positivos que generan ansiedad y tratamientos innecesarios.

Más no es mejor

En Archives of Internal Medicine, se advierte que los daños pueden superar beneficios en mujeres sanas, incluyendo exposición a radiación y biopsias invasivas. No se trata de rechazar la prevención, sino de exigir que sea rigurosa, informada y sin sesgos comerciales.

En Andalucía, el fallo no es solo logístico: refleja un modelo donde la «prevención» se usa para justificar externalizaciones que priorizan beneficios sobre pacientes. Las afectadas claman justicia. Amama exige depurar responsabilidades y revisar mamografías desde 2020, no solo tres años. 

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) pide respuestas «rápidas y eficaces» para garantizar atención de calidad. Mientras, el Gobierno andaluz anuncia un «plan de choque» y auditorías, pero sin ceses ni elecciones anticipadas.

En este contexto, las víctimas necesitan asesoramiento legal para reclamar indemnizaciones por negligencia.

Casos como estos, donde fallos sistémicos causan daños irreparables, han derivado en demandas exitosas por responsabilidad patrimonial del Estado. Expertos en derecho sanitario pueden evaluar historiales clínicos, demostrar la causalidad entre el retraso y el agravamiento de la enfermedad, y negociar compensaciones por tratamientos adicionales, dolor moral o pérdida de calidad de vida.

En litigios similares, se han obtenido sentencias favorables al documentar la violación de protocolos y el impacto en la salud.

La sanidad pública andaluza, antaño referente, está en crisis: un millón de personas con cronicidad múltiple, listas de espera eternas y externalizaciones que drenan recursos. Este escándalo urge una reflexión profunda sobre priorizar inversión en personal y protocolos sobre privatizaciones.

Si eres una de las mujeres afectadas o conoces casos, documenta todo: podría ser clave para acciones legales que eviten impunidad y mejoren el sistema.