¿Sabían que la de médico es una de las profesiones con mayor índice de suicidio? Pues así es. Estrés, horarios de trabajo infinitos, salarios bajos para la enorme responsabilidad que detentan (de los más bajos de Europa en relación a sus compañeros), son algunos de los motivos que llevan a los galenos a quitarse la vida.
A ellas hay que añadir la exagerada burocracia que rodea a su desempeño o la alienación que supone no disponer de tiempo para escuchar a los ciudadanos en la consulta, así como las presiones que reciben de los laboratorios farmacéuticos para ser meras máquinas extienderecetas.
La profesión médica encara cada vez más problemas. El suicido de los galenos es una de sus consecuencias
 
Este es uno más de los síntomas de que el sistema sanitario actual está enfermo. No son pocos los trabajos científicos que documentan la práctica del suicidio entre los profesionales sanitarios. El estudio El proceso de las intenciones suicidas entre los médicos: Factores predictores en una muestra longitudinal noruega, publicado en junio de 2004 en el Journal of Affective Disorders, así lo indica.
De manera triste aunque curiosa, los suicidios se producen dos veces más entre el colectivo de los veterinarios. Una de las causas es la visión que se tiene en la medicina veterinaria sobre la eutanasia, una manera de terminar con el sufrimiento de los animales, fundamenta la literatura científica publicada.
 
No deja de ser curioso también que las mujeres sanitarias se suicidan mucho más que sus compañeros de oficio. Así lo argumenta un trabajo publicado en la prestigiosa revista médica Journal of American Medical Association (JAMA). El trabajo tiene un título elocuente: Suicidio en doctores (JAMA 2001 May;55:296-300).
 
Los estudiosos están preocupados porque el suicidio es mayor en las doctoras, cada vez más representadas en el sistema sanitario
 
Otro trabajo científico realizado por el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Oxford, que lleva por título Mortalidad en los médicos de diferentes especialidades, publicado en la revista Occupational and Environmental Medicine, (Vol 54, 388-395) abunda en lo mismo; las enormes tasas de suicido de las mujeres dedicadas a la medicina.
 
Dentro del colectivo médico, uno de los especialistas que más se quitan la vida son los psiquiatras y es que no deja de ser paradójico que los trabajos científicos digan que los sanitarios presentan numerosos problemas mentales derivados de su práctica laboral.
En 2003, de nuevo JAMA publicó un estudio llamado Enfrentando la depresión y el suicido en los psiquiatras (JAMA.2003;289:3161-3166.), que concluye que los psiquiatras no reciben un tratamiento sanitario adecuado.

Pero por si todos estos trabajos no fueran suficientes, la Asociación Americana de Psiquiatras publicó en diciembre de 2004 en su revista un metanálisis (un estudio de estudios ya realizados) bajo el nombre de Las tasas de suicidio entre los médicos (Am J Psychiatry 161:2295-2302, December 2004). El documento vuelve a reconocer tasas de suicidio “muy elevadas” entre los médicos en comparación con las de la población en general.

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En breve, una de las grandes televisiones que operan en España vuelve a emitir uno de sus programas dedicados al periodismo de investigación y denuncia. En esta ocasión, el reportaje, de formato largo, versará sobre medicamentos, aunque con un resultado, desde mi punto de vista, confuso; la mezcla de temas no ha sido afortunada.
 
Uno de los asuntos que tratará este espacio es el del producto Bio-Bac, ahora denominado Renoven (que puede comercializarse en toda la Unión Europea libremente como complemento dietético aunque no como medicamento, todavía).

Para variar, y ahora explicaré por qué, que de eso se trata, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), máxima autoridad española en el control de los fármacos, rehusó participar, dar su opinión, en este documental que está en edición.

La AEMPS está dirigida en la actualidad por Cristina Avendaño, una de las personas clave en la persecución que llevó a cabo el Ministerio de Sanidad contra el productor de Bio-Bac (de esto hace ya más de cinco años), con las terribles consecuencias que ello conllevó.
 
El día 6 de marzo de 1992, Avendaño, era asesora de la Dirección General de Farmacia y funcionaria de la Subdirección General de Evaluación del Ministerio de Sanidad y Consumo. Entonces, recibió un fax de Francisco Salmerón, jefe de la División de Productos Biológicos de la AEMPS y encargado de analizar los elementos procesales en los que basa la denuncia de la Agencia contra Bio-Bac -la existencia de psicotropos y hormonas del crecimiento (Orfidal y Humatrope) en la composición del producto. Estos atentarían contra la salud pública, según las autoridades. Salmerón, por cierto, ni buscó esas pruebas.
 
El caso es que en el fax indica textualmente: “He recibido tu fax del producto FR-91 (así se denominaba Bio-Bac durante los ensayos clínicos) y no parece muy adecuado el texto. No obstante pienso que un toque de las ‘alturas’, o en su defecto un ‘encantamiento’ podrían ser muy eficaces”.
A pie del citado documento, la propia Avendaño anotó de puño y letra una aclaración: “Se refiere a que Rovi (laboratorio garante) se desentienda del tema y deje a Chacón + (así en el original) indefenso ante la Administración”.
 
Cuando intenté ponerme en contacto con Cristina Avendaño para racabar su versión de los hechos y plasmarla en mi libro Traficantes de salud, ella, a través del Departamento de Prensa del Ministerio de Sanidad (yo primero había intentado la vía corta de lograr que su amable secretaria me pasara con ella directamente), dijo que no tenía nada que explicar hasta que se celebrase el juicio.
 
La Justicia en España es lenta, se sabe, pero es que la intervención policial y administrativa contra los productores de Bio-Bac, de unas dimensiones desconocidas en nuestro país para casos similares, data de octubre de 2002. Cinco años largos en los que los diversos jueces que han tenido el asunto sobre su mesa no han conseguido pasar de las diligencias previas.
 
Desde luego, el juicio se está haciendo esperar. A ver si es posible que disfrutemos del mismo en este siglo, porque creo que vamos a disfrutar. No nos vamos a aburrir. Y de paso nos enteraremos de qué sucedió.

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Hace ahora poco más de un año, el 13 de noviembre de 2006, las organizaciones Centaurea, Comisiones Obreras (CC.OO.) de Ávila, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción de Castilla y León y Cantueso y Grama, denunciaron en los Tribunales de Justicia el proyecto de macrourbanización “Ciudad del Golf” en Las Navas del Marqués (Ávila).
 
El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Ávila aceptó la denuncia e inició la investigación de este caso. El escándalo urbanístico de la “Ciudad del Golf” en Las Navas del Marqués continúa su periplo en los juzgados. Entre el 15 de enero y el 6 de febrero declararán los 14 nuevos imputados. Todos ellos pertenecen a altas instancias administrativas de Ávila y de la Junta de Castilla y León, como la Consejería de Medio Ambiente, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila o la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila. Entre los testigos que deberán acudir a los tribunales está el Viceconsejero de Desarrollo Sostenible de la Consejería.

Manifestación contra la especulación urbanística en Las Navas del Marqués (Foto: R. Muñoz)

El calendario y los protagonistas imputados es el siguiente: Martes 15 de enero, Juzgado nº 2 de Ávila. Sabas Yagüe Bosch, Jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas y Jefe de la Sección de Ordenación y Mejora del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, en la época en que ocurrieron los hechos, quien compareció inicialmente ante el Juez en condición de testigo y ha pasado ahora a ser llamado en concepto de imputado.
 
Juan Manuel Pardo Notoria, el entonces Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila y a su vez Presidente de la Ponencia Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental de Ávila y también vocal de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila. Arturo Menduiña Martín, Jefe de la Sección de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Servicio Territorial de Fomento de Ávila, que actuó como Ponente de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila y de la Ponencia Técnica preparatoria de dicha Comisión.
 
El miércoles 16 de enero será el turno de José Cubillo Velasco, en aquel entonces miembro de la Comisión de Urbanismo de Ávila (por ser Jefe de Servicio Territorial de Cultura) y quien, como los demás imputados de esta Comisión, votó a favor de las reclasificaciones como suelo urbanizable de terrenos pertenecientes a la Zona de eSpecial Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario (ZEPA/LIC) “Pinares el Bajo Alberche” y a Zona de Importancia para la Cigüeña Negra “Núcleo del Alberche”.
Tertulino Fernández González, en aquel entonces miembro de la Comisión de Urbanismo de Ávila en representación de la Administración Periférica del Estado. José Crespo Oleaga, que fue miembro de la Comisión de Urbanismo de Ávila en representación del Área de Fomento de Castilla y León.
 
El lunes 21 de enero, irá a declarar Miguel Ángel Jiménez Herrero, en aquel entonces miembro de la Comisión de Urbanismo de Ávila en representación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ávila. Juan Antonio Chamorro Sánchez, que era vocal de libre designación de la Comisión de Urbanismo de Ávila.
 
Ignacio Rodríguez, también por entonces vocal de libre designación de la Comisión de Urbanismo de Ávila. Y José Antonio Pérez Suárez, que era miembro de la Comisión de Urbanismo de Ávila en representación de la Diputación de Ávila.
 
El 23 de enero, en esta ocasión en el Juzgado nº 5 de Valladolid, hablará Noelia Díez Herrezuelo, Técnico Jurídico del Servicio Territorial de Fomento de Ávila y Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila y de la Ponencia Técnica preparatoria de dicha Comisión. Yolanda Lorenzo Toledo, que era miembro de la Comisión de Urbanismo de Ávila (por ser Jefa del Servicio Territorial de Fomento).

Imagen de las talas realizadas en los pinares de la localidad para intentar construir la “Ciudad del Golf” (Foto: Centaurea)

El 24 de enero, también en Valladolid, el juez tomará declaración a José Ignacio Molina García, Jefe del Sección de Especies Protegidas de la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, quien también compareció inicialmente ante el Juez en condición de testigo y ha pasado ahora a ser llamado en concepto de imputado. José Ángel Arranz Sanz, en su día Jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente y ahora Director General de Medio Natural de esa Consejería.
 
El promotor inmobiliario Francisco Gómez (El Paloma), también incluido en la última tanda de imputados, fue citado inicialmente para declarar en Murcia el pasado 12 de febrero, pero ha pedido declarar en Ávila y el Juzgado aún no se ha pronunciado al respecto.
 
Como testigos pasarán por los tribunales: el 6 de febrero, en el Juzgado nº 5 de Valladolid, José Manuel Jiménez Blázquez, el entonces Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente, y hoy Viceconsejero de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente. María Gavilán Pimentel, Letrada de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Medio Ambiente. Juan Ignacio Ruiz de Alda Moreno, representante legal de Unión Resinera Española (LURESA) en la escritura de compraventa entre Montes de las Navas y LURESA, está pendiente de que los Juzgados de Madrid señalen fecha y comuniquen al Juzgado de Ávila el día y la hora de la misma.

La Sierra de Guadarrama es desde hace décadas objeto de la codicia de los especuladores urbanísticos que cuentan en muchos casos con el visto bueno de las administraciones públicas

En cuanto a Santiago Valero Montes (Ingeniero jubilado del Servicio Territorial de Medio Ambiente) y Elia Mardones Fuente (ex funcionaria del Servicio Territorial de Medio Ambiente) todavía no han podido ser citados porque ha habido problemas con sus direcciones postales y habían sido citados en Ávila donde ya no residen, por lo que se va a proponer que se les requiera en Madrid, donde ahora tienen su residencia.

En el caso de Guiomar Sánchez Guinea, antigua Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, ésta no ha podido ser citada aún por seguir en paradero desconocido.

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Inglés *English version

Para las personas que no pudieron ver ayer los telediarios de Tele5 (el de el mediodía y el de por la noche), y también para los que los vieron y quieren saber más del tema o ver de nuevo los videos, los mostramos abajo de estas líneas. Damos las gracias a VSG de Valencia, colaborador de la web El Proyecto Matriz, que se trabajó a la velocidad del viento su captura y posterior distribución en Goggle Videos.

 

http://video.google.com/videoplay?docid=-521523247930083809

 

El reportaje de Informativos Tele5, firmado por Sandra Mir, creo que de alguna manera hace historia pues muy pocas veces una televisión importante emite un reportaje de dos minutos incluido dentro de sus telediarios dedicado a un tema tan comprometido: el soborno de médicos por parte de los laboratorios farmacéuticos.
 

 

Salvo por un par de revistas que han publicado sobre el mismo, Interviú y Discovery DSALUD –con un trabajo mío similar-, este asunto es uno de los temas tabú del sistema sanitario: Algo que “todo el mundo sabe” pero nadie conoce con pruebas. Cuando hablas con otras personas “todas” parecen conocer que muchas empresas farmacéuticas ofrecen regalos de todo tipo a los galenos para que receten sus productos. Pero si dicha práctica es ilegal (la Ley del Medicamento puesta en práctica en junio de 2006 en España prohíbe rigurosamente hasta el más pequeño detalle hacia los sanitarios), más abominable es, si cabe, que se ofrezca dinero a los médicos.
Estas prácticas cabe recordar que están incluso perseguidas, al menos en teoría, en el Código Deontológico de las propias patronales farmacéuticas, como el que publicó Farmaindustria (patronal española) hace unos años. El trabajo de Mir e Informativos Tele5 deja en evidencia que hoy se está comprando la voluntad de aquellos que se comprometieron en su día a trabajar por la salud de los ciudadanos.

 

http://video.google.com/videoplay?docid=-5058554785203630058

 

Es más, la redactora ha mostrado de manera inteligente algunas de las graves consecuencias -no todas, supongo que por falta de espacio-, que esta corrupción sistematizada conlleva: los laboratorios están consiguiendo que de manera mayoritaria los médicos receten fármacos de marca antes que genéricos, algo que las leyes hechas en la última legislatura en España intentaban combatir. El fracaso de la Administración sanitaria es rotundo (Admisnitración que conoce perfectamente la práctica del “tarugueo”, como se conoce al sobornar a los galenos) y mira para otro lado como si nada pasase.

 

 


 

Pero además, el tarugueo pone en peligro la salud de las personas pues al propiciar la receta de los medicamentos más nuevos se apuesta por fármacos menos conocidos que los genéricos, que llevan más tiempo en el mercado y por ello podemos conocer su eficacia y seguridad. En los últimos tiempos están retirándose muchos medicamentos relactivamente nuevos por fallos en su seguridad.
El trabajo periodístico ha dejado bien claro que el sistema sanitario está totalmente controlado por ciertos laboratorios y que prima el interés económico de estos por encima de la salud de las personas, como argumentan el propio visitador médico y el médico entrevistados. No podemos dejar de comentar la nota final del reportaje: algunos médicos se están organizando por la ética de su profesión al no tener claro para quién trabajan, si para las personas o para los intereses industriales, dicen.

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El año 2007 ha sido el mejor, qué duda cabe, para la empresa más importante de Extremadura, el Grupo Alfonso Gallardo, que impulsa la construcción de una planta de refino de derivados del petróleo, Refinería Balboa, en la fértil comarca agrícola de Tierra de Barros.
 
Mientras el Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona decide si concede una Declaración de Impacto Ambiental positiva al citado proyecto, el Grupo AG se ha asociado al 50% con la compañía GEA21 para crear FESUR, empresa dedicada al transporte ferroviario de mercancías con material rodante propio. La primera fase incluye la compra de cuatro locomotoras y 400 vagones, por 23 millones de euros hasta 2011.
 
Con el objeto de instalar y explotar factorías siderometalúrgicas, también se ha creado la empresa Grupo Alfonso Gallardo Thüringen S.L. Como nueva es también Grupo Alfonso Gallardo Comercial Getafe S.L., dedicada a la administración de valores mobiliarios y acciones. En la madrileña ciudad de Getafe, AG se ha hecho con el negocio Eusebio Calvo y Compañía S.A.

El Grupo Alfonso Gallardo está en proceso de expasión internacional. En la imagen, planta de acero de Thüringen (Alemania). Foto: Grupo AG

 

Otro frente cerrado por el magnate del acero en España es la segunda ampliación de A.G. Ferromallas S.A., cuya inversión ha sumado 16 millones de euros, según el propio Grupo. Durante el año 2007 que ha terminado, el Grupo AG, como ya hemos narrado en este espacio, ha comprado dos diarios andaluces, lanzando una oferta de 25 millones de euros por El Correo de Jaén (del Grupo Prisa) y El Correo de Andalucía (accionariado sobre todo por Prisa). El interés de Gallardo por la prensa andaluza puede estar relacionado con que para llevar el crudo hasta la refinería que pretende construir en el corazón de barro extremeño, será necesario desarrollar un oleoducto de unos 250 kilómetros de longitud que atraviese Huelva desde su puerto mercante.
 
Por ello, el Grupo AG ha solicitado en 2007 a la Autoridad Portuaria de Huelva la concesión administrativa para ocupar 68.000 metros cuadrados de dominio público en el puerto de dicha ciudad para recepción, almacenamiento y expedición de materiales siderúrgicos, como afirma el Boletín Oficial del Estado.
 
Pero no sólo interesan los periódicos ya montados, Gallardo ha adqirido recientemente la empresa guipuzcoana Papresa, una de las mayores de España en el sector de la fabricación de papel.

La compañía Papresa se encuentra en la localidad guipuzcoana de Rentería. Foto: Grupo AG
 
La confianza del empresario y su equipo en que la Refinería Balboa se llevará acabo, pese a la firme oposición de buena parte de la sociedad de Tierra de Barros, es muy grande. Tanto que ya ha anunciado que AG creará su propia marca de gas butano y propano para comercializarlo en Extremadura, Andalucía y Portugal. Por cierto, ecologistas portugueses y andaluces también han manifestado su rechazo a un proyecto que consideran fuera de lugar en plena era de cambio climático.
 
Quizá por ello, por lo del cambio climático y la preocupación de la ciudadanía por las terribles consecuencias del mismo, la mayor compañía extremeña también quiere jugar esa carta. Económica digo. Así, ha anunciado la construcción en Jerez de los Caballeros (pueblo de Alfonso Gallardo) de una de las mayores plantas fotovoltaicas de Europa. Ésta será gestionada por la empresa Alfonso Gallardo Energías Renovables S.A. y Energías Limpias S.L. Ambas invertirán más de 54 millones de euros en una instalación que tendrá una potencia de 25,2 megavatios.
 
En esa misma línea “verde” el Grupo AG anunció la creación de una planta de ensamblaje de paneles solares en los antiguos terrenos de la compañía Transidesa, en Villafranca de los Barros, con una inversión de 28 millones de euros. Pero este proyecto fue retirado en septiembre de 2007, según el Registro Mercantil.
 
Alfonso Gallardo ha finalizado el año 2007 con una facturación de más de 2.000 millones de euros. 2008 se presenta como un año decisivo para conocer qué camino le espera a su proyecto de refinería petroquímica.

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