La Iniciativa por la Transparencia en Europa, que ha elaborado el vicepresidente de la Comisión Europea, Siim Kallas -conocida por ello como Iniciativa Kallas- toma la recta final para su aprobación. El proceso está siendo largo y cuenta con no pocas presiones. A finales de la década de 1990, el Parlamento Europeo creó un registro del personal que compone los grupos de presión empresarial, también conocidos como lobbies, acreditados ante el Parlamento mediante una tarjeta de acceso total a sus dependencias, incluidos plenos y comisiones.
 
Jaime Costa, lobbista de la multinacional biotecnológica Monsanto (Fotos: Agencia Dossier)
 
Las filtraciones periodísticas pintan una situación nada halagueña: en la actualidad existen 4.435 lobbistas oficialmente registrados en la Eurocámara. Como contamos Rafael Carrasco, Joaquín Vidal y quien les escribe en nuestro libro Conspiraciones tóxicas: Cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales, con un aforo de 732 escaños, la proporción de lobbistas por eurodiputado es ¡seis a uno! para los primeros.
 
Estimaciones oficiosas comúnmente aceptadas indican que, sólo en Bruselas, la capital de la Unión Europea, operan unos 2.000 lobbies que dan empleo a 15.000 personas, repartidas por los departamentos de “asuntos regulatorios” de las empresas multinacionales, las asociaciones empresariales, ONG´s, agencias de relaciones públicas, consultoras de “asuntos públicos”, bufetes legales e institutos de ideas o “think tanks”.
 
Según el Observatorio Europeo de las Corporaciones (CEO), una fundación anti-lobbies con sede en Amsterdam (Holanda), unas 200 multinacionales han abierto oficina en las cercanías de la Comisión Europea o de la Eurocámara para tratar con ellas asuntos de su incumbencia. Ninguna gran compañía europea, norteamericana o japonesa que se precie de ofrecer sus productos en los mercados internacionales carece hoy de representación en Bruselas.
 
Viaje “turístico” de la organización anti-lobbies CEO por los grupos de presión corporativa de Bruselas
  
Esta misma asociación estima que el gasto del lobbismo empresarial en la capital belga sobrepasa los 1.000 millones de euros al año. Esta es una cifra realmente mareante pero que no ha de extrañar demasiado si tenemos en cuenta que para la petrolera BP o la tabaquera Philip Morris, el alquiler de sus oficinas en la Plaza de Schuman (la misma plaza donde se ubica la Comisión Europea) les cuesta cada año la módica cifra de 300 euros por metro cuadrado.
 
Por todo ello, la Comisión Europea ha lanzado su Iniciativa por la Transparencia Europea, que, entre otras medidas, propone limitar las actividades de estos profesionales ante las instituciones políticas, un registro voluntario de lobbies y lobbistas e incentivos para hacer públicas sus actividades, naturaleza y financiación.
 
La propuesta, elaborada por el comisario europeo para Asuntos Administrativos, Siim Kallas, ha sido rechazada tajantemente por las tres asociaciones de lobbistas (la de los profesionales en general, la de los “cabilderos” del Parlamento Europeo y la de las empresas consultoras) pero, aún así, está prevista su aprobación esta próxima primavera.
 
Acto del lobby Amigos de Europa en la Comisión Euroepa. Las fiestas que ofrecen las corporaciones multinacionales a los europarlamentarios son muy habituales en Bruselas y suelen estar regadas con champán y buenos caldos
 
En España, se desconoce prácticamente todo sobre la influencia de los grupos de presión en las políticas de las administraciones públicas, pese a lo cual, el lobbismo es una actividad en auge que ejercen cientos de multinacionales, asociaciones empresariales o las pujantes consultoras de “asuntos regulatorios”.
 
La “mano” de estos grupos ha marcado iniciativas como el Plan Hidrológico Nacional, el apoyo público a la energía nuclear, el impulso de las centrales térmicas o las plantas petroquímicas o la fiebre de las urbanizaciones con campo de golf en la costa.

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A la marca de la cruz gamada que se convirtió en cruz verde parece que no le van bien las cosas. La Comisión Europea ha multado a Bayer y a otras compañías (Denka, DuPont, Dow, ENI y Tosoh) con 243,2 millones de euros por pactar los precios del caucho de cloropreno, una sustancia con la que, por ejemplo, se hacen los condones.
 

Entre los años 1993 y 2002, estas empresas acordaron los precios para copar el mercado, lo que perjudica a los ciudadanos pues los precios se mantienen altos de manera artificial. Estas prácticas son habituales entre las grandes multinacionales. Sin salir del sector farmaquímico, al que pertenece el gigante alemán, los laboratorios Abbott, Andrómaco, Merck Sharp & Dohme, Pharma Investi, Bristol-Myers y Bestpharma, fueron sancionados en 2003 por la Fiscalía Nacional Económica de Chile por haber “violado la normativa que resguarda la transparencia de los precios del sector”.Según el fiscal económico Pedro Mattar, no cumplieron una resolución chilena que obliga a poner a disposición de las farmacias los precios de venta de sus productos y los descuentos que hacen sus clientes de acuerdo con los volúmenes que estos compran.
 
Esta resolución tiene como objetivo evitar discriminaciones con las farmacias más pequeñas y permitir que todos los locales puedan obtener las mismas alternativas de coste. Estas seis empresas rompieron así las normas destinadas a favorecer una competencia limpia, competencia que, nos insisten en este mismo sector, es fundamental para su subsistencia.
 
Pero, además, resulta que Bayer suspendió hace poco la comercialización de Trasylol y, como ha publicado el médico panameño Roderick Esquivel, la compañía farmacéutica ocultó información crítica sobre el preparado a la Food and Drug Administration (FDA), la Agencia del Medicamento estadounidense. Los efectos adversos que Bayer escondió, siempre según este doctor, fueron un aumento significativo del riesgo de insuficiencia renal, cardíaca, accidentes cerebro vasculares y muerte.
 

Uno de los mayores complejos industriales de América Latina: Bayer Belford Roxo, Brasil

No es la primera vez que Bayer emplea la táctica del ocultamiento. En 2001, Lipobay, fármaco de la casa teutona utilizado para combatir el colesterol, mató al menos a 100 personas, cifra del propio laboratorio. El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid instruyó las diligencias previas contra el Ministerio de Sanidad por permitir, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que se comercializase Lipobay “sin haberse realizado los debidos ensayos clínicos. Las pruebas se concibieron en Inglaterra pero no se utilizaron las personas necesarias para comprobar su eficacia y seguridad, y con el tiempo se demostró que los verdaderos estudios se hicieron sobre la marcha, con la venta del producto en las farmacias”, explica Antonio Navarro, abogado que coordinó la demanda multitudinaria contra la Administración sanitaria española.

En Alemania, su Ejecutivo acusó a Bayer de ocultar los riesgos del fármaco: “El Secretario de Estado de Sanidad, Theo Schroeder, afirmó que la empresa ya sabía el 15 de junio (de 2001) que el medicamento contra el colesterol era ‘especialmente peligroso’, pero no lo avisó hasta el 10 de agosto, dos días después de retirar el producto del mercado”.

Está claro que con Bayer la historia se repite.

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Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, ha declarado que una de las medidas más importantes que ha tomado su gabinete en este legislatura es la aprobación del denominado Código Técnico de Edificación (CTE). Este es un conjunto de normas para tratar de que en adelante los edificios de nueva construcción se ajusten a parámetros de ahorro y eficiencia energética, sobre todo, pero también que sean más sanos y ecológicos.
 
Hace unos meses entrevisté a Narbona en su despacho y tuve la impresión de que me encontraba quizá ante la única ministra de Medio Ambiente que en el gobierno ha sido -otras personas ocuparon su cargo pero no ejercieron como tales-. Por eso apunto una negligencia que incluye ese código: Pese a que existen materiales y técnicas constructivas que respetan la salud pública y el medio ambiente, el CTE expone como impermeabilizantes el policloruro de vinilo (PVC) o el etileno propileno dieno (EPDM).
 
El PVC, según muchos científicos, presenta incuestionables efectos cancerígenos y ofrece una gran persistencia. También son contaminantes los EPDM pues para su producción se utilizan como solventes naftas o gas natural, según explica el químico Juan Alsina Vilamala.
 
Ejemplo de edificación saludable en el barrio de BedZED (Beddington Zero Energy Development) (Reino Unido)
 
Estos aditivos, gases y compuestos orgánicos volátiles presentan una gran contaminación ambiental en su fabricación, manipulación y posterior permanencia en la edificación. Su uso en la vivienda resulta peligroso pues con el transcurso de los años los productos químicos que los forman se desprenden y pueden causar numerosas dolencias: mareos, daño permanente en el hígado, reacciones del sistema inmunitario, alteración en el sistema nervioso o cáncer de hígado, como vienen denunciando desde hace años grupos ecologistas o revistas de salud y concluye Alsina.
 
Existen alternativas a estos productos, como los compuestos de base acuosa, exentos de toxicidad y más económicos. Y es que mientras las empresas sensibilizadas con su impacto ambiental invierten recursos económicos en Investigación más Desarrollo (I+D) para trabajar con la naturaleza y no contra ella, otras disfrutan de un marco legal lleno de concesiones que les permite contaminar.

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Pese a que buena parte de la población todavía tiene dudas sobre los efectos nocivos en la salud humana de antenas de telefonía móvil y teléfonos, tecnología wifi, transformadores eléctricos y cableado, entre otros artefactos que despiden contaminación electromagnética, las compañías que impulsan y se benefician de esta tecnología conocen desde hace mucho tiempo el daño que pueden causar sus instalaciones y productos. Y al mismo tiempo crean ese esceptiscismo pues, por ejemplo, la mayor parte de los estudios publicados sobre este particular están financiados por la industria de las telecomunicaciones.
 
Antena de telefonía en un tejado de Getxo (País Vasco)
 
Así lo demuestra nuestro libro Conspiraciones tóxicas: Cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales en su primer capítulo, escrito por quien firma estas líneas. En él contamos que Airtel Móvil S.A., hoy Vodafone, suscribió, entre el 31 de marzo de 2001 y el 31 de marzo de 2002, una póliza de responsabilidad civil con la aseguradora española Royal&Sunalliance con el número 451.434. 
 
En este documento se excluyen los daños por contaminación electromagnética y especifica, en su cláusula número 19, que no son asegurables: “daños personales, enfermedad, incapacidad de cualquier tipo, muerte, enfermedad mental, angustia mental, dolor mental o físico o cualquier síntoma mental o físico causado o supuestamente causado o contribuido por el uso continuado de teléfonos móviles”. ¿Más claro? Pues el Departamento de Prensa de Vodafone, tras realizar las pertinentes consultas, indica que no conoce dicha póliza.
 
No dejan indiferentes tampoco las declaraciones de Javier Aguilera, que por entonces era consejero delegado de Telefónica Móviles –hoy es el presidente de TPI Páginas Amarillas, filial de Telefónica–, emitidas en el documental censurado por TVE “Contracorriente”.
 
El directivo reconocía sin ambages que la tecnología móvil es peligrosa para nuestra salud. “Uno –explicaba Aguilera- se muere por 38.000 cosas. ¿Que esta es una más? Mire, indiscutible. ¿Que es una más incluso para los que no usan la telefonía? Indiscutible. ¿Y que los que usan la telefonía móvil no debían tener este factor? Sin duda. Pero, ¡joder!, el mundo es como es, es decir, a mí me gustaría no respirar el humo que echan los autobuses pero, ¿qué vamos a hacer? ¿No tener autobuses?”.

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Hace un par de días comentamos el seguimiento de ancianos en las residencias de ídem a través de la tecnología RFID (identificación mediante radiofrecuencias). Decíamos, basándonos en las publicaciones de dos investigadoras, que la empresa Intel lleva tiempo interesada en el seguimiento de personas mediante esas radiofrecuencias.
 
Pues bien, Intel y Philips están desarrollando lo que denominan un “asistente clínico móvil” (MCA, por sus siglas en inglés). Será inalámbrico y mediante el mismo, el personal sanitario podrá consultar a distancia los historiales clínicos electrónicos de sus pacientes.
 
Como ya explicamos, los “grandes avances” tecnológicos, que en demasiadas ocasiones se impulsan para satisfacer demandas creadas y suelen dar más problemas -medioambinetales, de salud o de preservar nuestra intimidad, como es el caso- se hacen con la sana intención de “mejorar la atención a sus pacientes”, y de los clientes, añado yo. Pero parece que no todos los cabos están atados. Los historiales clínicos son privados y demasiado importantes, y en otras ocasiones ha habido problemas con su “pérdida”. Estaremos muy atentos a cómo se preserva la intimidad de los ciudadanos con este tipo de artilugios que prometen hacerlo todo más fácil y eficiente.
 
De momento, sabemos que estos sistemas móviles se han diseñado con la información suministrada directamente por el personal sanitario. Y con estudios clínicos, entrevistas y las investigaciones etnográficas (sic) realizadas por la propia Intel. Esta compañía ha realizado estudios piloto en hospitales de todo el mundo, entre otros Hospital El Camino del Norte de California, Salford Royal NHS Foundation Trust del Reino Unido y el Hospital General Changi de Singapur. “Científicos sociales del Grupo de la Salud Digital de Intel (¿¡esto qué es?!) realizaron estudios etnográficos de médicos utilizando el MCA en cada hospital (…) en el contexto de práctica clínica real”, explica la empresa.
 
Lo cierto es que, entre otros problemas que puede ofrecer esta tecnología para la salud, está la contaminación electromagnética, tan peligrosa. Los lectores RFID emiten energía electromagnética y será necesario colocar numerosos lectores repartidos por los hospitales para que las señales puedan llegar a su destino.
 
Desconocemos los efectos a largo plazo de esta contaminación, que se produce las 24 horas del día y que se sumará a la emitida por los numerosos aparatos eléctricos de los hospitales y otras posibles fuentes emisoras de electromagnetismo, como las antenas de telefonía móvil cercanas a los centros de sanitarios o los propios teléfonos que hay en las clínicas.

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