Un médico de Medellín (Colombia), Carlos Sosa, acusa a Michael Repacholi, máximo responsable medioambiental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de crimen contra la Humanidad, nada menos. Este doctor participa además en una campaña para someter a Repacholi a la justicia internacional acusado de los citados cargos.
Repacholi ha sido durante muchos años director del ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante), dependiente de la OMS. Esta persona es para muchos especialistas en campos electromagnéticos y la contaminación que desprenden, el mayor lobbista del sector eléctrico y de las telecomunicaciones.

 

Carlos Sosa (izq) y M. Repacholi (Dcha)
 
Sosa es electrosensible, un enfermo del llamado Síndrome de las microondas, provocado por los aparatos eléctricos, las redes de alta tensión, los transformadores eléctricos o las antenas de telefonía móvil y los propios teléfonos. También denominada Enfermedad de las radiofrecuencias, se caracteriza por provocar en sus afectados fatiga, irritabilidad, insomnio, cefaleas, nerviosismo, mareos y vértigos, pérdida de reflejos y de memoria, retardo en la toma de decisiones o zumbidos en los oídos. Pero también se ha demostrado que la contaminación electromagnética puede romper la cadena del ADN y producir cáncer.
 
El médico colombiano acusa a Repacholi de conocer incluso antes que se pusiera en marcha la tecnología de la telefonía móvil los daños que esta puede provocar, por la contaminación electromagnética que despide, y de no haber trabajado para aplicar el principio de precaución y proteger a la ciudadanía.
 
No sólo eso, sino que Sosa y otros muchos especialistas indican que Repacholi trabaja a favor de los grupos de presión o lobbies de la industria que se beneficia de estas tecnologías.


Existe una campaña mundial para llevar a Michael Repacholi ante los Tribunales de Justicia internacionales acusado de crímenes contra la Humanidad

“La Organización Mundial de la Salud, hace años una institución muy seria y respetable, fue comprada en 1996 por el director anterior del ICNIRP, Michael Repacholi. El ICNIRP es una organización privada que fue constituida para proteger los intereses privados de la industria americana y europea de la
telefonía celular”, argumenta Sosa.En 1973, la OMS celebró un congreso internacional en Varsovia bajo los auspicios del gobierno de Polonia y de la FDA (Food and Drugs Administration, la Agencia del Medicamento estadounidense). Los resultados de este evento fueron publicados en el libro titulado Efectos biológicos y peligros para la salud de la radiación de las microondas. “Repacholi reveló recientemente que hasta la mitad de los fondos del proyecto de investigación sobre campos electromagnéticos y su afección a la salud humana de la OMS procedían de la industria de la telefonía móvil”.

Edificio y antena de Telefónica en Collado Villalba (Madrid), ubicado en la calle principal y rodeado de viviendas

Así lo ha reconocido incluso en un diario español, El Periódico de Aragón. Repacholi le explica al periodista que le entrevista: “La OMS lleva 20 o 30 años estudiando sobre la posible relación (de los campos electromagnéticos) con el cáncer. Y para ello ya se han gastado millones de dólares en investigación”. El periodista, con buen criterio, le pregunta: “¿quién financia estos trabajos?”. Él contesta: “Las operadoras de telefonía pagan una parte importante de la investigación, que la OMS se encarga de coordinar. Bueno, en el caso del tabaco también las tabacaleras han pagado la mayoría de los estudios”. Su entrevistador le precisa: “Creo que no es un buen ejemplo, porque está demostrado que el tabaco produce cáncer”.

Continuará…

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La noticia se ha publicado hasta en El País. Ya lo sabréis a estas alturas. Trataré de contaros algunas otras cosas que no se publican y/o que no se investigarán. “La Comisión Europea anunció ayer la puesta en marcha de una investigación a gran escala -redadas y registros incluidos- para averiguar si las grandes empresas farmacéuticas violan el derecho de competencia comunitario aferrándose a sus patentes y retrasando de forma indebida la salida al mercado de medicamentos genéricos”, según el que era diario independiente de la mañana.
A las autoridades europeas de Competencia les parece chocante que durante los últimos años los laboratorios farmacéuticos han puesto muchos menos medicamentos supuestamente innovadores en el mercado que lustros atrás. También, que muchos fármacos genéricos (con el mismo principio activo que los de marca pero mucho más baratos, en general, que los primeros al estar vencida la patente) no llegan a comercializarse con la debida rapidez, cuando no que directamente no aparecen.
Con respecto a lo primero, los propios portavoces de la patronal farmacéutica reconocen que es cierto que cada año les cuesta más encontrar nuevos medicamentos innovadores. No hay nada raro en ello, es verdaderamente difícil encontrar año tras año muchos fármacos innovadores de verdad.
 
Pero una de las cosas que podía investigarse es si los fármacos que son patentados como nuevos son nuevos pues la mayoría son copias de otros ya existentes que no presentan novedad terapéutica de importancia. Y esto sí que es un fraude pues se venden a altos precios como “nuevos ” productos que no merecen tal consideración.
 
Llama la atención que pese a que desde la Comisión Europea no han confirmado qué laboratorios son los investigados, la Agencia Reuters cita a Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK), AstraZeneca, Johnson&Johnson, Merck y Sanofi Aventis.
 
Curioso porque hay muchos laboratorios farmacéuticos en el mundo con muy diferentes prácticas empresariales, como es lógico, pero estos están entre los doce que escogí para dedicarles un capítulo a cada uno en el segundo bloque de mi libro Traficantes de salud y que titulé Crímenes corporativos, que abunda en las prácticas irregulares de los mismos.
 
Con respecto a si ciertas farmacéuticas han intentado que se retrase la comercialización como genéricos de sus principios activos una vez vencida la patente de los mismos no puede extrañar, no es la primera vez que ocurre. Por poner un ejemplo en el que haya estado implicada alguna de las que Reuters dice que son investigadas ahora: GSK perdió hace unos años en un Tribunal de Chicago un caso que involucraba una patente estadounidense de su fármaco estrella, el antidepresivo Paxil, también conocido como Seroxat, Paroxet o Aropax.
 El periódico financiero The Wall Street Journal publicó: “el fallo significa que Paxil, que registró ventas de 3.250 millones de dólares el año pasado, podría enfrentar la competencia de imitaciones más baratas en 2004, dos años antes de lo previsto”. La sentencia mantiene que una versión genérica de Paxil, fabricada por la empresa canadiense Apotex Inc., no infringe la patente de Glaxo. La licencia de Paxil en Europa ha estado vigente hasta el año 2006.
 
Pero poco antes de acabar 2003 ya las compañías GlaxoSmithKline y Boehringer Ingelheim concedieron tras fuertes presiones sociales nuevas licencias en Sudáfrica para la fabricación de medicamentos genéricos contra el VIH/SIDA. Las dos multinacionales estaban conminadas a ello por la Comisión Sudafricana sobre Competencia. Ésta estaba dispuesta a que los responsables de las compañías declarasen ante el juez en caso de no ceder sus patentes.
 Aplicando la lógica capitalista estas compañías no sueltan sus patentes por nada del mundo. Es lícito que aprovechen al máximo sus inventos. Pero no que traten de retrasar por cualquier medio posible la introducción de genéricos. Más grave es que nieguen el derecho al acceso a medicamentos de las poblaciones empobrecidas.
 
Dentro del grupo de escapados del pelotón farmacéutico multinacional, cuidado con Sanofi Aventis. No lo digo por los varios miles de denuncias que tienen interpuestas en los tribunales por el fármaco Agreal. No. Lo digo porque es mala compañera de escapada. La firma tiene el dudoso honor de ser la primera empresa no estadounidense sentenciada por defraudar a la FDA. También ha recibido una de las multas más altas impuesta en un juicio sobre medicamentos, 33 millones de dólares. Aventis admitió los cargos de conspiración e importación de medicamentos adulterados con intención de defraudar al Departamento de Justicia de Maryland (EE.UU.).
 
Lo de las escapadas va porque durante en su carrera, Aventis ha creado o participado en lobbies a los que luego ha traicionado colaborando con la Justicia para librarse de una sanción mayor. Así lo hizo cuando la Comisión Europea multó a Degussa AG y Nippon Soda Company con 118 y nueve millones de euros respectivamente, por participar junto con Aventis, en un cártel de fijación de precios de la metionina (un aminoácido utilizado en piensos para aves de corral y cerdos).
 A Aventis se le concedió plena inmunidad ante una posible sanción porque reveló la existencia del lobby a la Comisión y proporcionó pruebas determinantes sobre su funcionamiento. La multinacional francoalemana también formó parte de un lobby de vitaminas creado por ocho compañías multado con casi 800 millones de dólares.
 
En aquella ocasión la instigadora de estos negocios ilegales fue Roche pero Aventis volvió a traicionar a sus competidoras colaborando en la investigación, que duró dos años, para así lograr la anhelada inmunidad jurídica.
 
Otro cantar o muy parecido es el de las “redadas” en las sedes de las farmacéuticas. Tampoco es la primera vez que ocurre en Europa, por desgracia. La policía italiana descubrió en 2004 la concesión de comisiones ilegales y regalos a miles de médicos italianos por parte de la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline como premio por recetar sus productos a los pacientes. En la operación fueron denunciados más de 4.000 médicos.
 
Varios meses antes otro fiscal, esta vez alemán, relacionó a 1.600 médicos de dicho país con la obtención de importantes regalos de GSK. Otros 5.000 galenos del país germano se sospechaba que podían incurrir en las mismas faltas. Más de 380 visitadores médicos de SmithKlineBeecham fueron acusados de soborno.

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¿Sabían que la de médico es una de las profesiones con mayor índice de suicidio? Pues así es. Estrés, horarios de trabajo infinitos, salarios bajos para la enorme responsabilidad que detentan (de los más bajos de Europa en relación a sus compañeros), son algunos de los motivos que llevan a los galenos a quitarse la vida.
A ellas hay que añadir la exagerada burocracia que rodea a su desempeño o la alienación que supone no disponer de tiempo para escuchar a los ciudadanos en la consulta, así como las presiones que reciben de los laboratorios farmacéuticos para ser meras máquinas extienderecetas.
La profesión médica encara cada vez más problemas. El suicido de los galenos es una de sus consecuencias
 
Este es uno más de los síntomas de que el sistema sanitario actual está enfermo. No son pocos los trabajos científicos que documentan la práctica del suicidio entre los profesionales sanitarios. El estudio El proceso de las intenciones suicidas entre los médicos: Factores predictores en una muestra longitudinal noruega, publicado en junio de 2004 en el Journal of Affective Disorders, así lo indica.
De manera triste aunque curiosa, los suicidios se producen dos veces más entre el colectivo de los veterinarios. Una de las causas es la visión que se tiene en la medicina veterinaria sobre la eutanasia, una manera de terminar con el sufrimiento de los animales, fundamenta la literatura científica publicada.
 
No deja de ser curioso también que las mujeres sanitarias se suicidan mucho más que sus compañeros de oficio. Así lo argumenta un trabajo publicado en la prestigiosa revista médica Journal of American Medical Association (JAMA). El trabajo tiene un título elocuente: Suicidio en doctores (JAMA 2001 May;55:296-300).
 
Los estudiosos están preocupados porque el suicidio es mayor en las doctoras, cada vez más representadas en el sistema sanitario
 
Otro trabajo científico realizado por el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Oxford, que lleva por título Mortalidad en los médicos de diferentes especialidades, publicado en la revista Occupational and Environmental Medicine, (Vol 54, 388-395) abunda en lo mismo; las enormes tasas de suicido de las mujeres dedicadas a la medicina.
 
Dentro del colectivo médico, uno de los especialistas que más se quitan la vida son los psiquiatras y es que no deja de ser paradójico que los trabajos científicos digan que los sanitarios presentan numerosos problemas mentales derivados de su práctica laboral.
En 2003, de nuevo JAMA publicó un estudio llamado Enfrentando la depresión y el suicido en los psiquiatras (JAMA.2003;289:3161-3166.), que concluye que los psiquiatras no reciben un tratamiento sanitario adecuado.

Pero por si todos estos trabajos no fueran suficientes, la Asociación Americana de Psiquiatras publicó en diciembre de 2004 en su revista un metanálisis (un estudio de estudios ya realizados) bajo el nombre de Las tasas de suicidio entre los médicos (Am J Psychiatry 161:2295-2302, December 2004). El documento vuelve a reconocer tasas de suicidio “muy elevadas” entre los médicos en comparación con las de la población en general.

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En breve, una de las grandes televisiones que operan en España vuelve a emitir uno de sus programas dedicados al periodismo de investigación y denuncia. En esta ocasión, el reportaje, de formato largo, versará sobre medicamentos, aunque con un resultado, desde mi punto de vista, confuso; la mezcla de temas no ha sido afortunada.
 
Uno de los asuntos que tratará este espacio es el del producto Bio-Bac, ahora denominado Renoven (que puede comercializarse en toda la Unión Europea libremente como complemento dietético aunque no como medicamento, todavía).

Para variar, y ahora explicaré por qué, que de eso se trata, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), máxima autoridad española en el control de los fármacos, rehusó participar, dar su opinión, en este documental que está en edición.

La AEMPS está dirigida en la actualidad por Cristina Avendaño, una de las personas clave en la persecución que llevó a cabo el Ministerio de Sanidad contra el productor de Bio-Bac (de esto hace ya más de cinco años), con las terribles consecuencias que ello conllevó.
 
El día 6 de marzo de 1992, Avendaño, era asesora de la Dirección General de Farmacia y funcionaria de la Subdirección General de Evaluación del Ministerio de Sanidad y Consumo. Entonces, recibió un fax de Francisco Salmerón, jefe de la División de Productos Biológicos de la AEMPS y encargado de analizar los elementos procesales en los que basa la denuncia de la Agencia contra Bio-Bac -la existencia de psicotropos y hormonas del crecimiento (Orfidal y Humatrope) en la composición del producto. Estos atentarían contra la salud pública, según las autoridades. Salmerón, por cierto, ni buscó esas pruebas.
 
El caso es que en el fax indica textualmente: “He recibido tu fax del producto FR-91 (así se denominaba Bio-Bac durante los ensayos clínicos) y no parece muy adecuado el texto. No obstante pienso que un toque de las ‘alturas’, o en su defecto un ‘encantamiento’ podrían ser muy eficaces”.
A pie del citado documento, la propia Avendaño anotó de puño y letra una aclaración: “Se refiere a que Rovi (laboratorio garante) se desentienda del tema y deje a Chacón + (así en el original) indefenso ante la Administración”.
 
Cuando intenté ponerme en contacto con Cristina Avendaño para racabar su versión de los hechos y plasmarla en mi libro Traficantes de salud, ella, a través del Departamento de Prensa del Ministerio de Sanidad (yo primero había intentado la vía corta de lograr que su amable secretaria me pasara con ella directamente), dijo que no tenía nada que explicar hasta que se celebrase el juicio.
 
La Justicia en España es lenta, se sabe, pero es que la intervención policial y administrativa contra los productores de Bio-Bac, de unas dimensiones desconocidas en nuestro país para casos similares, data de octubre de 2002. Cinco años largos en los que los diversos jueces que han tenido el asunto sobre su mesa no han conseguido pasar de las diligencias previas.
 
Desde luego, el juicio se está haciendo esperar. A ver si es posible que disfrutemos del mismo en este siglo, porque creo que vamos a disfrutar. No nos vamos a aburrir. Y de paso nos enteraremos de qué sucedió.

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Hace ahora poco más de un año, el 13 de noviembre de 2006, las organizaciones Centaurea, Comisiones Obreras (CC.OO.) de Ávila, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción de Castilla y León y Cantueso y Grama, denunciaron en los Tribunales de Justicia el proyecto de macrourbanización “Ciudad del Golf” en Las Navas del Marqués (Ávila).
 
El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Ávila aceptó la denuncia e inició la investigación de este caso. El escándalo urbanístico de la “Ciudad del Golf” en Las Navas del Marqués continúa su periplo en los juzgados. Entre el 15 de enero y el 6 de febrero declararán los 14 nuevos imputados. Todos ellos pertenecen a altas instancias administrativas de Ávila y de la Junta de Castilla y León, como la Consejería de Medio Ambiente, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila o la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila. Entre los testigos que deberán acudir a los tribunales está el Viceconsejero de Desarrollo Sostenible de la Consejería.

Manifestación contra la especulación urbanística en Las Navas del Marqués (Foto: R. Muñoz)

El calendario y los protagonistas imputados es el siguiente: Martes 15 de enero, Juzgado nº 2 de Ávila. Sabas Yagüe Bosch, Jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas y Jefe de la Sección de Ordenación y Mejora del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, en la época en que ocurrieron los hechos, quien compareció inicialmente ante el Juez en condición de testigo y ha pasado ahora a ser llamado en concepto de imputado.
 
Juan Manuel Pardo Notoria, el entonces Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila y a su vez Presidente de la Ponencia Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental de Ávila y también vocal de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila. Arturo Menduiña Martín, Jefe de la Sección de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Servicio Territorial de Fomento de Ávila, que actuó como Ponente de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila y de la Ponencia Técnica preparatoria de dicha Comisión.
 
El miércoles 16 de enero será el turno de José Cubillo Velasco, en aquel entonces miembro de la Comisión de Urbanismo de Ávila (por ser Jefe de Servicio Territorial de Cultura) y quien, como los demás imputados de esta Comisión, votó a favor de las reclasificaciones como suelo urbanizable de terrenos pertenecientes a la Zona de eSpecial Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario (ZEPA/LIC) “Pinares el Bajo Alberche” y a Zona de Importancia para la Cigüeña Negra “Núcleo del Alberche”.
Tertulino Fernández González, en aquel entonces miembro de la Comisión de Urbanismo de Ávila en representación de la Administración Periférica del Estado. José Crespo Oleaga, que fue miembro de la Comisión de Urbanismo de Ávila en representación del Área de Fomento de Castilla y León.
 
El lunes 21 de enero, irá a declarar Miguel Ángel Jiménez Herrero, en aquel entonces miembro de la Comisión de Urbanismo de Ávila en representación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ávila. Juan Antonio Chamorro Sánchez, que era vocal de libre designación de la Comisión de Urbanismo de Ávila.
 
Ignacio Rodríguez, también por entonces vocal de libre designación de la Comisión de Urbanismo de Ávila. Y José Antonio Pérez Suárez, que era miembro de la Comisión de Urbanismo de Ávila en representación de la Diputación de Ávila.
 
El 23 de enero, en esta ocasión en el Juzgado nº 5 de Valladolid, hablará Noelia Díez Herrezuelo, Técnico Jurídico del Servicio Territorial de Fomento de Ávila y Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila y de la Ponencia Técnica preparatoria de dicha Comisión. Yolanda Lorenzo Toledo, que era miembro de la Comisión de Urbanismo de Ávila (por ser Jefa del Servicio Territorial de Fomento).

Imagen de las talas realizadas en los pinares de la localidad para intentar construir la “Ciudad del Golf” (Foto: Centaurea)

El 24 de enero, también en Valladolid, el juez tomará declaración a José Ignacio Molina García, Jefe del Sección de Especies Protegidas de la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, quien también compareció inicialmente ante el Juez en condición de testigo y ha pasado ahora a ser llamado en concepto de imputado. José Ángel Arranz Sanz, en su día Jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente y ahora Director General de Medio Natural de esa Consejería.
 
El promotor inmobiliario Francisco Gómez (El Paloma), también incluido en la última tanda de imputados, fue citado inicialmente para declarar en Murcia el pasado 12 de febrero, pero ha pedido declarar en Ávila y el Juzgado aún no se ha pronunciado al respecto.
 
Como testigos pasarán por los tribunales: el 6 de febrero, en el Juzgado nº 5 de Valladolid, José Manuel Jiménez Blázquez, el entonces Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente, y hoy Viceconsejero de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente. María Gavilán Pimentel, Letrada de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Medio Ambiente. Juan Ignacio Ruiz de Alda Moreno, representante legal de Unión Resinera Española (LURESA) en la escritura de compraventa entre Montes de las Navas y LURESA, está pendiente de que los Juzgados de Madrid señalen fecha y comuniquen al Juzgado de Ávila el día y la hora de la misma.

La Sierra de Guadarrama es desde hace décadas objeto de la codicia de los especuladores urbanísticos que cuentan en muchos casos con el visto bueno de las administraciones públicas

En cuanto a Santiago Valero Montes (Ingeniero jubilado del Servicio Territorial de Medio Ambiente) y Elia Mardones Fuente (ex funcionaria del Servicio Territorial de Medio Ambiente) todavía no han podido ser citados porque ha habido problemas con sus direcciones postales y habían sido citados en Ávila donde ya no residen, por lo que se va a proponer que se les requiera en Madrid, donde ahora tienen su residencia.

En el caso de Guiomar Sánchez Guinea, antigua Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, ésta no ha podido ser citada aún por seguir en paradero desconocido.

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