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El pensamiento secuestrado es el último libro de Susan George. En él, su autora -culta, intelectual, amena y a ratos irónica e irreverente-, revela cómo los colectivos más intransigentes, sobre todo religiosos, relacionados con las altas esferas políticas y económicas de Estados Unidos se han apoderado, en sus propias palabras, de dicho país. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar… ya sabes; por lo que cuenta esta activista de la palabra, por aquí (y por tantos países) la situación es cada vez más parecida. Una de las cinco partes en las que se divide este trabajo la ha llamado Lobbies, pasillos y sedes de poder. En ella, George describe la kafkiana situación a la que ha llegado el país norteamericano, que acumula entre sus diez lobbies o grupos de presión más influyentes a la Asociación Estadounidense de Médicos y a la Asociación Estadounidense de Hospitales. Estos, siempre según la escritora que posee la doble nacionalidad francesa-estadounidense, hacen campaña para que los ciudadanos USA nunca tengan atención médica a cargo del Estado, más barata o gratuita.

La organización social especializada en investigar el poder de los lobbies, LobbyWatch, afirma que entre 1998 y 2004 los diez primeros clientes de la industria del lobby en EE.UU. repartieron casi mil millones de dólares entre las empresas de relaciones públicas que les ayudaron a salirse con la suya. Los diez primeros lobbies son, por este orden: la Cámara de Comercio estadounidense, el Grupo Altria (alimentación y tabaco), General Electric (séptimo proveedor del Pentágono), la Asociación Estadounidense de Médicos,  Northrop Grumman (cuarto proveedor del Pentágono), el Instituto Edison Electric (patronal de la industria nuclear), Verizon Communications, Business Roundtable, la Asociación Estadounidense de Hospitales, y las farmacéuticas, Pharmaceutical Research and Manufacturers. Tres lobbies del campo sanitario entre los diez más importantes.

En Estados Unidos hacer lobby o cabildeo es una práctica incluso protegida por la Carta de Derechos pues se considera una manifestación de la “libertad de expresión”. El Congreso de este país elabora cada trimestre un boletín donde explica cuánto gastan los diferentes grupos de presión en intentar, y muchas veces lograr, que se legisle a su favor -huelga decir que si se legisla a favor de un grupo de interés concreto se legisla en contra de la mayoría de la ciudadanía, de ahí el título de democracia secuestrada de este post-. El sitio web de la Comisión Electoral Federal también publica estos datos. En Europa esto no es así.

Pero, como he explicado algunas veces que me lo han preguntado, de poco sirve a los ciudadanos estadounidenses saber cuánto dinero gastan los lobbies en corromper la democracia. Lo importante es que la práctica del cabildeo, presión corporativa o lobbismo corrompe la democracia pues el ciudadano poco cuenta a la hora de que sus demandas sean satisfechas. En el capítulo El lobby farmacéutico entra en política de Traficantes de salud, cuento, gracias a la Ley de Libertad de Información de USA que proporciona estos datos, cómo las compañías farmacéuticas, mediante el dinero que proporcionan legalmente para las campañas electorales de los candidatos a las elecciones de Estados Unidos, consiguen que una vez en el poder sus candidatos gobiernen en función de sus intereses.

El espacio web de periodismo de investigación en favor de los intereses públicos Public Integrity, ofrece documentos actualizados sobre la financiación de los candidatos a las próximas elecciones de EE.UU. Volviendo al libro de Susan George, ella afirma que el resto de la lista de los cien primeros clientes con poder de lobby “parece un catálogo de sospechosos habituales”: petroleras, compañías automovilísticas, de las comunicaciones, del software, la banca y los seguros, la electrónica, el complejo militar y las farmacéuticas.

Las grandes empresas y las asociaciones patronales dominan la lista pues apenas aparece algún lobby relacionado con la ciudadanía a excepción de uno que representa a los agricultores y empresas agrícolas, otro de los sindicatos, una asociación de abogados procesales y tres asociaciones de personas mayores, entre ellas la Asociación Estadounidense de Jubilados, que aunque no lo crean es el lobby más eficaz según las encuestas del Congreso de EE.UU.

La democracia, en Estados Unidos, y en todo el mundo, está muy tocada por decirlo de un modo suave. Están gobernando quienes más dinero tienen y gobiernan en función de sus intereses económicos, sobre todo. Vivimos tiempos de Totalitarismo Global Corporativo pues esta dictadura que se vale en sus formas de una apariencia democrática para camuflar la realidad es la primera que el ser humano consiente en todo el planeta al mismo tiempo.

¿Que qué hacer? Debemos revisar el modo en que participamos políticamente en nuestra sociedad. Hay que crear redes, de información y de asociaciones que trabajen en temas concretos o potenciar las ya existentes, y conectarlas entre sí bajo un punto de vista plural, unidas por unos principios mínimos de respeto a los derechos humanos, independencia de los intereses privados económicos y e impulso al único gobierno posible, el de los ciudadanos, la verdadera democracia. Uno de los aspectos más importantes es recuperar la confianza en que nosotros mismos podemos resolver nuestros problemas. En una sociedad gobernada por el mercado es un error delegar los asuntos públicos a manos privadas.

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Los escándalos ocurridos durante los últimos años relacionados con los ensayos clínicos que desarrollan las farmacéuticas, en ocasiones con resultados funestos, han llevado a la doctora uruguaya Aida Rey a recordar los muertos producidos “en nombre de la ciencia” en un correo publicado en e-farmacos. Quizá por ello, las organizaciones sociales Wemos y SOMO han comenzado un proyecto sobre los aspectos éticos de los ensayos clínicos que realizan los laboratorios farmacéuticos en países denominados en “vías de desarrollo”. “Deseamos comprender mejor si las compañías farmacéuticas están siguiendo las directrices existentes sobre ensayos clínicos éticos”, explica Annelies den Boer, coordinadora del proyecto de acceso a medicamentos de Wemos.

 

 

Wemos y SOMO estudian si se realiza con corrección la práctica del consentimiento informado, el uso potencial y acceso futuro después de la aprobación del fármaco o vacuna o el uso de placebos cuando los tratamientos alternativos ya estén disponibles.

 

Para que un medicamento pueda dispensarse es necesario que se demuestre su eficacia y seguridad; que no producirá daños en la salud de las personas. Esto último sólo puede comprobarse cuando el preparado lleva tiempo a disposición del público, la denominada Fase IV (antes de ponerse a la venta cada medicamento debe pasar l Fase I, Fase II y Fase III de ensayos). Profesionales sanitarios como la citada Aida Rey hablan de replantearse las clásicas fases de ensayo. Rey se pregunta en voz alta: “Con algo mas de 500 pacientes ¿se pueden sacar conclusiones de una patología que afecta a varios millones de seres humanos, como lo es la ateroesclerosis? (…) ¿Necesitamos mas fármacos para lo mismo? (…) ¿Se relacionan los beneficios frente a los costos? ¿tendremos que hacer más farmacovigilancia?”.

 

La falta de ética en los ensayos clínicos que realizan los laboratorios preocupa a los profesionales sanitarios (y no sólo en este ámbito). Hace pocos meses 17 organizaciones sanitarias firmaron la denominada Declaración de Buenos Aires sobre Ética y Ensayos Clínicos. Este documento fue aprobado por durante el Primer Taller Latinoamericano de Ética y Ensayos Clínicos que se realizó el 12 y 13 de mayo en Buenos Aires, organizado por Salud y Fármacos.

 

 

Dicha declaración presenta un contenido racional, concreto y asumible. Considera que sólo se justifica la realización de un ensayo clínico si la población sobre la que se realiza podrá beneficiarse de sus resultados. Lógico ¿verdad? Las autoridades de los diferentes países deben exigir a los investigadores de los ensayos clínicos el cumplimiento estricto de la “Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos” (UNESCO, 2005). Todos los ensayos clínicos que se lleven a cabo en los diferentes países de América Latina (las organizaciones firmantes son de dicha región geográfica) deben registrarse en las agencias nacionales de medicamentos o en entidades creadas para ello. Los datos de los protocolos deben estar accesibles electrónicamente al público.

 

Para estas organizaciones, el Consentimiento Informado debe cumplir con los siguientes requisitos:

 

-La traducción debe ser realizada localmente (debe comprenderse, de nuevo, que el ámbito de aplicación es América Latina, diversa en lenguajes y culturas) y el personal independiente del ensayo clínico, debe verificar el nivel de comprensión entre los diferentes estratos sociales y étnicos que participen en el ensayo.

 

-Los comités de ética que aprueben la ejecución de los ensayos clínicos deben realizar seguimiento, desde el reclutamiento de participantes hasta la publicación de los resultados. Para ello, al aprobar el ensayo clínico se deben especificar las funciones que el comité de ética realizará. También es lógico ¿no? Además, las autoridades de salud nacionales deben establecer un registro de los comités de ética autorizados, de los centros de investigación que hayan comprobado su capacidad para realizar ensayos clínicos, así como de los investigadores que hayan demostrado la debida idoneidad para realizarlos.

 

-Los nuevos medicamentos en investigación en ensayos clínicos deberán ser comparados con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos existentes. El placebo sólo puede emplearse cuando no hay procedimientos terapéuticos probados o en forma excepcionalmente calificada cuando este procedimiento sea indispensable.

 

“Condenamos la realización de ensayos clínicos uno de cuyos objetivos sea promocionar la comercialización de medicamentos. Para obtener la autorización de ensayos clínicos, la industria farmacéutica debe comprometerse a que si los medicamentos resultan útiles, sean económicamente accesibles a la población y salud pública local”, argumentan dichas organizaciones. Y así la lista de ideas acordadas se extiende hasta alcanzar un marco ético de lo más razonable.

 

 

¿Qué quienes son las organizaciones que suscriben estos argumentos? Acción Internacional para la Salud, Asociación Mexicana para el Uso Racional de Medicamentos, Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Cátedra Unesco de Bioética de la Universidad Nacional de Brasilia, Centro de Información de Medicamentos de la Universidad de Colombia, Centro Universitario de Farmacología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Comité de Defensa de los Derechos del Consumidor- Bolivia, Drug Utilization Research Group, Latinoamérica, Fundación Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud (Colombia), Grupo Argentino para el Uso Racional del Medicamento, International Health Central American Institute Foundation, Red Latinoamericana de Ética y Medicamentos, Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de UNESCO, Salud y Fármacos y Sociedade Brasileira de Vigilancia de Medicamentos.

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Hace algunos meses se publicó un libro muy valioso cuyo autor me consta que ha trabajado durante muchos años investigando para escribirlo. Se trata de El parque de las hamacas: El químico que golpeó a los pobres (Icaria Editorial, 2008). Lo ha escrito un activista social castellonense, Vicent Boix Bornay, que desde 2001 en que viajó por primera vez a Nicaragua ha seguido de cerca los efectos de los productos químicos utilizados para la producción de frutas en dicha región. Compañías multinacionales de las que se abastecen, por lo general, los comercios que nos rodean, llevan explotando y envenenando impunemente a los trabajadores de América Latina durante décadas. El testimonio de Vicent es muy valiente y comprometido y el estilo que gasta este joven es muy accesible al público, que podrá disfrutar letra a letra, por paradójico que parezca, del valor de la palaba solidaridad contenido en sus páginas. Las fotos que acompañan esta información son de Piet den Blanken. Tanto Piet como Vicent hacen un trabajo inconmensurable en favor de personas que no cuentan en el actual modelo económico, tratadas como bestias por las empresas hortofrutícolas. Estos compañeros dan voz a quienes nos recuerdan con sus existencias el amargo mordisco de la fruta podrida y todos ellos, activistas y protagonistas de la historia del libro, son la garantía superviviente de que vivimos en un mundo enfermo que se alimenta del sufrimiento ajeno con la naturalidad de una fruta regada con infinitos productos químicos tóxicos.

 

 

Quería comentaros brevemente la parte que más me ha gustado de este completo libro. Se titula Algunos interrogantes sobre la ciencia. Trata de cómo el conocimiento se privatiza y se convierte en “propiedad intelectual”. Cómo numerosas corporaciones, de este modo, acaparan el control de la información que determina el funcionamiento de la vida. Vicent nos cuenta cómo mediante tres estrategias los grandes sectores económicos están acaparando el conocimiento científico y prostituyendo la ciencia enfocándola hacia el mercado y desviándola de su objetivo supremo: las personas, el avance humano. En esto coincido plenamente con el autor pues a través de mis libros he podido comprobarlo.

 

 

Cada vez más, el funcionamiento de la ciencia está subordinado al capital privado, escribe Boix. Ya en el año 2000, en Estados Unidos y Japón la inversión privada era dos terceras partes del total del I+D. En la Unión Europea, el 56%. Las multinacionales que más daño social y medioambiental causan controlan las universidades e instituciones investigadoras. En segundo lugar, existen claras conexiones entre los organismos públicos y los intereses privados. Como ocurre en España, por ejemplo, la industria biotecnológica controla buena parte del Comité Asesor del Reino Unido sobre Liberaciones al Medio Ambiente, como explica el autor de El parque de las hamacas, que abunda en ejemplos similares.

 

 

En tercer lugar, las presiones sobre los científicos independientes que están haciendo descubrimientos que favorecen a las personas y que a las compañías no les interesa que se conozcan están sufriendo fuertes presiones, de tinte mafioso en muchos casos. Hay profesores censurados por denunciar la contaminación genética que produce el máiz transgénico, por ejemplo en México, y cuando los científicos no apoyan los dictados de los gobiernos pro corporaciones como el de EE.UU. son perseguidos, ignorados o presionados para que cambien su actitud crítica y ética.

 

 

Una de las conclusiones que argumenta Vicent es que “el mercado determina si una aplicación tecnológica es o no apropiada, independientemente de su importancia y de sus consecuencias para la sociedad y el medio ambiente”. Para Boix, expresión que comparto: Existe un claro vínculo entre el progreso, el desarrollo tecnocientífico y la crisis ecológica. No os perdáis este exhaustivo trabajo.

 

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Tras 110 años de historia los jugadores del Athletic Club de Bilbao lucirán en su pecho durante la campaña futbolística que viene y así por tres años consecutivos al menos el anagrama controvertido de la firma petrolera Petronor. Desconozco si con renovadas energías (cambioclimáticas) bajo el mentón el mítico club de fútbol vasco meterá más goles pero lo que es seguro es que en Muskiz, población de la comarca del Gran Bilbao, la institución deportiva va a perder unos cuantos aficionados. Esta localidad soporta desde hace muchos lustros las actividades de una refinería de petróleos de Petronor y en breve puede que se amplíe con una planta de producción de coque; los conspiradores tóxicos tienen la máquina a tope para que así sea.
Petronor ha pedido Evaluación de Impacto Ambiental al Gobierno vasco para un nuevo proyecto refinero con el que pretende reducir su producción de fuel-oil, que tiene una menor demanda internacional ahora, y producir nafta, gasolina y coque. También planean construir una planta de cogeneración eléctrica para uso propio y venta a Iberdrola. Los vecinos y vecinas del bello municipio de Muskiz soportan el impacto en su salud y medio ambiente de una refinería que lleva instalada 40 años “y hasta ahora ha contaminado lo que ha querido, sin control”, explican desde la Coordinadora Anti Coke de la localidad.
El proyecto supondrá la inversión de 700 millones de euros. Habrá tres nuevas chimeneas, 160 camiones diarios pasando a 200 metros de la playa La Arena y del pueblo y un aumento de todas las emisiones de contaminantes. La refinería solicitó la Autorización Ambiental Integrada para sus actuales instalaciones y el Departamento de Mediambiente del Gobierno Vasco le ha dado una resolución con la autorización condicionada al cumplimiento de unas condiciones que ocupan 20 páginas.
“En unos seis meses Petronor tendrá lista la documentación donde dice que va a hacer todos los camibios exigidos y les darán la definitiva. Lógicamente, si no tienen esa autorización tendrían que cerrar la refinería y eso es algo impensable puesto que da trabajo a unas 3.000 personas, más los beneficios a las arcas públicas a través de impuestos. El siguiente paso es la resolución de la Evaluación de Impacto Ambiental para el nuevo proyecto. La coordinadora ha presentado 9.000 alegaciones y una manifestación en el pueblo con asistencia de 1.100 personas”, comentan desde la citada Coordinadora.
Mientras los vascos se movilizan desconocemos en qué estará pensando Juan Carlos Rodríguez Ibarra (JCRI), ex presidente de Extremadura y uno de los máximos impulsores de la construcción de una mega refinería en Tierra de Barros, la comarca más rica de Badajoz. Quizá entre su poblada barba se esboce una tímida sonrisa. Hace unas semanas, la intrépida Rosa Díez, la líder del neopartido Unión Progreso y Democracia (UPyD), (que también debió respirar los sucios aires de Muskiz en algún momento tras ejercer en el País Vasco de Consejera de Turismo), recibió uno de los típicamente demagógicos exabruptos de JCRI (al que populosamente se le conoce como El Bellotari en Extremadura). Ante las protestas de Díez porque la Junta de Extremadura apoye mayoritariamente el proyecto refinero en Tierra de Barros, JCRI le contestaba que se volviera a Bilbao a “luchar contra la del País Vasco”.
Entretanto, los conspiradores tóxicos vascos mueven ficha pues el poder y la codicia no tienen fronteras. Hace muy poco Josu Jon Imaz, ex presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), ha sido nombrado nuevo presidente de Petronor. Además, es consejero de Iberdrola. Una de sus primeras actuaciones ha sido presentar la nueva camiseta del Athletic (como puede apreciarse en la foto de arriba). El club percibirá dos millones de euros por cada una de las tres temporadas que la lucirán los jugadores.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Muskiz lo componen cuatro concejales de EA (Eusko Alkartasuna) y tres del PSOE. El PNV está en la oposición con seis concejales. EA está en contra de la planta. Tienen alcalde y concejal de Medioambiente. El PSOE está a favor y el PNV dice que no está ni a favor ni en contra pero que si la llevan a cabo que se cumpla la normativa. “Lo cierto es que el PNV ha estado 35 años con mayoría absoluta en el Ayuntamiento y ha dejado hacer a Petronor lo que ha querido”, indican los vecinos de Muskiz. Ahora, con el nombramiento de Imaz como máximo responsable de la planta de refino se entiende dicha actitud. Quien debe decidir si la Evaluación de Impacto Ambiental es positiva es la Consejería de Medioambiente del Gobierno Vasco, que está en manos de EA. ¿Podrán los conspiradores tóxicos “convencer” a los responsables de dicha refinería de la “limpieza” de su proyecto cambioclimatizador?
Por su parte, (alguien faltaba a la fiesta petroleada, ¿que quién?), el líder del Partido Popular vasco, Antonio Basagoiti, se reune estos días con Imaz en la propia refinería de Muskiz durante una visita pública a las instalaciones. Imaz, ex consejero de Industria, explica al dirigente del PP el proyecto de la planta de coque.
Petróleos del Norte S.A. (Petronor) fue constituida en Bilbao en 1968. Tras diferentes modificaciones de su composición accionarial, los socios que la componen en la actualidad son: Repsol (85,98%) y Bilbao Bizkaia Kutxa-BBK (14,02%). Cómo me recuerda todo esto a la situación que está produciéndose en Extremadura. Los dos ex presidentes (uno del Gobierno extremeño y el otro del partido vasco más importante) apoyando los intereses de las empresas vasco-españolas más importantes Petronor-Repsol-Iberdrola-BBK, en contra de la voluntad de los ciudadanos. Y es que Imaz e Ibarra-Ibarra e Imaz tienen el mismo concepto de algo que han manifestado ambos públicamente “hacer país”. A costa de la salud y el medio ambiente de todos.

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El debate sobre los sobornos y el cohecho a médicos para que receten los productos de los laboratorios farmacéuticos está de nuevo en el aire. La Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) -(Asociación Americana de Productores y de Investigadores en Farmacia, la patronal farmacéutica estadounidense)-, ha revisado su conducta y ha publicado un nuevo Código deontológico que prohibe hacer regalos a los médicos. Se seguirá enviando comida a los galenos en sus consultas y se les pagará dinero por participar en trabajos de consultoría y conferencias. Esas mismas normas son las que en España comenzará aplicar la patronal Farmaindustria. Ya veremos si esto es algo más que un lavado de cara, como hasta ahora ha sido.

 

 

No deja de ser paradójico que sean los laboratorios que cometen estos delitos (perfectamente tipificados en la última Ley del Medicamento aprobada en España) los que se regulen a sí mismos. Esto es como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Tampoco se explica que en medio de una gran crisis como la que vive la industria farmacéutica -han ido perdiendo patentes de productos muy rentables y no encontran nuevos medicamentos que patentar en el número deseado-, los laboratorios vayan a deshacerse en buena medida de la que es su principal arma para generar los enormes beneficios que generan: la corrupción de los médicos.

En el mes de mayo pasado apareció en los periódicos Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón una noticia que hacía referencia a la detención de un empleado de una empresa de informática por emitir presuntas facturas falsas de cursos de formación tapadera de regalos a médicos y dichas facturas iban a nombre de un laboratorio farmacéutico. Algo que ya habíamos adelantado en este blog. Es más en mi libro Traficantes de salud cuento que la compañía en cuestión es una de las muchas farmacéuticas que han pasado por los tribunales de EE.UU. en los últimos años y sus responsables han reconocido que con sus actividades han puesto en peligro la vida de muchos ciudadanos.

 

 

Como explica Nikita, una valiente ex visitadora médica de nuestro país que dejó su trabajo en una de las multinacionales farmacéuticas más grandes para no dedicarse a eso de corromper voluntades: “He trabajado durante más de una década en una multinacional farmacéutica de las que aparecen en los primeros puestos de los rankings, con un alto estandarte ético y moral en su teoría, pero lamentablemente muy diferente en su práctica. Mis desavenencias en el modo en que mis superiores inmediatos y mis compañeros de equipo invertían los recursos asignados a formación, en un contexto de mobbing, me obligaron a denunciar internamente que dichos recursos no se destinaban a cursos de formación sino que se utilizaban como tapadera para otros tipo de presentes a los médicos-clientes-funcionarios del Estado y, posiblemente, hasta dinero en efectivo”.

Dichas acciones iban en contra del Código Ético de Farmaindustria, del Código Penal y, por tanto, del contrato de trabajo de esta persona ya que la mayoría de visitadores médicos firma anualmente la adhesión al Código de Conducta de su laboratorio/Farmaindustria y nadie puede obligar a actuar a un trabajador en contra de su voluntad ni de las leyes.

 

 

“El codirector de mi ex empresa -prosigue Nikita- no sólo hizo caso omiso a mi denuncia, sino que estuvo unos meses ‘mareando la perdiz’ y manipulando la información que obtenía a través de mis referencias de médicos que figuraban como beneficiarios ficticios de dichos cursos. Daba por perdido mi trabajo, pero no iba a permitir perder mi dignidad así que decidí que fueran los Tribunales los que juzgaran si yo decía la verdad y se estaba actuando conforme a la Ley o no”.

El nombre del laboratorio todavía no ha aparecido en prensa, pero el tiempo y la Justicia pondrá a cada uno en el lugar que le corresponde. Lo más chocante y paradójico del tema, es que dicho laboratorio mantiene en su nómina a la mayoría de empleados y mandos intermedios que tienen que ver con dicho escándalo y, a su vez, es noticia por sumarse en EE.UU. a los laboratorios que no van a regalar ni un bolígrafo a los doctores ni van a pagar cenas. Esta misma empresa es una de las que la Comisión Europea está investigando por manipular el funcionamiento del sector farmacéutico en la Unión Europea

 

 

Independientemente de que la Administración debería ser la que formara a sus empleados, la realidad de la industria farmacéutica va más allá. “Desde mi punto de vista, los médicos están saturados de formación, más en esta era en la que a través de Internet se accede en pocos minutos a las mejores bases de datos con estudios clínicos, fichas de producto o novedades terapéuticas. Hace tan sólo unas semanas desapareció el foro en internet PM Farma, en el que supuestos visitadores médicos defendían a ultranza la legitimidad de los incentivos a los médicos como se hace en cualquier transacción mercantil y me atacaban sin piedad por hablar sin tapujos de la realidad y defender la ética en esta profesión. Es una pequeña pero contundente muestra de lo que realmente es la acutal visita médica”, afirma Nikita.

Esta persona considera que no se puede generalizar “puesto que sólo he sido testigo en directo de lo que ha pasado en mi ex-empresa, aunque tengo concocimiento también de algunas otras con el mismo ‘modus operandi’. Personalmente, en 10 años, no tuve ninguna formación acerca de lo que es el cohecho ni las consecuencias legales que suponía dicho delito. Por otro lado, sí asistí a sucesivos cursos agresivos de venta y de negociación en la que había que ‘crear necesidades’ a los potenciales prescriptores y negociar con ellos recetas a cambio de recursos”, argumenta esta ex trabajadora de la industria farmacéutica.

 

 

Por su experiencia, además, Nikita, afirma que las auditorías internas de las empresas son inútiles, que debería haber auditorías externas e independientes. Cada año se deberían evaluar aleatoriamente un número determinado de empresas farmacéuticas, expone como idea, muy acertada, por cierto.

“Puedo asegurar (y demostrar con prueba documental) que en mi caso la auditoría interna, entre otras lindezas, manipuló la información obtenida a través de entrevistas telefónicas. En concreto a tres médicos, que manifestaron no haber realizado ningún curso de informática patrocinado por dicho laboratorio. Los auditores internos en lugar de informar debidamente de la información obtenida, se aferraban a que todo era producto de mi imaginación; supongo que utilizando la baza de que en esa época estaba en tratamiento psiquiátrico por ansiedad. Decían que todo estaba bien y que no tenían evidencias de que nada de lo que yo denunciaba era cierto; en concreto, facturas de restaurantes con beneficiarios de médicos que no habían asistido a dichas comidas y facturas de cursos de informática con beneficiarios de médicos que no habían realizado dichos cursos”, continúa esta persona.

 

 

Por supuesto, antes de denunciar que tres colaboraciones de cursos eran ficticias, Nikita habló telefónicamente con esos doctores para cerciorarse de que sus suposiciones eran ciertas y no habían realizado ningún curso de informática como figuraba en las contabilidad del presupuesto de inversión del equipo de trabajo. “Comprobé que efectivamente estos tres médicos recibieron una llamada del auditor interno pero, repito, no tenía nada que ver lo que dijeron los médicos con el informe de la auditoría, pues los médicos dijeron al auditor que nunca habían realizado dichos cursos y el auditor decía que los doctores sí habían realizado los cursos”, detalla la ex visitadora.

En conclusión, las auditorías internas no sirven para nada si su objetivo no es imparcial sino que se trata de investigaciones dirigidas a encubrir una situación incómoda para la empresa. En este caso, era más fácil quitar de en medio a un trabajador que tras diez años de empleo en ese laboratorio “se ha vuelto conflictivo” por denunciar que se siente acosado laboralmente, que no comparte los métodos de trabajo que le impone su superior y destapar la estrategia de ventas de uno de los mejores equipos de vendedores de España, que aplicar el código de prácticas promocionales y sancionar a los superiores que únicamente admitían este sistema de trabajo“.

Seguiremos participando en el debate.

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