Joel Salatin es un granjero “diferente” cuyo último libro se titula Esto no es normal (Editorial Diente de león). En el subtítulo hace toda una declaración de intenciones: “Recomendaciones de un granjero que ama a los animales”. Salatin ha venido a nuestro país para ofrecer varias conferencias sobre los modos de conseguir proyectos de agricultura y ganadería ecológicos, como él hace en su granja centenaria de Virginia (Estados Unidos).

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Los “disruptores endocrinos” son sustancias químicas tóxicas que interfieren en el normal desarrollo de las glándulas, en las funciones cognitivas y en el metabolismo. Imitan a nuestras hormonas favoreciendo el “desajuste” de múltiples sistemas de nuestro organismo. Buena parte de ellas son plaguicidas usados en la agricultura (la que los utiliza pues la ecológica no lo hace) y están pensados para actuar contra los organismos a los que pretenden combatir, pero también pueden dañar a otros seres vivos.

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Hace unos días publiqué de nuevo sobre el fármaco Depakine, para la epilepsia y el trastorno bipolar, que es muy peligroso sobre todo para embarazadas. Se calcula que sólo en España pueden haber alrededor de 9.000 mujeres en riesgo de que sus hijos sufran malformaciones de nacimiento y secuelas de por vida. No tardó en contactar conmigo una mujer, M. G., a quien su médico le dijo que no dejara de tomar esas pastillas durante sus dos embarazos y los hijos nacieron con daños que aún hoy padecen.

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La publicación on line El Confidencial ofrece un reportaje sobre los daños en la visión que pueden provocar las intervenciones quirúrgicas con láser. Lo hace bajo el título de Agujas en los ojos y destellos nocturnos: el precio de la cirugía para librarse de las gafas. Los afectados, muy numerosos, hablan de “estafa generalizada”.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido a trámite una denuncia porque España no cumple la directiva de protección de denunciantes de corrupción. Lo hace a instancias del ex trabajador de la farmacéutica Boheringer que ha destapado un caso de posible tráfico de datos personales sanitarios en Andalucía y Extremadura.

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