Hace unos días publiqué de nuevo sobre el fármaco Depakine, para la epilepsia y el trastorno bipolar, que es muy peligroso sobre todo para embarazadas. Se calcula que sólo en España pueden haber alrededor de 9.000 mujeres en riesgo de que sus hijos sufran malformaciones de nacimiento y secuelas de por vida. No tardó en contactar conmigo una mujer, M. G., a quien su médico le dijo que no dejara de tomar esas pastillas durante sus dos embarazos y los hijos nacieron con daños que aún hoy padecen.

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La publicación on line El Confidencial ofrece un reportaje sobre los daños en la visión que pueden provocar las intervenciones quirúrgicas con láser. Lo hace bajo el título de Agujas en los ojos y destellos nocturnos: el precio de la cirugía para librarse de las gafas. Los afectados, muy numerosos, hablan de “estafa generalizada”.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido a trámite una denuncia porque España no cumple la directiva de protección de denunciantes de corrupción. Lo hace a instancias del ex trabajador de la farmacéutica Boheringer que ha destapado un caso de posible tráfico de datos personales sanitarios en Andalucía y Extremadura.

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El medicamento Depakine (valproato), fabricado por el laboratorio Sanofi, se utiliza desde hace más de 40 años para la epilepsia. Entre sus graves efectos secundarios están las malformaciones del feto si se toma durante o un poco antes del embarazo. Un prestigioso boletín de información farmacológica recuerda con dureza ahora el escándalo que lo rodea. Lo de sus daños es algo que se sabe desde hace dos décadas pero no se ha hecho nada efectivo para reducir su utilización en mujeres en edad fértil (en España puede haber 9.000 mujeres en riesgo).

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El diario on line El Confidencial publica hoy que la Audiencia Nacional ha comenzado las diligencias necesarias para un procedimiento que puede llevar a otro plano la batalla legal de las usuarias del fármaco Agreal, retirado en 2005 por sus graves daños. Por primera vez, una Asociación de Afectadas pide responsabilidad penal al Grupo Sanofi, con sede en Francia. Es el resultado de una querella interpuesta por nuestro Bufete Almodóvar & Jara ante un tribunal valenciano que, dado el alcance de la causa, se ha inhibido a favor del tribunal central.

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