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El principal lobby biotecnológico español, la Asociación Española de Bioempresas (Asebio), ya tiene nuevo presidente en la figura de José María Fernández Sousa, máximo responsable del laboratorio farmacéutico Zeltia. Como recordarán, Asebio dispone de su anterior presidenta, Cristina Garmendia, como ministra de Ciencia e Innovación del actual gabinete, tras la creación de dicho ministerio por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En el entreacto ha ocupado el cargo de Asebio Regina Revilla, responsable de Relaciones Institucionales en España del laboratorio Merck y antigua directora general de Farmacia.

Revilla, según Rafael Chacón, productor del medicamento Bio-Bac (que fue retirado tras una polémica operación policial dirigida por el Ministerio de Sanidad hace cinco años y medio y cuyo juicio aún se encuentra en diligencias previas) fue la protagonista del último intento de adquirir la licencia de Bio-Bac por parte de Merck. Ocurrió poco antes de desarrollarse la Operación Brujo, como se denominó al operativo policial que actuó contra los productores del citado fármaco. Quien telefoneó a Chacón fue Regina Revilla: “Merck volvió a realizar la misma oferta que en una anterior ocasión y que ya el laboratorio Abelló había hecho con anterioridad. Por tercera vez fue rechazada nuestra petición de mantener el producto a un precio razonable si se lo vendíamos”, nos comenta Rafael Chacón.

“Estoy convencido de que entre Fernando García Alonso (por entonces director de la Agencia Española de Medicamentos y Regina Revilla prepararon la campaña de acoso y derribo de Bio-Bac. Se conocen desde hace mucho tiempo pues han coincidido en su trabajo en la Administración. Revilla quería, en nombre de Merck evitar a un competidor. Alonso fue su enlace en la institución con más posibilidades de anularlo, la Agencia Española de Medicamentos. Él inició la denuncia contra Bio-Bac en vez proceder por la vía administrativa, como siempre se hace en estos casos”, explica Rafael Chacón, que ha asegurado que las pruebas las presentará en el juicio cuando se celebre. Si es que se celebra, añadiría yo.

Esto lo cuento en mi libro Traficantes de salud para el que antes de cerrarlo, en diversas ocasiones nos pusimos en contacto con Regina Revilla para recoger su testimonio pero no nos contestó. Si hay juicio algún día seguramente Revilla tenga que ir a declarar.

Como ya lo ha hecho en un juzgado de Madrid, que hace unos meses tomó declaración a la antigua directora general de Farmacia y cuyas diligencias siguen adelante (pese a que a la jueza del asunto la patata parece que le quema en las manos). El motivo es la querella interpuesta por los padres de dos hermanos hemofílicos fallecidos por la contaminación de su sangre con el virus de la Hepatitis C. En la década de los años ochenta y hasta mediados de los noventa al menos 1.600 personas murieron al ser infectadas por el virus de la hepatitis C tras utilizar hemoderivados fabricados con plasma sanguíneo contaminado. La Administración lo sabía y lo permitió, según reconoce ahora Regina Revilla.

José Miguel Ayllón, abogado de los padres denunciantes (que han tardado diez años en poder ver cómo se tramita el caso en los tribunales de justicia), indica que lo sucedido sólo fue posible “porque Regina Revilla no obligó a retirar del mercado todos los hemoderivados y preparados que no habían sido controlados y desactivados mediante técnicas de calor a pesar de que así lo requería la Ley”. Documentos a los que he accedido demuestran que las autoridades españolas fueron advertidas por la Embajada de Canadá de la entrada en nuestro país de plasma contaminado producido a sabiendas por ciertos laboratorios.

En su declaración ante la jueza Regina Revilla intentaría justificarse diciendo que como en Europa había en esa época déficit de plasma sanguíneo para fabricar hemoderivados este se obtenía importándolo de Estados Unidos (ver más info).

Como les contaba, Revilla sólo ha ocupado el cargo de presidenta de Asebio unos meses para sustituir a la anterior presidenta y ex empresaria la ministra Garmendia. Fernández Sousa ha trabajado en multitud de laboratorios y desde 1985 es presidente del Consejo de Administración de Zeltia. Un año después fundó PharmaMar, una compañía de biotecnología líder en el descubrimiento y desarrollo de fármacos de origen marino. En 1990 fundó Genomita, empresa de biotecnología dedicada al análisis de ADN con aplicaciones de diagnóstico y en el año 2000 Neuropharma, bio-farmacéutica centrada en la investigación y desarrollo de fármacos para el tratamiento y prevención de enfermedades del sistema nervioso. De todas ellas es presidente, igual que de Sylentis, como informa PRSalud. Los presidentes de Asebio son personas poderosas en el ámbito de la industria genetista, ya sea de la farmacéutica o de la de los alimentos transgénicos.

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Conocí a Lola en la primavera del año 2004, en Barcelona. Habíamos hablado multitud de veces por teléfono pero todavía no nos habíamos visto. Yo estaba investigando sobre los efectos en la salud de las personas de los productos químicos tóxicos, casi 104.000 sustancias químicas peligrosas que hay liberadas en el medio ambiente para el que luego sería nuestro documental Carga tóxica. Localicé a varias personas afectadas. Lola destacó enseguida por ser muy activa, estaba encantada de participiar en nuestro documental, quería contar su caso para que no volviera ha ocurrir nada parecido.

Lola se ganaba la vida en el servicio de limpieza de un hotel de lujo barcelonés que fumigó con productos químicos tóxicos las habitaciones, práctica regular en este tipo de establecimientos. Ocurrió en marzo de 1999 cuando habitaciones y pasillos fueron desinfectados con una mezcla de, al menos, 15 productos, entre los que se detectaron organosfosforados y organoclorados, piretroides, diazinon, butóxido de piperonilo, permetrina, tetrametina o ciflutrin.

“No nos avisaron cuándo se podía entrar a trabajar y comenzamos la jornada laboral antes que se cumpliera el plazo de 48 horas que marca la ley. Al empezar el turno observamos una neblina grisácea, supuestamente tóxica. El aire acondicionado estaba tapado y no había ventilación”, me explicaría Lola ya en vivo y en directo en Barcelona. Por ello estaba de baja permanente en el trabajo. En su vida cotidiana no podía utilizar los típicos productos de limpieza o de higiene personal, ni ir al cine o cualquier otro lugar cerrado y hasta un ambientador le daba alergia. “No puedo cargar con peso y al llegar a casa después de entrar en un sitio que haya sido lavado con lejía o cualquier otro producto químico me voy a la cama del cansancio que siento”, argumentaba.

Los responsables del hotel pidieron a estas trabajadoras que hicieran rápido el trabajo para que pudieran entrar los clientes. Tras la intoxicación, los tóxicos continuaron pegados a moquetas, cortinas o pintura de las paredes porque no se cambiaron. De esta manera, los propios clientes, aunque en dosis más bajas, también fueron expuestos a los agentes bioacumulables. Un cargo de las instalaciones hoteleras nos diría: “los síntomas que las empleadas dicen padecer no son objetivables con análisis clínicos, sólo se basan en sus manifestaciones”.

Lola continuó su lucha como trabajadora para que se reconociera el daño que les habían hecho. Y como ciudadana, no quería que otros pasaran por su experiencia. Lola se fue apagando y un cáncer acabó con su vida en 2006. Murió sin que se hiciera justicia; los tribunales no le dieron la razón.

Muchas veces me he acordado de Lola, uno como periodista no puede mantenerse al margen de realidades así; cuando las conoces forman parte de tu equipaje, de por vida. En aquel año de 2004 en Barcelona escuché por primera vez hablar del Síndrome Químico Múltiple (SQM). Estos días otras personas afectadas por dicho síndrome han conseguido visibilizar (cursilada de palabro) su problema. Prendió la mecha mi amigo Pedro Simón en el diario El Mundo dedicando un excelente reportaje -Pedro es uno de los periodistas de redacción que mejor escribe en este país- a Elvira Roda una joven afectada por esta dolencia. Han tomado el relevo Tele5, TVE, El País y multitud de medios de comunicación. Ya era hora que el tema “explotara” en los grandes medios.

Esta semana conversaba con Paqui, una alicantina afectada de SQM. Sus palabras son certeras: “La SQM no es una enfermedad rara, es una enfermedad emergente a consecuencia del vertido al ambiente de miles de químicos. Aunque viene de antes, lo gordo es desde los años 50. A partir de ese momento los químicos interactúan entre ellos, y luego vuelven a interactuar con la química de nuestro cuerpo. Todos estos procesos generan nuevas sustancias químicas. Llega un momento en que nuestro cuerpo no los tolera Y van produciendo patologías o alterando el ADN”.

Paqui, como Mariajo, otra afectada que vive en Madrid, son una guías de lujo en el estercolero químico en que vivimos; medidores humanos del impacto ambiental que están causando industrias concretas cuyo negocio es la venta de productos tóxicos. Ellas son la punta de lanza de un problema que no va más que a agravarse en los próximos años.

Mientras charlo con Paqui la conversación se interrumpe, van a fumigar los jardines de la urbanización donde vive. Cuando retomamos el hilo de la plática afirma: “Es desesperante, estoy buscando un lugar limpio donde vivir y no lo encuentro sin que ello suponga separarme, al menos físicamente por temporadas largas de mi familia”.

El progreso, el bienestar, tal y como los conocemos hoy, también pueden ser asfixiantes; pueden llevarnos a la caverna, al aislamiento, al malestar. Hoy muchas personas se rebelan contra este dolor químico tóxico. Luchan por sobrevivir en un mundo sintético que les agrede y con su ejemplo vital nos anuncian la necesidad de cambiar la cultura de la toxicidad -que sólo beneficia a unos pocos- por la cultura de la sostenibilidad, la ecología y el esfuerzo por vivir en un mundo donde las personas sean parte de la naturaleza y no su peor enemigo.

Hoy volveré a acordarme de Lola. Saldré a tomarme una cerveza y si necesito utilizar el servicio del bar, allí estará, la misma empresa especializada en fumigaciones, con cuyos productos se fumigó a Lola, expande sus negocios por los retretes de medio país.

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En ocasiones he denunciado el soborno y cohecho a médicos que practican laboratorios farmacéuticos para que se receten sus preparados de marca. Pero el problema acerca de los incentivos en la prescripción también se produce con los fármacos genéricos (aquellos producidos tras la extinción de la patente a un precio mucho más bajo).

El periódico El Norte de Castilla ha publicado recientemente que el incentivo de 2.600 euros que numerosos médicos de Atención Primaria han cobrado de la Junta de Castilla y León como premio por recetar medicamentos genéricos es completamente ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de esa región ha dictado una sentencia firme que insiste en la libertad que debe tener todo facultativo para prescribir libremente los fármacos que considere más convenientes para cada paciente, sin estar sometido a presiones o promesas de premios o incentivos económicos si se decanta por algún tipo determinado.
La demanda hace referencia a los incentivos pagados en el año 2006, que valoran el año anterior, y que en Palencia cobraron 77 médicos, el 29,28% de los que ejercen en Primaria, que percibieron 195.000 euros (102 el año 2007, que recibieron 228.144 euros). En Castilla y León fueron 886 los facultativos los beneficiados, que percibieron 2.303.600 euros (1.020 el año pasado que cobraron 2.255.446 euros).
Hace nada también hemos podido leer en los medios de comunicación que un fiscal pide cinco años y medio de prisión, en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz, para un médico del Hospital Puerta del Mar y un empleado del laboratorio farmacéutico Madaus, acusados de estafar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) casi 9.000 euros mediante la emisión de recetas de manera fraudulenta.
Como me explica una persona que ha ejercido la visita médica para uno de los laboratorios más grandes de Europa (investigado, por cierto, por las autoridades de Competencia de la Unión Europea por intentar retrasar la introducción de genéricos en el mercado): “mi ex gerente y su jefe sugerían ‘sin admitir no por respuesta’, todo tipo de artimañas para gastar el presupuesto de promoción y darle la vuelta al código ético. Si la respuesta era ‘no’, te convertías en persona non grata para ellos, los del ‘clan'”.

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El pasado fin de semana el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero había anunciado que celebraría con los extremeños en la localidad de Alange su última victoria electoral. La localidad de Alange fue la elegida porque sus antepasados eran de allí. Pero en Alange y alrededores el gobierno de Extremadura, también del PSOE, como el presidente, impulsa la construcción de varias centrales térmicas y una gran refinería petroquímica. Para la cita se había convocado una concentración de las asociaciones ciudadanas que están luchando por su tierra y que estos proyectos de enorme impacto ambiental, económico y cultural no se lleven a cabo. Pero el presidente obvió el plan y no acudió a la cita en el Ayuntamiento de Alange en el que le esperaban cientos de manifestantes. Sí optó por degustar las ricas viandas extremeñas que se disfruaron en una finca privada.
 
 

 

Desconocemos qué opinarían los antepasados de Zapatero sobre la construcción de una central térmica de Iberdrola en el municipio de Alange y unas cuantas más en los que le rodean, aunque no es difícil imaginarlo. Como suponemos que tampoco estarían muy de acuerdo en que el gobierno extremeño esté haciendo lo posible por favorecer los intereses privados, los de Iberdrola en este caso concreto, a costa de la salud, la cultura extremeña y la calidad ambiental de la comarca.

Precisamente el pasado día 20 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) comunicó a la Plataforma Ciudadana Térmicas No la sentencia del juicio contencioso administrativo que enfrentaba a Térmicas No con la Junta de Extremadura e Iberdrola.
Esta Plataforma ciudadana interpuso una demanda contra la resolución del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, José Luis Quintana Álvarez. Éste había resuelto el recurso de alzada que presentó Iberdrola contra la resolución del Director General de Medio Ambiente, Guillermo Crespo, “por medio de la cual se desestimó la Central Térmica de Ciclo Combinado en Alange por ser una actividad industrial fabril clasificada como actividad insalubre y nociva, por la posibilidad de perjudicar la salud humana u ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola, derivada de la emisión de contaminantes a la atmósfera y al agua, y no emplazarse a una distancia superior a los 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población agrupada, según lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas”, cuentan desde esta asociación.
 
 

 

Quintana Álvarez aceptó en vía de recurso de alzada la reubicación de la planta de Iberdrola a más de 2.000 metros de distancia de Alange sin escuchar a los ciudadanos que querían hacer alegaciones. “Con esta medida se generó indefensión a la Plataforma Térmicas No al prescindir del trámite de información pública pese a la variación de la ubicación de la térmica. El Consejero al resolver el recurso de alzada a favor de Iberdrola vulneró la ley y el derecho de audiencia de los interesados; de los ciudadanos en general”, argumentan los vecinos.
El TSJE entiende que el variar la ubicación del proyecto debió preverse desde el principio, cuando Iberdrola presentó su iniciativa, dado que esta causará un impacto ambiental. El Tribunal anula con su sentencia la resolución del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura por la que admitía la reubicación de la planta energética de Iberdrola.

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La prevención de enfermedades es uno de los filones que despuntan en el mercado de la salud. Si la enfermedad por sí no rinde los beneficos económicos esperados por los fabricantes de remedios, se inventan enfermedades. Y si todo ello no es suficiente se “previenen” futuras dolencias consumiendo fórmulas farmacológicas “por si acaso”. Pero algunas de estas fórmulas no están lo estudiadas que sería exigible y sus efectos nocivos pueden generar problemas reales en quien no padece problema alguno.
 
 
 
Algo parecido ocurre con la vacuna contra el virus del papiloma humano, que lleva algunos meses aplicándose en nuestro país y despertando reacciones de los profesionales sanitarios en su contra. Muchos de ellos ven en esta campaña una fórmula para abrir nuevos mercados.
Profesionales del mundo de la salud están solicitando una moratoria en su inclusión en el calendario de vacunación de las comunidades autónomas. Afirman que los ensayos han sido cortos, que la enfermedad presenta una baja incidencia y que las dosis tienen un alto coste (existe un manifiesto y recogida de firmas).
El virus del papiloma humano se transmite por contacto (no por los fluidos sexuales), durante las relaciones sexuales. El uso del preservativo disminuye el contagio sexual, pero no lo elimina. Algunos tipos de virus del papiloma humano tienen capacidad oncogénica, y pueden provocar cáncer de cuello de útero. El virus es causa necesaria, pero no suficiente, como afirma el médico Juan Gervás.
 
 

 

La pobreza, el tabaquismo, y otros factores desconocidos son clave para el desarrollo de la enfermedad. Las mujeres se contagian al comienzo de sus relaciones sexuales coitales, pero en la mayoría de los casos la infección se elimina por medios naturales, espontáneamente. Importa la infección que se mantiene por más de dos décadas.

Pero el miedo es un incentivo para comercializar remedios que lo “curen”. Por ejemplo, en el País Vasco, la Consejería de Sanidad comenzó en noviembre de 2007 a aplicar la vacuna del papiloma humano a las niñas de 12 y 13 años. Unas 9.000 niñas han recibido la dosis. De momento, sólo se vacuna en País Vasco, Navarra y La Rioja.
En un seminario sobre esta vacuna, promovido por la Asociación Internacional de Estudiantes de Medicina de España, se han manifestado algunos aspectos críticos con este remedio, comercializado por Merck como Gardasil. El cáncer de cuello de útero es una enfermedad que se da entre mujeres pobres, tanto en países industrializados como en los que no. Es de las poquísimas enfermedades “de pobres” que interesa al mundo o a ciertas farmacéuticas. La solución que se propone se aplicará mayoritariamente a las mujeres que no lo necesitan pues su estilo de vida las aleja del grupo de riesgo.
 
 
  
“Al menos desde febrero de 2007, Ministerio de Sanidad, consejerías autonómicas, grupos de expertos y varias asociaciones científicas profesionales están promoviendo la vacunación inmediata de todas las adolescentes (y sugiriendo que podría ser beneficioso el vacunar a las que ya tienen o han tenido actividad sexual, contra toda prueba científica)”, argumenta el citado galeno.
Como afirma este profesional sanitario “se oculta la alarma ante un uso inesperado de una vacuna experimental, de la que desconocemos hasta el mecanismo de acción”. Existen demasiadas prisas en su aplicación. Como en toda pauta preventiva, advierten numerosos profesionales de la salud, lo lógico es que antes de distribuirla la certeza de sus ventajas fuera indudable. Hoy, todavia, hay dudas.
 
 
  
The Washington Post ha publicado que la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, la FDA, realizó una revisión de los resultados de los estudios sobre la vacuna que reveló ciertas inquietudes, según los documentos publicados por el comité de asesoramiento sobre vacunas y productos biológicos relacionados: La ventaja que brinda la vacuna para proteger contra cuatro tipos de virus podría estar contrarrestada por las infecciones causadas por los muchos otros tipos de papilomavirus humano que la vacuna no cubre.
En estos momentos, la vacuna se anuncia en revistas de divulgación
de manera encubierta (sin nombrarla directamente) y alarmista para los padres. Se utilizan, por ejemplo, afirmaciones como “protege la vida de tu hija”. La polémica no se limita a España, y algunos autores han opinado que la decisión de vacunación universal en otros países, como por ejemplo Canadá, se puede considerar prematura, dados los muchos interrogantes. Pero hoy los negocios son globales.
La vacuna costará cerca de 500 euros a cada persona, lo que puede provocar una crisis en la financiación del sistema sanitario pues se estima en 30 años el tiempo que se tardará en comenzar a prevenir este tipo de cáncer desde que se recibe la primera dosis.

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