Muchas personas se preguntan si los alimentos transgénicos, o mejor dicho las empresas que los comercializan, han demostrado la inocuidad de estos o no. Y en ocasiones, se pide que sean los ciudadanos los que aporten estudios científicos que aseguren que estos productos son “malos” para la salud humana -como si además no tuvieran otros inconvenientes tanto para las personas como para la naturaleza-.
 
Lo cierto es que con los conocimientos científicos actuales no hay suficientes garantías para predecir exactamente todas las consecuencias de la manipulación de los organismos en los que se introducen genes que le son extraños. Es muy difícil conocer qué sucederá al liberar en el medio ambiente un Organismo Modificado Genéticamente (OMG) y cómo interactuará con otras especies.
 
Como la propia Comisión Europea ha manifestado, existen muchas incertidumbres y los efectos de dicha liberación son imprevisibles. Pero lejos de aplicarse el principio de precaución España es el país de la Unión Europea con más superficie transgénica cultivada.
 
La Comisión Europea, que decide sobre estos asuntos, funciona de manera antidemocrática pues tiene el último voto y aunque una mayoría de países miembros se opongan a la expansión de los alimentos y productos transgénicos puede aprobar una licencia de los mismos. Por ejemplo, en 2007 varios científicos del Departamento de Ingeniería Genética de la Universidad de Caen (Francia) publicaron en una revista científica, Archives of Enviromental Contamination and Toxicology, un trabajo que demuestra que las ratas de laboratorio alimentadas con el maíz MON 863 tienen problemas de toxicidad en riñones e hígado.
 
Pero la Comisión Europea autorizó el empleo de esa variedad transgénica en alimentos para humanos y para animales. La tónica por parte de las compañías es intentar evitar que se demuestre que existen riesgos para la salud humana por el consumo de transgénicos. El MON 810, que se cultiva en España, fue aprobado en 1998 sin que la empresa productora, Monsanto, hiciera el necesario análisis de riesgos.
 
La agricultura transgénica es algo más que un método de producción nuevo. Está en juego el control de la agricultura y la alimentación en unas pocas manos, las de las compañías productoras de semillas e insumos. Esto puede conducir a una situación muy peligrosa para la autonomía en la alimentación, lo que se llama soberanía alimentaria, de todas las regiones del planeta.

Leer más...

En breves fechas tendrá comienzo el juicio laboral que un visitador médico y una de las grandes multinacionales farmacéuticas, que lo tiene en plantilla desde hace más de una década, van a enfrentar.
 
La demanda de esta persona está basada en que no compartía los métodos de conseguir ventas de sus compañeros de equipo y por ello no para de sufrir “acoso laboral”. El vendedor denunció ante sus superiores, incluido el director general mundial de la firma, el incumplimiento del código ético ad hoc, ya que existe un protocolo para ello (incluso Farmaindustria, la patronal española de los laboratorios farmacéuticos impulsa las buenas prácticas en promoción).
 
La respuesta por parte de la corporación fue limitarle el acceso informático, intentar engañarle y el aislamiento laboral, también por parte de sus compañeros.
 
A este empleado no le informaban sobre dónde invertían realmente sus compañeros los recursos que tenían asignados para hacer que los médicos recetasen más los productos de la casa, aunque se suponía que trabajaban en equipo. Y es que en su ordenador aparecían nombres de otros doctores con los que nunca se había colaborado. Un ejemplo, se citaba que habían ido a comer con el Dr. X y aunque tramitaban una factura de restaurante, en realidad no habían comido con ese médico. Esta persona denuncia que se han utilizado fraudulentamente nombres de sanitarios.
 
Práctica similar se hacía con una empresa de informática, cuyo nombre preferimos no desvelar por el momento, pero la policía ya ha estado en la compañía. En este negocio informático no sólo se factura a la empresa demandada, sino a más laboratorios. Desde este establecimiento se facturaban a la farmacéutica que va ser juzgada cursos de informática que no se impartieron nunca y a cambio ofrecían ordenadores y diverso material informático.
 

El visitador ha pedido judicialmente que se rescinda su contrato de trabajo. En el juicio participarán como testigos 40 médicos que supuestamente figuran como beneficiarios de cursos de informática falsos y comidas también inexistentes. Algunos son supuestos beneficiarios, pero en otros casos el denunciante es testigo de que se utilizan sus nombres para blanquear dinero.
 
La farmacéutica que deberá presentarse en los juzgados el día 25 es investigada por dos causas graves por al menos dos altas instituciones europeas.

Leer más...

Hace unos días la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA, por sus siglas en inglés) ha dado su visto bueno a la aprobación de la muy controvertida Talidomida como medicamento paliativo para el cáncer de médula osea, mieloma. Según los estudios presentados por el laboratorio fabricante, Pharmion, su producto puede alargar la vida de enfermos terminales durante 18 meses. Las víctimas del fármaco en España (unas 200 asociadas en Avite -que calculan que puede haber 3.000 afectados todavía-) han manifestado su apoyo a los familiares de esta enfermedad y su alegría de que puedan ver mejorada su existencia. Pero también han querido alertar a las autoridades sanitarias europeas, a los consumidores y, en general, a toda la población, sobre la extrema peligrosidad del medicamento que en su día inventó Heinrich Mückter, un médico de la empresa Chemie Grünenthal de pasado nazi (en breves fechas ampliaremos con numerosos datos este particular).
 
“Lo que exigimos es que los controles que se van a realizar a personas que lo toman, hombres y mujeres, sean reales, para evitar que puedan nacer nuevos bebes sin brazos y sin piernas, como sigue ocurriendo por todo el mundo. Ni la EMEA ni el laboratorio Pharmion nos dicen quién se haría cargo de esos bebes que pudieran nacer mutilados”, explica un portavoz de Avite.
 
Hace ya 50 años que ocurrieron los nacimientos con malformaciones tras el consumo de Talidomida y aún hoy España e Italia son los dos únicos países del planeta que no han reconocido a sus víctimas, cuando se está aprobando el fármaco para otro uso.
 
La Talidomida es un peligroso principio activo que Pharmion lleva tres años largos intentando que se apruebe para el mieloma. Las víctimas exigen controles exhaustivos para su comercialización pues su nocividad es tan grande que con sólo tocarlo entra rápidamente en el cuerpo y llega a la sangre, como confirman los laboratorios productores. De hecho, en la fábrica de Pharmion en el Reino Unido sólo la manipula personal de sexo masculino para evitar que en caso de ser tocada por mujeres embarazadas los fetos tengan problemas.
 
Una de las particularidades de la nueva-vieja Talidomida es que el tratamiento para un mes, que estará financiado por la Seguridad Social, está estimado que costará más de 1.200 euros. Esto supone un enorme negocio para los laboratorios productores pues el coste de la materia prima ronda los 0,10 euros.

La EMEA ofrece su visto bueno sin escuchar las advertencias de los afectados por la Talidomida de que existen numerosos informes críticos sobre el producto. “A nosotros la EMEA sólo nos ha enseñado los que son favorables al fármaco”, reconocen las víctimas españolas. Cabe recordar que la máxima institución europea en el control de la seguridad y eficacia de los medicamentos no realiza estudios independientes cuando una compañía solicita la aprobación de uno de sus preparados.

Se limita a analizar la documentación aportada por el laboratorio, eso sí, con ingentes equipos de científicos, en concreto tres profesionales sanitarios por cada comité de cada país. Parece que en este caso la EMEA se fía de unos laboratorios a los que el pasado les persigue, como lo demuestra la mera existencia de víctimas vivas del Holocausto Talidomida.

Leer más...

Se ha retrasado un poco pero el próximo día 15 de febrero se presentará ante los medios de comunicación la demanda histórica que varias asociaciones de afectados por el mercurio van a poner ante el Ministerio de Sanidad y Consumo español. Existe expectación porque es la primera vez que en España se produce un acontecimiento de este tipo.
Los demandantes tienen previsto denunciar al citado Ministerio y además a la Consejería de Sanidad de cada Comunidad Autónoma donde haya sido atendida médicamente cada persona. También tienen previsto intervenir juidicialmente contra los odontólogos o los estomatólogos “que por negligencia hayan incrementado la salida del mercurio dental, resultado del cual el paciente se haya visto claramente afectado por este metal pesado”, explica un portavoz de estas asociaciones.

La demanda judicial está planteada con respecto a las dos principales aplicaciones del mercurio evitables (aquellas para las que existen alternativas o puede prescindirse de las mismas): en empastes dentales, que suelen llamarse “de plata” pero llevan un 50% del citado metal, y en las vacunas que contienen Thimerosal.

Los afectados pretenden “dar a conocer este asunto a la opinión pública y al personal médico-sanitario (todavía, en general, ignorante de los peligros del mercurio dental y vacunal). Al tiempo servirá para solicitar que vacunas y empastes sean prohibidos o, como mínimo, se informe a toda la población de su potencial peligro”. Éste ya fue expuesto en sendos informes oficiales de la Organización Mundial de la Salud publicados en 1991 y 2003.

El abogado que lleva el caso está planteando su denuncia caso a caso, por tanto no será una demanda colectiva. Las asociaciones de víctimas cuentan con el apoyo de médicos, farmacéuticos, toxicólogos.

Leer más...

Me escribe una persona que comenta que hace no mucho fue a la farmacia y preguntó por un medicamento para el asma. “No recuerdo si era budesonida (Pulmicort, de AstraZeneca) o la combinación de budesonida y formoterol (Symbicort o Rilast, de AstraZeneca)”, comenta. Esta persona se pregunta si no existe en la modalidad de genérico. “Más que nada porque este último (sin receta de la Seguridad Social) cuesta unos 63€”, indica este ciudadano.
La farmacéutica le contesta que no, “ya que se les obligaba (por parte de la Administración) a poner un precio mínimo que curiosamente era el mismo que el de las grandes farmacéuticas, y por tanto no podrían competir con ellas”. ¿Es esto cierto?, ¿obligan a fijar un precio mínimo a los genéricos? Para satisfacer la curiosidad de esta persona y la de otras muchas, pues en el foro de Tele5 tras la emisión de los reportajes sobre sobornos a médicos para que receten medicamentos de marca se han planteado estas cuestiones, me he puesto en contacto con un farmacéutico de confianza.

Este farmacéutico me ha contestado que la gran pregunta es si a los genéricos se les obliga a ponerles un precio mínimo que, curiosamente, coincide con el de las marcas. Pues bien, eso no es cierto. Las Especialidades Farmacéuticas Genéricas (EFG) surgen a partir de los diez años de que se comercializa la marca y su precio se fija siguiendo el protocolo normal para fijación de precios en España (se entrega una memoria a la que se acompañan los gastos de comercialización, y otros trámites).

Generalmente, el PVP de una EFG cuando aparece en el mercado suele ser un 30% menor que el de la marca. Posteriormente, al menos una vez al año, el Estado fija los llamados Precios de referencia que son los precios mayores que la Administración central paga por cada conjunto homogéneo (conjunto de medicamentos de un mismo principio activo que el genérico) y es posible que el PVP inicial del genérico baje respecto al inicial, pero cuando el médico prescriba por principio activo se debe dispensar obligatoriamente el genérico.

En resumidas cuentas, “un genérico es siempre un 30% más barato que la marca, lo que sucece en el caso de esa persona es que el medicamento que toma para el asma aún no tiene genérico. Pero en ningún caso se le obliga a poner un precio similar al de marca. Eso nunca”, comenta el farmacéutico consultado.

Leer más...