Ha comenzado calentito el nuevo curso. Las organizaciones que luchan contra la contaminación electromagnética no podían creerse -si no fuera porque ya están curadas de espanto- la penúltima propuesta del ministro de Industria, Miguel Sebastián. El País lo contaba a la perfección: “El Gobierno quiere convencer a los Ayuntamientos de que poner antenas de móvil es saludable. Y para acabar con las reticencias que tienen las corporaciones locales a dar permiso para la instalación de antenas prepara un plan de incentivos económicos para los ayuntamientos que más colaboren en ampliar la cobertura del móvil dentro de sus municipios”.

 

 

De modo que los consistorios que ofrezcan más licencias a las compañías de telecomunicaciones inalámbricas para que ubiquen en su territorio nuevas antenas tendrán más dinero público para, a su vez, desarrollar las tecnologías de la información. Sebastián vuelve a quitarse el disfraz de servidor público y muestra su verdadero rostro de hombre de negocios que aprovecha su cargo público para beneficiar a los intereses privados. Sebastián se suma a la ristra de ministros servidores de los grandes sectores industriales y estratégicos del último capitalismo (el de los nuevos negocios que, si cabe, con más agresividad están poniendo en peligro la vida sobre el planeta).
 
La medida anunciada está incluida en el nuevo plan de “desarrollo tecnológico” denominado Plan AvanzaDos, que el Gobierno pondrá en marcha antes de finalizar el año y que se extiende hasta 2012, con una dotación superior a los 5.000 millones de euros. Dice Sebastián: “Hay que hacer comprender que las antenas de móvil no tienen ningún perjuicio para la salud”. Eso coincide con el mensaje de las compañías interesadas en la tecnología inalámbrica por microondas: no es una tecnología nociva para la salud y necesitamos más antenas para mejorar la cobertura. El Gobierno así facilita elcamino a las operadoras para vencer las reticencias de numerosos ayuntamientos que, preocupados por los daños a la salud que puede provocar la contaminación electromagnética de dichos aparatos, no quieren colocarlas en sus municipios. Una vez conseguido que muchos ayuntamientos, subvención en mano, cedan ante las pretensiones de las empresas tecnocontaminantes se las premia con dinero para invertrir en más tecnologías de la información que, como es lógico, representará otro nicho de negocio para las mismas compañías. Doble beneficio pues, con dinero público.
 
 
Si Sebastián desconoce a estas alturas los numerosísimos trabajos científicos independientes que advierten sobre los posibles graves daños a la salud que conlleva el uso de estas tecnologías es un ministro que nadie merece (Ver: I y II). Si los conoce está mintiendo a la ciudadanía y por ello nadie debería quererle. Personalmente, me inclino por la segunda opción: el ministro no quiso decir la verdad. Le faltó valentía para decir lo que seguramente muchos asesores le han comunicado hace tiempo sobre la contaminación electromagnética, quizá porque el evento donde hizo sus declaraciones estaba organizado por la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), el mayor lobby que hay en España para impulsar estas tecnologías y acallar las críticas. (Ver el capítulo Adictos a la cobertura de nuestro libro Conspiraciones tóxicas).
 
Es más, el actual Plan Avanza ha supuesto una inversión de más de 5.000 millones de euros inyectados en el sistema en el periodo 2005-2008, y más de 3.800 millones de euros adicionales movilizados gracias a la colaboración de otras administraciones públicas, entidades sin fines de lucro y empresas. Es decir, las compañías del sector están en el Plan Avanza, entre ellas, Sun Microsystems, Bull o Atos Origin, a través del Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Cenatic), que pertenece a Avanza.
 
 
Por cierto, por si Sebastián tiene dudas sobre los daños que la contaminación electromagnética que despide la tecnología inalámbrica puede provocar, recordarle que sólo tres días después de sus declaraciones en el foro de AETIC, el Parlamento Europeo publicó su resolución sobre la Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010. El Parlamento considera que “el número de personas que enferman por culpa de factores medioambientales sigue en aumento y que debe establecerse un registro epidemiológico que ofrezca un cuadro completo de las enfermedades vinculadas, parcial o totalmente, a factores medioambientales”. Esta institución, “manifiesta gran interés por el informe internacional BioIniciativa [mencionado en (Ver: I y II)] sobre los campos electromagnéticos, que resume más de 1.500 estudios dedicados a este tema, y cuyas conclusiones señalan los peligros que entrañan para la salud las emisiones de telefonía móvil, tales como el teléfono portátil, las emisiones UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth y el teléfono de base fija DECT”.
 
 
Todas estas tecnologías suelen impulsarse en nombre de un progreso, bienestar, desarrollo, calidad de vida, que tantas personas cuestionan por su errado camino y que no quieren tener sobre sus cabezas (las antenas) o pegado a la oreja (el móvil) o en sus ordenadores (el WiFi emite gran cantidad de radiaciones lo que no ocurre con el ADSL por cable). Es necesario abrir un debate social, ahora inexistente por la exitosa labor de lobby que, como puede comprobarse, están haciendo las empresas con intereses en este lucrativo a la par que peligroso negocio.

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Como les comentábamos en el anterior capítulo hemos dividido en dos partes la información que nos ha enviado Nikita, una ex visitadora médica que ha denunciado a la compañía farmacéutica en la que trabajaba por presuntas irregularidades relacionadas con la “compra de la voluntad” de los médicos. Aquí les presentamos este segundo análisis, basado en el Código Español de Buenas Prácticas de Promoción de los Medicamentos de  Farmaindustria (patronal española de los laboratorios farmacéuticos). Son el conjunto de normas que rigen la visita médica y que por tanto tratan de impedir el soborno y cohecho hacia los profesionales sanitarios. Hay que destacar que Nikita denunció ante los máximos responsables en esta materia de Farmaindsutria las prácticas de su laboratorio.

 

 

Farmaindustria optó hace unos años por la autorregulación para supervisar la idoneidad ética de sus actividades.  “El objetivo es darles transparencia [a estas prácticas], que siempre que se produzcan se justifiquen con el objetivo que se pretende alcanzar, que consten por escrito y que si hay contraprestación económica, sea razonable”, explica José Zamarriego, director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria.

 

Entre su artículos encontramos un prohibición genérica, pero empiezan a aparecer reguladas determinadas excepciones. Según se puede leer, no se podrán otorgar primas, ventajas pecuniarias ni incentivos que pueden condicionar la prescripción, salvo obsequios de poco valor (menos de 30 euros) y utensilios relacionados con práctica sanitaria o de escritorio. Luego dicho código entiende que un obsequio de menos de 30 euros, aunque  condicione la prescripción, es legal. ¿Podría interpretarse así el Código Penal y la Ley del Medicamento?

 

 

 

 

Dicho código habla en su apartado de hospitalidad del pago de  inscripciones a congresos, hoteles, desplazamientos,etc, con una serie de limitaciones (lugar, nº de estrellas del hotel) considerando implícitamente que dichos presentes a determinados prescriptores son legítimos y, a mi entender, [argumenta Nikita], vulnerando tanto el Código Penal como la Ley del Medicamento.

  

“10.1 No podrán otorgarse, ofrecerse o prometerse obsequios, primas, ventajas pecuniarias o en especie, ni incentivos, bonificaciones o descuentos, a los sanitarios profesionales implicados en el ciclo de la prescripción, adquisición, distribución, dispensación y administración o al personal administrativo, así como a cualquier persona que, en el ejercicio de su profesión, pueda realizar o condicionar  la actividades de prescribir, comprar, distribuir, dispensar o administrar medicamentos para incentivar la prescripción, dispensación, suministro y administración de medicamentos, salvo que se trate de obsequios de poco valor y relacionados con la práctica de la medicina o la farmacia. Por lo tanto, es admisible la entrega de obsequios tales como utensilios de uso profesional en la práctica médica o farmacéutica o utensilios de escritorio de valor insignificante.

 

10.2. Se considerará que el obsequio es de  poco valor cuando su precio de mercado no supere los 30 euros. Se entiende por precio de mercado el importe que generalmente debería abonar un particular para adquirir una unidad de dicho producto en España.

 

10.3. Se exceptúa la entrega de objetos como libros o material en soporte óptico, magnético, electrónico o similar, bajo el patrocinio de la compañía, sobre temas de Medicina o Farmacia, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos”.

 

 

 

  

Curioso también me resulta, indica esta ex comercial sanitaria, que este Código no se pronuncie sobre las comidas y cursos de formación hasta el final en su apartado de preguntas y respuestas, de una manera tibia.  

 

Para finalizar, haré alusión al código de prácticas promocionales de un laboratorio farmacéutico adscrito a Farmaindustria que permite “invitar” a los médicos, entre sus posibilidades de colaboración de su aplicación informática. En invitación cabe todo ticket de cafetería, restaurante o bar que justifique dicha consumición; no hay alusión alguna a que deba acompañar dicha invitación con un acto científico. Se invierten miles de euros en este tipo de colaboraciones. Esta práctica no solo es consentida, sino que está especificada: las comidas se pueden realizar por un máximo de 50 euros+IVA por comensal y las cenas 60 euros+IVA por comensal, sin tener obligación de justificar el delegado comercial del laboratorio el motivo científico de tal ágape.

 

Con el Código de Farmaindustria en la mano ¿es legal patrocinar cursos de formación por un precio indeterminado o invitar a cenar a un médico funcionario varias veces al año con o sin motivo científico? Desde luego, si nos atenemos al Código Penal y a la Ley del Medicamente, la respuesta es NO.

 

 

 

 

¿Quién audita los recursos de las redes de ventas? ¿Cómo se puede permitir que un laboratorio invierta millones de euros en comidas con médicos sin respaldo científico y en cursos de informática? ¿Es culpa de los visitadores médicos seguir la directiva de las empresas farmacéuticas? 

 

En este asunto de regular los incentivos a los médicos,  hay normas y peculiaridades que las industrias farmacéuticas, como colectivo y/o individualmente, se han sacado de la manga y que son contrarias a la Ley, concluye Nikita.

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Su honestidad y coherencia personal le han llevado a denunciar al laboratorio multinacional en el que trabajaba por presunto soborno a los médicos. Nikita es una ex visitadora médica que ha trabajado durante diez años en una de las farmacéuticas más grandes del mundo. Grande por el tamaño de sus beneficios, nimia en ética. De vasta formación sanitaria y legal esta valiente y perseguida ex comercial sanitaria, asidua a este blog, nos muestra las diferentes normativas que existen relacionadas con la prohibición de “incentivos” a los médicos. Estos constituyen una práctica corrupta, inmoral e ilegal que hoy se practica en nuestro país y en todo el mundo mientras las autoridades sanitarias miran para otro lado y la mayor parte de los laboratorios se adhieren a protocolos deontológicos que más bien parecen diseñados para lavar la cara al sector.

 

 

El Código Penal Español de 1995 recoge, en su artículo 419: “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años, multa del tanto al triplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la dádiva o promesa”. Artículo 423. El código Penal no especifica qué no se entiende por dádiva, presente u ofrecimiento, luego incluye todo lo que pueda inducir a una acción u omisión; en el caso de los funcionarios públicos sanitarios, incluye todo lo que pueda inducir a recetar un fármaco determinado.  “Luego todos los recursos y armas disponibles desde los departamentos de marketing y ventas tienen la finalidad de retornar la inversión, es decir, inducir a los médicos a que receten un fármaco en lugar de otro. Estas armas o recursos son: inscripciones de congresos, desplazamientos, hoteles, comidas, cursos de formación, regalos de precio inferior a 30 euros o mesas redondas”, comenta Nikita.

 

 

Seguimos con las Leyes del Medicamento, no hay mucha variación ente la Ley 25/1990 y la actual Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. La primera, dice su art. 7.2.: “Queda expresamente prohibido: a) el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, primas u obsequios, por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos a los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripcion, dispensacion y administración, o a sus parientes y personas de su convivencia”. En la actual Ley del Medicamento, encontramos en el  Art. 3.6.: “A efectos de garantizar la independencia de las decisiones relacionadas con la prescripción, dispensación, y administración de medicamentos respecto de intereses comerciales se prohibe el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios, por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos a los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración de medicamentos o a sus parientes y personas de su convivencia. Esta prohibición será asimismo de aplicación cuando el ofrecimiento se realice a profesionales sanitarios que prescriban productos sanitarios”. Más claro agua.

 

 

En la misma línea, se encuentra la Directiva 2001/83/CE: “no debe permitirse otorgar, ofrecer o prometer a las personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos y en el marco de la promoción de los mismos frente a dichas personas, primas, ventajas pecuniarias o ventajas en especie”. “Tanto la Ley del Medicamento como la citada Directiva Europea, son un desarrollo fiel del Código Penal. La única diferencia es que el Código Penal habla de “dádiva o presente” y la Ley del Medicamento de “primas, ventajas pecuniarias o ventajas en especie”, coincidiendo ambas en no entrar en distinguir qué primas o presentes se consideran como tales y cuáles no; obviamente, porque todo presente o prima lo es por definición, aunque para los códigos éticos elaborados por la industria farmacéutica existan primas o presentes no considerados como tales”, concluye esta ex visitadora.

 

He dividido esta info en dos entregas para no hacerla demasiado larga, así que el próximo capítulo se publicará en unos días, a continuación de este, y analizaremos, entre otros, el Código Español de Buenas Prácticas de Promoción de los Medicamentos y de interrelación de la Industria Farmacéutica con los profesionales sanitarios, el de la patronal española Farmaindustria.

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El pensamiento secuestrado es el último libro de Susan George. En él, su autora -culta, intelectual, amena y a ratos irónica e irreverente-, revela cómo los colectivos más intransigentes, sobre todo religiosos, relacionados con las altas esferas políticas y económicas de Estados Unidos se han apoderado, en sus propias palabras, de dicho país. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar… ya sabes; por lo que cuenta esta activista de la palabra, por aquí (y por tantos países) la situación es cada vez más parecida. Una de las cinco partes en las que se divide este trabajo la ha llamado Lobbies, pasillos y sedes de poder. En ella, George describe la kafkiana situación a la que ha llegado el país norteamericano, que acumula entre sus diez lobbies o grupos de presión más influyentes a la Asociación Estadounidense de Médicos y a la Asociación Estadounidense de Hospitales. Estos, siempre según la escritora que posee la doble nacionalidad francesa-estadounidense, hacen campaña para que los ciudadanos USA nunca tengan atención médica a cargo del Estado, más barata o gratuita.

La organización social especializada en investigar el poder de los lobbies, LobbyWatch, afirma que entre 1998 y 2004 los diez primeros clientes de la industria del lobby en EE.UU. repartieron casi mil millones de dólares entre las empresas de relaciones públicas que les ayudaron a salirse con la suya. Los diez primeros lobbies son, por este orden: la Cámara de Comercio estadounidense, el Grupo Altria (alimentación y tabaco), General Electric (séptimo proveedor del Pentágono), la Asociación Estadounidense de Médicos,  Northrop Grumman (cuarto proveedor del Pentágono), el Instituto Edison Electric (patronal de la industria nuclear), Verizon Communications, Business Roundtable, la Asociación Estadounidense de Hospitales, y las farmacéuticas, Pharmaceutical Research and Manufacturers. Tres lobbies del campo sanitario entre los diez más importantes.

En Estados Unidos hacer lobby o cabildeo es una práctica incluso protegida por la Carta de Derechos pues se considera una manifestación de la “libertad de expresión”. El Congreso de este país elabora cada trimestre un boletín donde explica cuánto gastan los diferentes grupos de presión en intentar, y muchas veces lograr, que se legisle a su favor -huelga decir que si se legisla a favor de un grupo de interés concreto se legisla en contra de la mayoría de la ciudadanía, de ahí el título de democracia secuestrada de este post-. El sitio web de la Comisión Electoral Federal también publica estos datos. En Europa esto no es así.

Pero, como he explicado algunas veces que me lo han preguntado, de poco sirve a los ciudadanos estadounidenses saber cuánto dinero gastan los lobbies en corromper la democracia. Lo importante es que la práctica del cabildeo, presión corporativa o lobbismo corrompe la democracia pues el ciudadano poco cuenta a la hora de que sus demandas sean satisfechas. En el capítulo El lobby farmacéutico entra en política de Traficantes de salud, cuento, gracias a la Ley de Libertad de Información de USA que proporciona estos datos, cómo las compañías farmacéuticas, mediante el dinero que proporcionan legalmente para las campañas electorales de los candidatos a las elecciones de Estados Unidos, consiguen que una vez en el poder sus candidatos gobiernen en función de sus intereses.

El espacio web de periodismo de investigación en favor de los intereses públicos Public Integrity, ofrece documentos actualizados sobre la financiación de los candidatos a las próximas elecciones de EE.UU. Volviendo al libro de Susan George, ella afirma que el resto de la lista de los cien primeros clientes con poder de lobby “parece un catálogo de sospechosos habituales”: petroleras, compañías automovilísticas, de las comunicaciones, del software, la banca y los seguros, la electrónica, el complejo militar y las farmacéuticas.

Las grandes empresas y las asociaciones patronales dominan la lista pues apenas aparece algún lobby relacionado con la ciudadanía a excepción de uno que representa a los agricultores y empresas agrícolas, otro de los sindicatos, una asociación de abogados procesales y tres asociaciones de personas mayores, entre ellas la Asociación Estadounidense de Jubilados, que aunque no lo crean es el lobby más eficaz según las encuestas del Congreso de EE.UU.

La democracia, en Estados Unidos, y en todo el mundo, está muy tocada por decirlo de un modo suave. Están gobernando quienes más dinero tienen y gobiernan en función de sus intereses económicos, sobre todo. Vivimos tiempos de Totalitarismo Global Corporativo pues esta dictadura que se vale en sus formas de una apariencia democrática para camuflar la realidad es la primera que el ser humano consiente en todo el planeta al mismo tiempo.

¿Que qué hacer? Debemos revisar el modo en que participamos políticamente en nuestra sociedad. Hay que crear redes, de información y de asociaciones que trabajen en temas concretos o potenciar las ya existentes, y conectarlas entre sí bajo un punto de vista plural, unidas por unos principios mínimos de respeto a los derechos humanos, independencia de los intereses privados económicos y e impulso al único gobierno posible, el de los ciudadanos, la verdadera democracia. Uno de los aspectos más importantes es recuperar la confianza en que nosotros mismos podemos resolver nuestros problemas. En una sociedad gobernada por el mercado es un error delegar los asuntos públicos a manos privadas.

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Los escándalos ocurridos durante los últimos años relacionados con los ensayos clínicos que desarrollan las farmacéuticas, en ocasiones con resultados funestos, han llevado a la doctora uruguaya Aida Rey a recordar los muertos producidos “en nombre de la ciencia” en un correo publicado en e-farmacos. Quizá por ello, las organizaciones sociales Wemos y SOMO han comenzado un proyecto sobre los aspectos éticos de los ensayos clínicos que realizan los laboratorios farmacéuticos en países denominados en “vías de desarrollo”. “Deseamos comprender mejor si las compañías farmacéuticas están siguiendo las directrices existentes sobre ensayos clínicos éticos”, explica Annelies den Boer, coordinadora del proyecto de acceso a medicamentos de Wemos.

 

 

Wemos y SOMO estudian si se realiza con corrección la práctica del consentimiento informado, el uso potencial y acceso futuro después de la aprobación del fármaco o vacuna o el uso de placebos cuando los tratamientos alternativos ya estén disponibles.

 

Para que un medicamento pueda dispensarse es necesario que se demuestre su eficacia y seguridad; que no producirá daños en la salud de las personas. Esto último sólo puede comprobarse cuando el preparado lleva tiempo a disposición del público, la denominada Fase IV (antes de ponerse a la venta cada medicamento debe pasar l Fase I, Fase II y Fase III de ensayos). Profesionales sanitarios como la citada Aida Rey hablan de replantearse las clásicas fases de ensayo. Rey se pregunta en voz alta: “Con algo mas de 500 pacientes ¿se pueden sacar conclusiones de una patología que afecta a varios millones de seres humanos, como lo es la ateroesclerosis? (…) ¿Necesitamos mas fármacos para lo mismo? (…) ¿Se relacionan los beneficios frente a los costos? ¿tendremos que hacer más farmacovigilancia?”.

 

La falta de ética en los ensayos clínicos que realizan los laboratorios preocupa a los profesionales sanitarios (y no sólo en este ámbito). Hace pocos meses 17 organizaciones sanitarias firmaron la denominada Declaración de Buenos Aires sobre Ética y Ensayos Clínicos. Este documento fue aprobado por durante el Primer Taller Latinoamericano de Ética y Ensayos Clínicos que se realizó el 12 y 13 de mayo en Buenos Aires, organizado por Salud y Fármacos.

 

 

Dicha declaración presenta un contenido racional, concreto y asumible. Considera que sólo se justifica la realización de un ensayo clínico si la población sobre la que se realiza podrá beneficiarse de sus resultados. Lógico ¿verdad? Las autoridades de los diferentes países deben exigir a los investigadores de los ensayos clínicos el cumplimiento estricto de la “Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos” (UNESCO, 2005). Todos los ensayos clínicos que se lleven a cabo en los diferentes países de América Latina (las organizaciones firmantes son de dicha región geográfica) deben registrarse en las agencias nacionales de medicamentos o en entidades creadas para ello. Los datos de los protocolos deben estar accesibles electrónicamente al público.

 

Para estas organizaciones, el Consentimiento Informado debe cumplir con los siguientes requisitos:

 

-La traducción debe ser realizada localmente (debe comprenderse, de nuevo, que el ámbito de aplicación es América Latina, diversa en lenguajes y culturas) y el personal independiente del ensayo clínico, debe verificar el nivel de comprensión entre los diferentes estratos sociales y étnicos que participen en el ensayo.

 

-Los comités de ética que aprueben la ejecución de los ensayos clínicos deben realizar seguimiento, desde el reclutamiento de participantes hasta la publicación de los resultados. Para ello, al aprobar el ensayo clínico se deben especificar las funciones que el comité de ética realizará. También es lógico ¿no? Además, las autoridades de salud nacionales deben establecer un registro de los comités de ética autorizados, de los centros de investigación que hayan comprobado su capacidad para realizar ensayos clínicos, así como de los investigadores que hayan demostrado la debida idoneidad para realizarlos.

 

-Los nuevos medicamentos en investigación en ensayos clínicos deberán ser comparados con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos existentes. El placebo sólo puede emplearse cuando no hay procedimientos terapéuticos probados o en forma excepcionalmente calificada cuando este procedimiento sea indispensable.

 

“Condenamos la realización de ensayos clínicos uno de cuyos objetivos sea promocionar la comercialización de medicamentos. Para obtener la autorización de ensayos clínicos, la industria farmacéutica debe comprometerse a que si los medicamentos resultan útiles, sean económicamente accesibles a la población y salud pública local”, argumentan dichas organizaciones. Y así la lista de ideas acordadas se extiende hasta alcanzar un marco ético de lo más razonable.

 

 

¿Qué quienes son las organizaciones que suscriben estos argumentos? Acción Internacional para la Salud, Asociación Mexicana para el Uso Racional de Medicamentos, Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Cátedra Unesco de Bioética de la Universidad Nacional de Brasilia, Centro de Información de Medicamentos de la Universidad de Colombia, Centro Universitario de Farmacología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Comité de Defensa de los Derechos del Consumidor- Bolivia, Drug Utilization Research Group, Latinoamérica, Fundación Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud (Colombia), Grupo Argentino para el Uso Racional del Medicamento, International Health Central American Institute Foundation, Red Latinoamericana de Ética y Medicamentos, Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de UNESCO, Salud y Fármacos y Sociedade Brasileira de Vigilancia de Medicamentos.

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