La Internacional Society of Drug Bulletin (ISDB), una institución auspiciada por la Organización Mundial de la Salud encargada de velar por la ética de las publicaciones especializadas en medicamentos, ha publicado una declaración contra la publicidad de fármacos al consumidor.
Los laboratorios promueven el consumismo farmacéutico (Foto: Óscar Rivilla)
 
Los lobbies o grupos de presión farmacéuticos presionan en el Parlamento Europeo estos días. ¿Su objetivo? que pueda realizarse publicidad en los medios de comunicación, disfrazada de “información” a los posibles pacientes, sobre medicamentos que necesitan receta para ser comprados.
 
La regulación europea al respecto está pendiente de revisión y las organizaciones sociales sanitarias temen que, como ya ha estado a punto de ocurrir en otras ocasiones, la industria farmacéutica pueda salirse con la suya. La declaración de la ISDB también la han firmado Medicines in Europe Forum, Health Action International (HAI Europe) y Association Internationale de la Mutualité (AIM). El actual marco legislativo ya se interpreta de manera flexible en varios países de la Unión Europea. En marzo 2001, la Comisión Europea -por medio de su Dirección de Empresas e Industria y la Dirección de Salud y Protección del Consumidor- formaron el G-10 un “grupo de alto nivel para la innovación y la provisión de medicamentos”.
El grupo tenía trece miembros; sólo un representante de los pacientes, debatió con los eurocomisarios, los ministros de salud europeos y el presidente del laboratorio GlaxoSimthKline. Fallaron. Pero a finales de 2005, la Comisión Europea reemplazó el G10 por el denominado Foro Farmacéutico. Éste reunió a más actores que el anterior incluyendo cinco federaciones industriales. La lista de miembros del Foro es secreta, nunca se ha publicado.
 
Para que se hagan una idea de las consecuencias sociales que puede conllevar la publicidad directa de fármacos en los medios de comunicación, tengan en cuenta que sólo dos países en el mundo tiene una ley que lo permite, Estados Unidos y Nueva Zelanda. En el primero cada año mueren por los efectos adversos de los fármacos, tanto dentro como fuera de los hospitales, 305.000 personas (http://www.dsalud.com/numero89_4.htm).
 
Las ansias de beneficio económico de las compañías farmacéuticas puede tener gravísimos efectos para la salud pública. Más info: http://www.boletinfarmacos.org/092007/etica_y_derecho_Investigaciones.asp

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El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que durante la próxima legislatura se van a destinar 9.000 millones de euros a la “rehabilitación energética” de edificios. Esto consiste en hacer ciertas reformas en las construcciones realizadas antes de que entrara en vigor, en 2006, el Código Técnico de Edificación (CTE). Se pretende así ahorrar energía y conseguir eficiencia energética, es decir, un mejor uso de la energía disponible. Cambio climático manda. Pero tan loable y necesaria empresa no esconde que el CTE nació tímido, muy tímido, pues para no “tocar” ciertos intereses empresariales del sector constructivo se aporbaron con él algunas medidas que poco tienen que ver con la ecología. 

Típico cortijo alpujarreño ejemplo de construcción integrada en el medio ambiente (Fotos: Miguel Jara)

En el apartado denominado Salubridad, página HS-i, puede leerse: “Higiene, salud y protección del medio ambiente” tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades.

Como indica un experto en alternativas constructivas ecológicas: “pretenden que nos creamos que su misión es la de proteger la salud y el medioambiente. En la página HS1-21 nos recetan los plásticos Bituminosos, PVC, EPDM y las poliolefinas. Los ‘normalizan’ con ciertas normas españolas ad hoc y con un coste simbólico, la mayoría de las veces subvencionado. Además, todos los materiales que se apartan de estos -químicos sintéticos y peligrosos para la salud, como se ha publicado en numerosas ocasiones-, están grabados por un Documento de Idoneidad Técnica (DITE) y con un coste aproximado de 30.000 € al solicitarlo, 6000 € en concepto de cuota de mantenimiento anual y a los cinco años volvamos a empezar de nuevo”. Es decir, se disfraza de ecológico un CTE que no lo es, desde el punto de vista de que fomenta el uso de materiales tóxicos para las personas y el medio ambiente, al tiempo que se “castiga” el empleo en construción de materiales verdaderamente ecológicos y sanos.

La utilización de materiales constructivos de la comarca donde se ubica la edificación es una de las claves de la ecología de una vivienda

La presión industrial, sobre todo del sector químico, ha conseguido que en muchos casos los citados intereses hayan marcado las pautas del “desarrollo”, sin tener en cuenta el principio de precaución.
En numerosas ocasiones, los profesionales y las administraciones se han rendido ante las propuestas de la industria del ramo. Algunos productos utilizados en la construcción son altamente dañinos para las personas y por supuesto para el medioambiente, y se han utilizado y se utilizan sin reparos.
Algunos ya se están proscritos, como el amianto y ciertos aditivos del cemento como el cromo, aunque estos productos cancerígenos existen y existirán por mucho tiempo en multitud de edificios.

En bioconstrucción suelen emplearse formas que imitan a la naturaleza

 

Otros continúan utilizándose como el citado PVC, las lanas de roca, los compuestos químicos de las pinturas y barnices, el aluminio, los aditivos de cementos y yesos o los aislamientos sintéticos derivados del petróleo. Muchos de ellos conllevan un desgaste enorme para nuestro planeta, gastos no cuantificados por ahora. No, definitivamente con el CTE se ha perdido la ocasión de impulsar la utulización de técnicas y materiales de bioconstrucción, tanto para la rehabilitación de los edificios ya existentes como para las nuevas edificaciones.

Existen empresas y profesionales que apuestan por una construcción lo más ecológica posible (teniendo en cuenta que cualquier construcción implica en sí mismo destrucción: allí donde construyamos un edificio, por muy ecológico que sea en su diseño y materiales, no volverá a crecer la hierba, literalmente).

Pero aún advirtiendo dicha realidad, es cierto que es posible una construcción de bajo impacto ambiental, de gran ahorro y eficiencia energética, que utilice energías limpias, que aplique criterios de geobiología y búsqueda del buen sitio en su ubicación y que utilice materiales sanos para las personas y para el entorno natural. Es lo que conocemos por bioconstrucción.

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La Iniciativa por la Transparencia en Europa, que ha elaborado el vicepresidente de la Comisión Europea, Siim Kallas -conocida por ello como Iniciativa Kallas- toma la recta final para su aprobación. El proceso está siendo largo y cuenta con no pocas presiones. A finales de la década de 1990, el Parlamento Europeo creó un registro del personal que compone los grupos de presión empresarial, también conocidos como lobbies, acreditados ante el Parlamento mediante una tarjeta de acceso total a sus dependencias, incluidos plenos y comisiones.
 
Jaime Costa, lobbista de la multinacional biotecnológica Monsanto (Fotos: Agencia Dossier)
 
Las filtraciones periodísticas pintan una situación nada halagueña: en la actualidad existen 4.435 lobbistas oficialmente registrados en la Eurocámara. Como contamos Rafael Carrasco, Joaquín Vidal y quien les escribe en nuestro libro Conspiraciones tóxicas: Cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales, con un aforo de 732 escaños, la proporción de lobbistas por eurodiputado es ¡seis a uno! para los primeros.
 
Estimaciones oficiosas comúnmente aceptadas indican que, sólo en Bruselas, la capital de la Unión Europea, operan unos 2.000 lobbies que dan empleo a 15.000 personas, repartidas por los departamentos de “asuntos regulatorios” de las empresas multinacionales, las asociaciones empresariales, ONG´s, agencias de relaciones públicas, consultoras de “asuntos públicos”, bufetes legales e institutos de ideas o “think tanks”.
 
Según el Observatorio Europeo de las Corporaciones (CEO), una fundación anti-lobbies con sede en Amsterdam (Holanda), unas 200 multinacionales han abierto oficina en las cercanías de la Comisión Europea o de la Eurocámara para tratar con ellas asuntos de su incumbencia. Ninguna gran compañía europea, norteamericana o japonesa que se precie de ofrecer sus productos en los mercados internacionales carece hoy de representación en Bruselas.
 
Viaje “turístico” de la organización anti-lobbies CEO por los grupos de presión corporativa de Bruselas
  
Esta misma asociación estima que el gasto del lobbismo empresarial en la capital belga sobrepasa los 1.000 millones de euros al año. Esta es una cifra realmente mareante pero que no ha de extrañar demasiado si tenemos en cuenta que para la petrolera BP o la tabaquera Philip Morris, el alquiler de sus oficinas en la Plaza de Schuman (la misma plaza donde se ubica la Comisión Europea) les cuesta cada año la módica cifra de 300 euros por metro cuadrado.
 
Por todo ello, la Comisión Europea ha lanzado su Iniciativa por la Transparencia Europea, que, entre otras medidas, propone limitar las actividades de estos profesionales ante las instituciones políticas, un registro voluntario de lobbies y lobbistas e incentivos para hacer públicas sus actividades, naturaleza y financiación.
 
La propuesta, elaborada por el comisario europeo para Asuntos Administrativos, Siim Kallas, ha sido rechazada tajantemente por las tres asociaciones de lobbistas (la de los profesionales en general, la de los “cabilderos” del Parlamento Europeo y la de las empresas consultoras) pero, aún así, está prevista su aprobación esta próxima primavera.
 
Acto del lobby Amigos de Europa en la Comisión Euroepa. Las fiestas que ofrecen las corporaciones multinacionales a los europarlamentarios son muy habituales en Bruselas y suelen estar regadas con champán y buenos caldos
 
En España, se desconoce prácticamente todo sobre la influencia de los grupos de presión en las políticas de las administraciones públicas, pese a lo cual, el lobbismo es una actividad en auge que ejercen cientos de multinacionales, asociaciones empresariales o las pujantes consultoras de “asuntos regulatorios”.
 
La “mano” de estos grupos ha marcado iniciativas como el Plan Hidrológico Nacional, el apoyo público a la energía nuclear, el impulso de las centrales térmicas o las plantas petroquímicas o la fiebre de las urbanizaciones con campo de golf en la costa.

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A la marca de la cruz gamada que se convirtió en cruz verde parece que no le van bien las cosas. La Comisión Europea ha multado a Bayer y a otras compañías (Denka, DuPont, Dow, ENI y Tosoh) con 243,2 millones de euros por pactar los precios del caucho de cloropreno, una sustancia con la que, por ejemplo, se hacen los condones.
 

Entre los años 1993 y 2002, estas empresas acordaron los precios para copar el mercado, lo que perjudica a los ciudadanos pues los precios se mantienen altos de manera artificial. Estas prácticas son habituales entre las grandes multinacionales. Sin salir del sector farmaquímico, al que pertenece el gigante alemán, los laboratorios Abbott, Andrómaco, Merck Sharp & Dohme, Pharma Investi, Bristol-Myers y Bestpharma, fueron sancionados en 2003 por la Fiscalía Nacional Económica de Chile por haber “violado la normativa que resguarda la transparencia de los precios del sector”.Según el fiscal económico Pedro Mattar, no cumplieron una resolución chilena que obliga a poner a disposición de las farmacias los precios de venta de sus productos y los descuentos que hacen sus clientes de acuerdo con los volúmenes que estos compran.
 
Esta resolución tiene como objetivo evitar discriminaciones con las farmacias más pequeñas y permitir que todos los locales puedan obtener las mismas alternativas de coste. Estas seis empresas rompieron así las normas destinadas a favorecer una competencia limpia, competencia que, nos insisten en este mismo sector, es fundamental para su subsistencia.
 
Pero, además, resulta que Bayer suspendió hace poco la comercialización de Trasylol y, como ha publicado el médico panameño Roderick Esquivel, la compañía farmacéutica ocultó información crítica sobre el preparado a la Food and Drug Administration (FDA), la Agencia del Medicamento estadounidense. Los efectos adversos que Bayer escondió, siempre según este doctor, fueron un aumento significativo del riesgo de insuficiencia renal, cardíaca, accidentes cerebro vasculares y muerte.
 

Uno de los mayores complejos industriales de América Latina: Bayer Belford Roxo, Brasil

No es la primera vez que Bayer emplea la táctica del ocultamiento. En 2001, Lipobay, fármaco de la casa teutona utilizado para combatir el colesterol, mató al menos a 100 personas, cifra del propio laboratorio. El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid instruyó las diligencias previas contra el Ministerio de Sanidad por permitir, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que se comercializase Lipobay “sin haberse realizado los debidos ensayos clínicos. Las pruebas se concibieron en Inglaterra pero no se utilizaron las personas necesarias para comprobar su eficacia y seguridad, y con el tiempo se demostró que los verdaderos estudios se hicieron sobre la marcha, con la venta del producto en las farmacias”, explica Antonio Navarro, abogado que coordinó la demanda multitudinaria contra la Administración sanitaria española.

En Alemania, su Ejecutivo acusó a Bayer de ocultar los riesgos del fármaco: “El Secretario de Estado de Sanidad, Theo Schroeder, afirmó que la empresa ya sabía el 15 de junio (de 2001) que el medicamento contra el colesterol era ‘especialmente peligroso’, pero no lo avisó hasta el 10 de agosto, dos días después de retirar el producto del mercado”.

Está claro que con Bayer la historia se repite.

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Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, ha declarado que una de las medidas más importantes que ha tomado su gabinete en este legislatura es la aprobación del denominado Código Técnico de Edificación (CTE). Este es un conjunto de normas para tratar de que en adelante los edificios de nueva construcción se ajusten a parámetros de ahorro y eficiencia energética, sobre todo, pero también que sean más sanos y ecológicos.
 
Hace unos meses entrevisté a Narbona en su despacho y tuve la impresión de que me encontraba quizá ante la única ministra de Medio Ambiente que en el gobierno ha sido -otras personas ocuparon su cargo pero no ejercieron como tales-. Por eso apunto una negligencia que incluye ese código: Pese a que existen materiales y técnicas constructivas que respetan la salud pública y el medio ambiente, el CTE expone como impermeabilizantes el policloruro de vinilo (PVC) o el etileno propileno dieno (EPDM).
 
El PVC, según muchos científicos, presenta incuestionables efectos cancerígenos y ofrece una gran persistencia. También son contaminantes los EPDM pues para su producción se utilizan como solventes naftas o gas natural, según explica el químico Juan Alsina Vilamala.
 
Ejemplo de edificación saludable en el barrio de BedZED (Beddington Zero Energy Development) (Reino Unido)
 
Estos aditivos, gases y compuestos orgánicos volátiles presentan una gran contaminación ambiental en su fabricación, manipulación y posterior permanencia en la edificación. Su uso en la vivienda resulta peligroso pues con el transcurso de los años los productos químicos que los forman se desprenden y pueden causar numerosas dolencias: mareos, daño permanente en el hígado, reacciones del sistema inmunitario, alteración en el sistema nervioso o cáncer de hígado, como vienen denunciando desde hace años grupos ecologistas o revistas de salud y concluye Alsina.
 
Existen alternativas a estos productos, como los compuestos de base acuosa, exentos de toxicidad y más económicos. Y es que mientras las empresas sensibilizadas con su impacto ambiental invierten recursos económicos en Investigación más Desarrollo (I+D) para trabajar con la naturaleza y no contra ella, otras disfrutan de un marco legal lleno de concesiones que les permite contaminar.

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