La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) comenzó hace meses su “traviesa” travesía por el sistema inmunológico de millones de niñas sanas en todo el mundo. En España, algunas comunidades autónomas se adelantaron al resto pero ya las demás están impulsándola. Y escribo impulsándola porque lo que más llama la atención es el celo con el que las administraciones públicas están promocionando Gardasil (Merck) y Cervarix (GlaxoSmithKline -GSK-), una de las mayores operaciones de márketing del miedo de la Historia desarrollada por dos de las mayores multinacionales farmacéuticas del globo terráqueo. Es difícil entender cómo un producto farmacológico que presenta tantas dudas e incógnitas como esta vacuna esté aplicándose a niñas de entre 11 y 14 años de edad para “prevenir” el cáncer de cuello de útero o cérvix.

Antes de entrar en detalles sobre cómo están consiguiendo Merck y GSK este éxito de ventas conviene recordar brevemente algunos de los puntos más discutibles del fármaco. Aunque parezca lo contrario, si nos atenemos a lo que está pregonándose, en España no hay epidemia de cáncer de cérvix. La infección del VPH es condición necesaria pero no suficiente para adquirir el cáncer de cérvix y además, en el 90% de los casos, la infección remite de manera espontánea. La mortalidad por este tipo de cáncer es baja con respecto a los más corrientes y se produce en torno a los 60 años de edad en personas que no solían hacerse revisiones. Su eficacia no se ha estudiado en niñas, sólo en adultas. No protege de todas las cepas cancerígenas del VPH, es preventiva pero no cura. Su precio es muy caro, más de 300 euros las tres dosis –en algunas comunidades 500-.

Por si fuera poco, como ha reportado la publicación Discovery DSalud en su nº109, en Estados Unidos han fallecido 18 niñas tras ser vacunadas y más de 18.000 han sufrido “efectos adversos”. Y es que bajo la presión del márketing del miedo, del terror a enfermar, están realizándose estos negocios basados en el interés de ciertas farmacéuticas por expandir una “cultura de la prevención” basada en productos farmacológicos. Consumir medicamentos sin estar enfermo. ¿Pero cómo están consiguiendo estas poderosas compañías que los gobiernos acepten su estrategia comercial e incluso en algunos casos intenten implantar de manera obligatoria en la población esta vacuna que comenzó -y en España sigue siendo- de administración voluntaria? A comienzos de febrero de 2007, el Estado norteamericano de Texas estuvo a punto de ser el primero en declarar obligatoria la vacunación con Gardasil en niñas de 11 y 12 años. La decisión fue adoptada por el gobernador del Estado, Rick Perry, pero la presión popular fue tal que hubo de retractarse. Resulta que Mike Toomey, el anterior jefe de Gabinete del gobernador Perry, trabajaba en tareas de lobby para Merck, fabricante de Gardasil. El Washington Post publicó un reportaje de Associated Press (AP) que afirmaba que la jefa de Gabinete del gobernador, Deirdre Delisi, celebró con el director de Asuntos Presupuestarios y tres miembros de su departamento, una “Reunión sobre la Vacuna del VPH para Niños”, según consta en la agenda de Delisi, a la que AP tuvo acceso. Ese mismo día, el comité de acción política de Merck donó 5.000 dólares para la campaña de Rick Perry.

En Canadá, el lobby de Merck se desarrolló a través de Ken Boessenkool, empleado de Hill and Knowlton, una compañía de relaciones públicas. Boessenkool fue asesor del primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, cuando era líder de la oposición. Además, Jason Grier, ayudante ejecutivo del ministro de Salud de Ontario, George Smitherman, hizo lobby para que Merck consiguiera que Ontario se sumara a la vacunación de niñas. Las distintas administraciones están tomándose la vacunación contra el VPH casi como una “cuestión de Estado”. El Gobierno catalán ha aprobado hace poco la “Resolución 301/VIII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general del Govern“. En materia de salud el Parlamento insta al Gobierno a continuar facilitando el acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios “para reducir las desigualdades” y junto a necesidades sanitarias elementales, como la reducción de los tiempos de espera para ser operado o la ampliación de la cobertura sanitaria pública a más personas -o la asistencia a personas con fibromialgia o Síndrome de Fatiga Crónica-, se incluye el acceso a la vacuna contra el VPH.

Por lo que podemos saber gracias a enfermeras que trabajan en el sistema sanitario catalán, sus responsables están desarrollando un sistema de objetivos para las enfermeras de Primaria que una vez cumplidos conllevan una gratificación de 2.000 euros anuales. Entre ellos está la vacunación contra el VPH. Algunas enfermeras se niegan a cumplir los objetivos de  Generalitat y están abriendo el debate sobre la falta de ética de los mismos en sus centros. Mientras, en otros lugares también ha comenzado a incluirse la vacuna en el calendario escolar. Así, el Gobierno extremeño ha adquirido 15.000 dosis a un precio de 1.560.000 euros. Entretanto, la publicidad agresiva de las compañías impulsoras de la vacuna continúa. Y en los centros de salud españoles los carteles promocionales llaman a la vacunación dándole a la misma un halo de obligatoriedad con promesas de una curación imposible: la absoluta mayoría de las vacunadas están sanas y la vacuna no elimina las células alteradas.

Esta campaña de márketing va a dar mucho que hablar. Según Discovery DSaud ya se han presentado las primeras demandas contra los laboratorios. Y las oficinas de GSK en Holanda han sido investigadas por supuestas prácticas fraudulentas en la promoción de la vacuna contra el VPH. Se habla incluso de retirarla del mercado.

Como alternativas para los padres y madres preocupados por la salud de sus hijas, numerosos profesionales sanitarios contrarios a la medicalización de la sociedad y en concreto de la infancia, proponen el acceso a citologías de cribado para las mujeres. Difundir información sobre sexualidad segura y crear centros para ello y talleres para evitar que procesos fisiológicos naturales sean convertidos en enfermedades y medicalizados. La medicina preventiva debería consistir en una buena higiene, un estilo de vida sano y en la honesta identificación de factores de riesgo para evitar la enfermedad o retrasar su aparición. Los objetivos de estas prácticas deberían de ser evitar en la medida de lo posible la aplicación de fármacos, que casi siempre conllevan efectos secundarios dañinos. La tendencia actual es que los laboratorios están aprovechando la cultura de la prevención para que ésta desemboque en la receta. Existen profesionales sanitarios que piden una moratoria en la expansión de esta vacuna.

Más info en Traficantes de salud: Cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad

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La crisis ha entrado en crisis. La civilización basada en la explotación capitalista de la naturaleza ha resultado comportarse de manera incivilizada. Y mientras el mundo de las finanzas especula sobre cómo continuar con el régimen de especulación (con las generosas subvenciones ciudadanas que los gobiernos les están facilitando), los listos sin inteligencia marchan en formación su particular huída hacia delante haciéndose creer a ellos mismos que no ocurre nada, que la crisis saldrá de la crisis. Estamos gobernados por el régimen del exceso de un modelo económico cuyo motor es la codicia alimentada además con combustibles contaminantes.


Viene esto a colación porque en plena crisis financiera provocada al menos en parte por la crisis energética que tiene al oro negro como epicentro, Gobierno Vasco y Petronor juegan al viejo parchís del miedo invocando los más grises fantasmas de la crisis dentro de la crisis. Intentan así expandir la idea de que si no se construye la fábrica de coque y la de cogeneración de energía eléctrica que tienen prevista hacer en la localidad vasca de Muskiz, la refinería ya existente no tendrá futuro. Más miedo al miedo: que incluso se cierre en los próximos años. Pero como narran los vecinos, organizados en la Coordinadora Anticoke, ya en 2001, ante el proyecto de construcción de una central térmica utilizaron el mismo argumento. Iberdrola, que impulsaba esta iniciativa cambioclimatizante, se fue con el proyecto a otra parte (no muy lejana por cierto). La presión vecinal y el elevado presupuesto decidieron su abandono. “La empresa propietaria del complejo refinero, Petronor, ha continuado en activo y sus beneficios han seguido ‘in crescendo'”, aseguran estos ciudadanos.

En las últimas semanas la Coordinadora Anticoke ha acumulado pruebas que demuestran que Petronor está importando fuel-oil, un millón de toneladas el año pasado, pese a que, dicen, es un producto que no tiene mercado, que es un excedente que se les acumula y que necesitan procesarlo para extraer gasoil con la nueva planta. El propio Josu Jon Imaz, ex presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) nombrado presidente de Petronor (además es consejero de Iberdrola) no sabe cómo justificarse ante este descubrimiento de la Coordinadora Anticoke. En un artículo publicado en el diario El Correo del día 27 de septiembre dice: “…aunque coyunturalmente debamos importar fuel obtenido de crudos ligeros por demanda de algunos sectores concretos”. Los vecinos creen que les están tomando el pelo.

No deja de ser curiosa la maraña de relaciones políticas que surge al calor de los combustibles fósiles. Lejos pero cerca de tierras vascas, en la rica comarca de Tierra de Barros (Badajoz, Extremadura) Alfonso Gallardo, el empresario más rico de pagos extremeños impulsa la construcción de otra gran refinería petroquímica. Gallardo ha contado durante años con la ayuda del ex presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra (al que sus paisanos cariñosamnente denominan El Bellotari) en forma de subvenciones públicas. Gallardo es tío del senador del PSOE por la comunidad extremeña, y antes diputado en el Congreso, Francisco Fuentes Gallardo. Éste es uno de sus mejores enlaces con el presidente de turno de Extremadura. Durante su periodo en la madrileña Carrera de San Jerónimo se consideraba a Francisco Fuentes como “el hombre de Ibarra en la capital de España”. Las relaciones “familiares” en las altas esferas extremeñas se han ampliado en los últimos años para Alfonso Gallardo debido a que “el sobrinísimo” tiene como compañera sentimental a Carmen Pereira Santana, delegada del Gobierno en Extremadura desde 2004. Sea por la influencia de los Gallardo en Ibarra o al revés, la Junta de Extremadura es la máxima accionista de la posible próxima refinería.

Volviendo a tierras vascas, a finales de junio se hizo público el nombramiento de Imaz como presidente de Petronor. Unos días antes, el 29 de mayo de 2008, pero de manera no pública, Melchor Gil Llanos, el actual vicepresidente de las Juntas Generales de Bizkaia, fue nombrado consejero de Petronor. En Muskiz conocen a Gil Llanos como el “cuñadísimo” de Patxi López. En efecto, la esposa de Patxi López, secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE) es Begoña Gil, concejala en el Ayuntamiento de Bilbao y hermana de Melchor Gil. Para hacer negocios en esta civilización que se quema en el fuego de sus propios combustibles hay que tener un “ísimo” en el partido político de turno. En el caso vasco, Petronor tiene un presidente de lo mejor relacionado en el PNV porque ha sido su máximo responsable. Y por si en futuras elecciones gana el PSOE vasco, en la petrolera juegan la carta del cuñado del candidato socialista. Verdaderos socios listos.

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Anteayer me encontraba en una sala de espera cualquiera de un centro de salud cualquiera. La hora de cita se demoraba, como le puede suceder a cualquiera, y cogí un periódico amontonado a la entrada. Un diario cualquiera que resultó ser ADN o lo que la crisis financiera global dejaba ese día de él: 20 páginas que lo asemejaban más bien a una caja de papelillos de liar tabaco. De entre la poca información que ofrecía, un titular lanzó sus dardos venenosos directo a mis ojos: “Un español de cada seis padecerá una depresión” (*). Expectación y congoja, al menos otras dos personas leían el mismo periódico en la misma sala. Menos mal que estábamos en un centro de salud, si me llega a pillar en un sitio cualquiera qué podría sucederme. Además: “Más de la mitad de afectados tendrá recaídas”, rezaba la oración del miedo en el subtítulo. “En 2020 la depresión será la primera causa de discapacidad tras las enfermedades cardiovasculares. Además, uno de cada seis españoles sufrirá alguna depresión. Y, de un 50% a un 60% recaerá”, señalaba un párrafo como antesala del Día Europeo de la Depresión. Esta iniciativa fue creada hace poco tiempo, en 2004, por la European Depression Association.


La campaña para extender el “conocimiento” de la depresión insiste en una idea: “las personas con depresión presentan una gran tristeza, junto con una falta de interés por las cosas, acompañados de otros síntomas diversos en mayor o menor intensidad”. Un criterio tan inconcreto que ¿quién en algún momento de su vida no ha sentido una “gran tristeza junto con una falta de interés por las cosas”? Yo mismo y no me considero un enfermo de depresión. También se insiste en el tratamiento farmacológico de la dolencia. La información de ADN relaciona la depresión con tendencias suicidas. Pero no cita que los tratamientos farmacológicos ad hoc, los antidepresivos, tienen entre sus efectos secundarios la incitación al suicidio (**). Se da la circunstancia de que el Día Europeo de la Depresión está patrocinado por el laboratorio farmacéutico Wyeth, que hace unos meses recibió el permiso de la FDA para comercializar su antidepresivo Pristiq. Pero seguramente esto no tenga nada que ver con el interés de la compañía estadounidense por promocionar la depresión y hacerla sentir en lo más profundo del alma de la ciudadanía.

Queriendo o sin saberlo ADN y tantos medios de comunicación, ese y todos los días cualquiera, colaboran con los laboratorios farmacéuticos vistiendo de información lo que es promoción encubierta de enfermedades y fármacos diseñados para tratarlas, y en la mayor parte de las ocasiones lo hacen gratis. El ciudadano queda confundido ante este aluvión diario de noticias catastróficas que atentan contra su salud.


* Saray Marqués, Un español de cada seis padecerá una depresión, ADN, 8 de octubre de 2008. La sección la denominan La Vida, el epígrafe bajo el que apareció la información: SOCIEDAD SALUD MENTAL, así.

** Traté con profusión este asunto en el capítulo La receta del suicidio de mi libro Traficantes de salud: Cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad (Icaria Editorial, 2007), pp 71-75.

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La Alianza Internacional de Asociaciones de Víctimas de la Talidomida (ICTA) se ha manifestado en Londres para que se equiparen las indemnizaciones y ayudas a todos los afectados por este medicamento fabricado por Grünenthal que hay en el mundo. En España, Italia y Austria los afectados por el fármaco, que se comercializó desde 1957 hasta 1963, todavía no están reconocidos por sus gobiernos o no reciben ningún apoyo. Por el contrario, en el Reino Unido 450 personas cobran indemnizaciones de 3.200 libras mensuales de la compañía Distillers, que vendió el medicamento tras comprar la patente a Grünenthal. Según Rafael Basterrechea, de la delegación española: “pretendemos que todos los afectados reciban las mismas compensaciones independientemente de donde hayan nacido o vivan y que las abone el laboratorio fabricante Grünenthal”. Quienes peor lo tienen son las víctimas españolas. “Sospechamos que el gobierno va a reconocer a cuatro afectados y poco más”, comentan, de las al menos 65 que la asociación española de víctimas tiene documentadas. La próxima manifestación será en diciembre ante la puerta de la casa de Angela Merkel en Berlín pues en Alemania hay 2.700 afectados.

 

 

El hecho de aceptar que en España hay afectados de Talidomida, algo que a día de hoy ningún gobierno español ha reconocido todavía, implica el pago de pensiones vitalicias, indemnizaciones por el tiempo transcurrido desde que las reciben el resto de afectados del mundo, y la concesión de ayudas de tipo fiscal, laboral y sanitarias. “Hacia ese camino han sido enfocadas nuestras reivindicaciones desde los inicios, y lo mas lamentable es que nuestros políticos ni tan siquiera se sonrojan levemente ante esta execrable situación. Es muy importante para nosotros que se conozca que en España se estuvieron vendiendo los medicamentos con Talidomida durante algunos años más, esto implica que nuestro sistema sanitario permitió la venta de este nefasto compuesto, aun a sabiendas de sus terribles efectos. El propio Ministerio de Sanidad reconocio por escrito (documento que obra en nuestro poder) que se retiró en enero de 1.963, cuando en Alemania la Talidomida fue prohibida en noviembre de 1.961”, afirma Basterrechea.

 

Desde el día 27 de junio el Ministerio de Sanidad y las víctimas españolas, asociadas en Avite, han comenzado las negociaciones para el reconocimiento de los hechos y la tramitación de ayudas. Pero el Ministerio desconoce datos básicos del suceso y pese a ello quiere marcar unos baremos de reconocimiento tan austeros que sólo reconocería a cuatro personas como afectadas por la Talidomida. Esto va  dificultar el afectados que tienen docuemntados al menos  65 casos pero que pueden ser más. En Italia, por ejemplo, el gobierno de Berlusconi ha comenzado a indemnizar a estas personas sin establecer protocolos especiales, simplemente clasificando como afectada a cada persona que haya nacido en las fechas en las que se comercializó el medicamento y presente los síntomas que el mismo deja.

 

 
La ICTA lucha porque se reconozca a los afectados que faltan, no sólo en España, Italia y Austria, sino también en países como Alemania, Reino Unido, Suecia, Francia, Canadá, EE.UU. o Japón. En todos estos países se trató el tema con absoluto secretismo y silencio, respaldado por los respectivos gobiernos. Como denuncian las víctimas del medicamento para los sofocos del embarazo, el laboratorio Grünenthal y el gobierno Alemán se preocuparon de que no se comunicara como correspondía el daño que producía este preparado y que los plazos de revisión y reclamación se cerraran con gran presteza.
 
En el Reino Unido, país en el que los afectados por la Talidomida han conseguido mejores condiciones, sus indemnizaciones son aportadas por el Laboratorio Distillers a una fundación que se encarga de repartirlas a los afectados dependiendo de su grado de discapacidad y necesidad de ayuda. El gobierno aporta a la causa las exenciones fiscales, las ayudas médicas, la financiación de prótesis y ortoprotesis, así como sillas de ruedas subvencionadas al 100%, y vela porque esto continúe de esta manera. El gobierno sueco y la farmacéutica AstraZeneca indemnizaron a sus afectados con una cantidad inicial grande y una pension vitalicia para sus afectados, el coste lo asumen al 50% más o menos entre farmacéutica y Estado.

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Pese a que el movimiento ciudadano contra la contaminación electromagnética crece al ritmo de las evidencias de la nocividad de las tecnologías que la provocan, las operadoras de telefonía móvil continúan su campaña de lobby sobre los ayuntamientos. ¿El objetivo? que estos accedan a situar en su territorio más antenas de telefonía. Las compañías que basan su negocio en eso que ha dado en denominarse “tecnologías de la información” fomentan la idea de que la “cobertura” es un derecho público. En dos reuniones celebradas en la localidad vasca de Getxo, palabras que se llevaba el viento fueron atrapadas por los oídos de los representantes de las asociaciones ciudadanas que luchan contra la contaminación electromagnética. Palabras que, procedentes del responsable de una de las mayores operadoras globales de telefonía móvi, referían la idea de expropiar tejados en “interés público” para colocar sus artefactos potencialmente nocivos. Por supuesto, la cobertura no es su leiv motiv. Éste coincide más bien con aquel lema que cuelga todavía de la imaginación de tantos ciudadanos: Todo por la Pasta.

 

 

No hace falta explicar que, como también reconocen estas corporaciones en petit comite si una zona carece de cobertura pero no es rentable no van a ofrecer a los clientes de dicho espacio la correspondiente antena. Unos hipercomunicados, otros nada y la ciudadanía sin ser consultada. Pero eso sí, el objetivo final de las operadoras es que todos los servicios (telefonía, sms, radio, cine y video, televisión, internet, etc) estén cubiertos por el móvil. ¿Cuántas antenas es necesario situar en cada localidad para ello? ¿Cuánto es necesario aumentar la presión electromagnética para alcanzar dicho objetivo-negocio? A eso no responden las operadoras pese que estamos hablando de que la conversación se produjo en una mesa de trabajo oficial con representantes de ayuntamiento, operadoras y ciudadanía del Consistorio de Getxo. Lo que pretenden las empresas es colocar en cada manzana de cada localidad una antena, como reconoció el delegado de una de las cuatro empresas telefónicas que acudieron a las reuniones.

 

A las pretensiones de las corporaciones colabora el Plan AvanzaDos. En estas reuniones desarrolladas en la localidad vasca (como es lógico se están realizando en muchos pueblos y ciudades) estaban los representantes de los partidos políticos de la localidad, del Ministerio de Industria, de la Asociación Antena No, de las empresas Telefónica, XFera Móviles, France Telecom y Vodafone, así como varios técnicos municipales y uno del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Desde el Ministerio propusieron que las operadoras compartan antena, es decir, que utilicen los mismos mástiles para reducir la dispersión actual y por lo tanto la contaminación. El colectivo ciudadano Antena No plantea incluso que los municipios compartan estación base de antenas, aunque eso -según los portavoces del Ministerio- supondría aumentar la potencia de emisión de las antenas. También dieron la de cal al proponer que las antenas de telefonía se camuflen, se hagan discretas a la mirada del público, algo que ya ocurre y que tiene por objeto reducir la sensación de agobio que produce en parte de la ciudadanía su visión.

 

 

Sea como sea, es necesario que se hagan estudios epidemiológicos en las localidades con antenas que lleven muchos años instaladas. Son demasiados los lugares donde han aumentado distintas enfermedades, en ocasiones con resultado de muerte. Todo esto puede hacernos olvidar que no sólo es importante trabajar sobre la ubicación de las antenas. ¿Qué sucede con el uso cotidiano del teléfono móvil? ¿Cómo se protege la población de su uso? ¿Qué hacemos con las personas electrosensibles? Ha pasado más de una década desde que el uso de mólvil se extendió a toda la ciudadanía. Asistimos a la aparición, como se preveía, cada vez más y sobre todo en los países que primero han acogido esta tecnología, de personas que enferman por su especial sensibilidad a los campos eléctricos y magnéticos. Son personas que no pueden vivir en pueblos y ciudades tal y como se han planteado. La cobertura total asegura su padecimiento.

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