Hace tres días el diario El País publicó una noticia un tanto curiosa. De alguna manera ridiculizaba la opción de dos personas conocidas y, al parecer, concienciadas sobre el problema de convivir con miles de sustancias químicas peligrosas.
 
Reproduzco por su interés, la carta que una especialista y activista sobre los químicos tóxicos y los alimentos transgénicos, mandó al periódico (y a mí mismo) tras leer la noticia, indignada con el tratamiento que se hizo en el mismo sobre el tema:
“Leo en ambas ediciones, impresa y digital de El País del 4-01-2008, el artículo: Los Tomates no curan el cáncer. En él se exponen las opiniones de dos famosas que dicen en líneas generales que los alimentos sin insumos químicos previenen los tumores y que algunos cosméticos contienen compuestos químicos nocivos que la piel absorbe.
 
En los últimos años numerosos escándalos alimentarios como el de los cerdos con fiebre aftosa han empujado a la ciudadanía a buscar otros modelos de alimentación, más naturales
 
Pues bien, en primer lugar: el título del artículo es una exageración y una mentira que en el contexto adecuado y dicha por cualquier científico pro-lobby industria petroquímica o farmacéutica ayuda a confundir al lector. Los tomates claro que no curan el cáncer, qué burrada (no nos dicen quién es el famoso o el científico que lo dice). En este caso, justo en este caso, la Paltrow y la McCartney (esta última tiene una línea de cosméticos, así que mejor le venía estarse callada) tienen razón.
 
Comer bien, y cuidarse sin tóxicos autorizados tras arduas negociaciones entre instituciones e industria en instrumentos como el REACH (registro europeo de sustancias) no es la panacea ya que influyen factores genéticos y ambientales pero ayuda a prevenir muchas enfermedades. Señores de la prensa, a muchos de nosotros no nos interesa cómo se llaman los hijos de los famosos y sí porqué el cáncer por desgracia, tiene cada vez más incidencia”.

Grupos organizados y financiados por las empresas de los sectores más contaminantes y nocivos del planeta actúan en la sombra contra los intereses ciudadanos: los lobbies industriales

Es evidente (existe muchísima literatura verdaderamente científica al respecto) que las 104.000 sustancias químicas liberadas en el ambiente, muchas de ellas nocivas para nuestra salud, están provocando cánceres. Según las estadísticas oficiales, más de 100.000 cada año en España. Las cifras de personas afectadas por enfermedades relacionadas con los productos químicos tóxicos no paran de crecer. Es uno de los problemas de salud y ecológicos más graves para el ser humano en la actualidad.

 
La información de El País cita que un grupo de científicos unidos en torno a la organización Sense about Science (Ciencia con sentido) son los que critican la actitud y las palabras de las dos “famosas” aludidas. Lo que no cuenta la redactora del diario es que los lobbies industriales de casi todos los sectores pero especialmente del químico y farmacéutico financian asociaciones científicas que trabajan para deslegitimar todo aquello que pueda poner en peligro los intereses económicos de sus patrocinadores.

Este es un clarísimo ejemplo: Sense about Science, como ellos mismos reconocen en su página web, están financiados por the ABPI, AstraZeneca plc, BBSRC, The Biochemical Society, Blackwell Publishing, BP plc, British Institute of Radiology, Dixons Group plc, Elsevier, Engineering and Physical Sciences Research Council, The Esmee Fairbairn Foundation, Garfield Weston, GE Healthcare, GlaxoSmithKline, Halifax Bank of Scotland, Health and Science Communication Trust, Institute of Physics, Institute of Physics and Engineering in Medicine, John Innes Centre, John Innes Trust, Medical Research Council, NESTA, New Scientist, Oxford GlycoSciences plc, Pfizer plc, The Physiological Society, Royal Academy of Engineering, Royal Astronomical Society, Royal College of Radiology, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, Royal Society of Chemistry, Science Careers.org, Social Issues Research Centre, The Society for Applied Microbiology, The Society for Endocrinology, The Society for General Microbiology, Unilever plc. Help with equipment, facilities and services has been received from: AXA Investment Management, Horticultural Research International, Institute of Biology, The Natural History Museum, Lord Stevenson of Coddenham, and WPP.

Existen científicos que comen de la mano de los sectores económicos más sucios y antisociales. Forman grupos de presión a favor de las compañías que les financian

Este grupo de científicos es un lobby pagado, entre otros, por farmacéuticas e instituciones pro químicos tóxicos. Una de sus especialidades es atacar a personas y colectivos que apuesten por una cultura natural, que no sigan los mandatos del entramado tecnocientífico actual. Son la voz de su amo, que alquilan su “prestigio” para salvar la cara de las industrias que están lucrándose con la pérdida de salud de las personas y que dañan nuestro medio ambiente.

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Como ya hemos comentado en estas líneas, la Plataforma Internacional Contra la Medicalización de la Infancia está pidiendo al Parlamento Europeo que derogue la Decisión C(2006) 3842. Ésta autoriza la administración de Prozac (fluoxetina) a niños y adolescentes menores de 18 años. ¿Cómo ha conseguido el laboratorio fabricante del producto, Lilly, dicha autorización? Pidiéndolo, así de fácil.
 

Juez y parte. La carga de la prueba de la eficacia y seguridad de los fármacos en la Unión Euroepa recae sobre el laboratorio fabricante

El artículo 6 del Reglamento de la Comisión Europea permite que se delegue en el solicitante de la autorización, en este caso la compañía farmacéutica, la investigación sobre los beneficios, las contraindicaciones y los posibles efectos secundarios de los fármacos. Es decir, en vez de recogerse la solicitud del laboratorio y encargarse un análisis independiente, las normas de la Unión Europea se fían de la buen voluntad de los laboratorios. ¿Simple inocencia? Ustedes juzguen pero en los últimos años se han escrito ríos de tinta sobre cómo muchas empresas farmacéuticas manipulan los ensayos clínicos en su favor.

 
Por poner un ejemplo muy grave que narro con detalle en el libro Traficantes de salud: Cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad, la multinacional Merck ocultó a la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA) ciertos ensayos realizados con Vioxx que demostraban que este producía infartos cardiacos y cerebrales.
Por eso, la citada Plataforma pide que se derogue esa norma y también que se investigue la validez científica de las decisiones que ha tomado con respecto a anteriores aprobaciones de fármacos la Agencia Europea del Medicamento (EMEA). El método favorece sólo a las compañías farmacéuticas y puede poner en peligro la salud pública.

Los trabajos científicos advierten de la peligrosidad de dar Prozac a los adolescentes

Se trata de establecer un ordenamiento jurídico transparente para que las autorizaciones de sustancias medicinales se concedan mediante estudios, pruebas e investigaciones realizadas por organismos cuya independencia de la industria farmacéutica esté garantizada. Pese a los innumerables estudios que cuestionan la seguridad de los antidepresivos de la familia de Prozac, la Comisión Europea sólo ha tenido en cuenta el informe del laboratorio fabricante. Algo legal, para más inri.

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Comentábamos hace algunas fechas la rotundidad con la que los científicos se han expresado -de nuevo- en torno a la contaminación electromagnética que despiden, entre otros aparatos, los teléfonos móviles y sus antenas. Lo hacen en el último gran informe internacional que hemos conocido BioInitiative Report.
 
Los investigadores de Bioiniciativa han consensuado que los límites públicos de seguridad existentes en la actualidad en relación con los campos electromagnéticos y las radiaciones de radiofrecuencias son inadecuados.
 
Los campos electromagnéticos de las antenas de telefonía pueden provocar el denominado Síndrome de las microondas (Foto cedida por la asociación Antena No de Getxo)
 
Pero ¿de qué enfermedades que pueden provocar estas tecnologías nos hablan los científicos de este grupo de trabajo? El informe dice que hay pocas dudas sobre que la exposición a los campos electromagnéticos causa leucemia infantil. “Existen evidencias de que otros tipos de cánceres infantiles pueden estar causados por los campos electromagnéticos”, explica este estudio. Pero parece que no hay mucho interés en asegurarse pues también comenta que hay que hacer más estudios al respecto.
 
La población que ha utilizado un teléfono móvil durante diez años o más tiene altas posibilidades de desarrollar un tumor cerebral maligno. Estudios realizados sobre mujeres en su puesto de trabajo “sugieren de una forma bastante contundente” la evidencia de que los campos electromagnéticos son un factor de riesgo para el cáncer de mama.
 
Pese a las evidencias de que los teléfonos móviles pueden provocar leucemia infantil las compañías realizan publicidad de los mismos destinada a los más pequeños
 
El BioInitiative Report también argumenta que “hay una enorme evidencia” de que una exposición prolongada a estas radiaciones puede provocar Alzheimer. Y también afirma que “existen pocas dudas” de que los móviles afecten a la actividad eléctrica del cerebro. Se desconoce qué efectos puede provocar esto sobre el sistema nervioso de los niños, que están en edad de crecimiento, y cuyas manifestaciones nocivas tardan años en aparecer.
 
También el ADN puede dañarse, incluso a niveles de seguridad más bajos de los existentes. Niveles muy bajos de exposición pueden llevar a las células a producir proteínas del estrés. El trabajo científico habla de una “evidencia substancial” de efectos nocivos en el sistema inmunológico.
 
Se relaciona la contaminación electromagnética de los móviles con el Alzheimer y con cáncer de mama en las mujeres trabajadoras
 
El documento acaba explicando que el cuerpo reconoce a muy baja intensidad los campos electromagnéticos y que por ello existen terapias sanitarias con los mismos. Pero que el problema es que las exposiciones a esta tecnología hoy son involuntarias y al azar y suceden casi en todo momento.

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Una de las cosas que más me llamó la atención de mi encuentro con los extremeños hace tres semanas, cuando fui a Badajoz para presentar mis libros Traficantes de salud y Conspiraciones tóxicas, fue el enorme interés del público, tanto de Mérida como de Villafranca de los Barros, por el “estado de la prensa”.
 
Con motivo de la publicación en 2007 de estos dos trabajos he tenido la oportunidad de visitar un montón de rincones de la Península y de las Islas pero en ningún sitio habíamos debatido tanto sobre los medios de comunicación como lo hicimos en Extremadura.
 
Es fácil entender la preocupación de los extremeños por la calidad e independencia de los medios de aquella región si echamos un vistazo al control directo e indirecto que ejerce sobre los mismos el empresario nº1 de Extremadura, Alfonso Gallardo.
 
Alfonso Gallardo es el empresario nº1 de Extremadura por el volúmen de facturación de sus numerosas empresas
 
Control e inversiones estratégicas pues la cada vez mayor presencia del Grupo AG en el negocio de la prensa no es casual. Muy al contrario, es parte del proyecto de promoción de la refinería petroquímica que este empresario impulsa en Tierra de Barros junto con la Junta de Extremadura e importantes accionistas españoles.
 
El temor de los extremeños está justificado. El Grupo Alfonso Gallardo asegura que los opositores al proyecto de refinería son “una minoría en Extremadura” y remiten a una encuesta publicada el 5 de septiembre de 2005 por el Instituto Opina, una empresa de “investigación social y de marketing a la vez que una consultoría”, como ellos mismos se definen.
 
El instituto realiza tareas de consultoría gracias a la obtención de datos que permiten realizar recomendaciones a sus clientes. Opina trabaja, entre otros partidos, para el PSOE; para numerosos departamentos de la Generalitat de Catalunya (gobernada en coalición por el PSOE) ; y para varias empresas del Grupo Prisa como Santillana, la Cadena SER o el diario El País.
 
La prensa controlada por AG suele tratar “en positivo” su proyecto refinero, al tiempo que la publicación de informaciones críticas sobre el mismo son mínimas
 
Opina también hace investigaciones comerciales para Retevisión, del Grupo Auna, que es la encargada de ofrecer la señal de Canal Sur Televisión para Extremadura. Esta es la televisión de la Junta de Andalucía (gobernada por el PSOE) en la que la Junta de Extremadura invirtió a comienzos de esta década alrededor de 350 millones de las antiguas pesetas para la instalación de la red de emisores que aseguran la cobertura casi total de las dos provincias, Badajoz y Cáceres.
 
Es importante destacar que con posterioridad a estas operaciones el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) anuló los concursos y adjudicaciones de la Junta a Retevisión y Productora Extremeña de Televisión, S.A. (PETSA) para la puesta en funcionamiento de Canal Sur Extremadura. PETSA, participada por Promotora de Emisoras de Televisión (Pretesa) -más conocida por la marca Localia-, de Prisa, iba a encargarse de los contenidos.
 
El TSJEx sentenció que la Junta “no había actuado conforme a derecho” y que en la concesión a PETSA no se respetaba, entre otras muchas leyes, el artículo 20.3 de la Constitución, que garantiza el respeto al pluralismo.
 
El Tribunal recordó que las decisiones fueron tomadas por la Junta cuando era consejera de Presidencia la exministra de Vivienda, María Antonia Trujillo (pacense por más señas).
 
Desde su nacimiento la televisión autonómica extremeña ha tenido problemas con la Justicia por prácticas monopolísticas
 
¿Cual ha sido el último proyecto empresarial de AG en relación con los medios de comunicación? Pues la compra de la mayor fábrica de papel para prensa de nuestro país, la compañía vasca Papresa, sita en Rentería (Guipuzcoa). Es importante recordar que anteriormente a esta adquisición, Alfonso Gallardo, se ha hecho con el total de las acciones de El Correo de Andalucía, más de la mitad de las del Diario de Jaén y un cuarto de las de Odiel Press.
 
Esta empresa, ex del Grupo Prisa, la participa Gallardo en un momento de enormes pérdidas pero es clave en su proyecto refinero pues es la editora del periódico Odiel Información de Huelva. Recordemos que el crudo para la refinería de AG en Tierra de Barros será descargado en el puerto de Huelva y deberá construirse un oleoducto de más de 250 kilómetros que atraviese esta provincia hasta llegar a tierras pacenses, por lo que la información que se publique al respecto es fundamental para que el proyecto sea bien o mal acogido.
 
Alfonso Gallardo ya posee la mayor fábrica de papel para prensa de nuestro país y es accionista de varios periódicos, sobre todo andaluces
 
A todo esto hay que sumar la posible creación de otra papelera en el País Vasco y que, según informaciones no desmentidas, el grupo ha presentado una oferta para entrar en el capital del Grupo Zeta, que edita el segundo diario más leído en la región extremeña, El Periódico de Extremadura, y es dueño de las revistas semanales generalistas más leídas, como Tiempo o Interviú.
 
Cabe destacar también que el principal diario extremeño, el Hoy, ha tratado con mimo el proyecto refinero de AG, no obstante, pertecene al Grupo Vocento, en cuyo accionariado se encuentra la compañía eléctrica Iberdrola. La empresa vasca es socia de Gallardo en la refinería que quieren construir, dueña de la central nuclear de Almaraz y promotora de algunas infraestructuras relacionadas con el proyecto refinero como la central térmica de Alange, muy cerca de Tierra de Barros.

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La Comisión Europea ha interpuesto un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por las ilegalidades cometidas en la adjudicación de las autopistas de Segovia y Ávila y la prórroga de la AP-6.
 
En 1999, la empresa Abertis (que entonces se llamaba Iberpistas) recibió del Gobierno de José María Aznar la concesión de explotación de dichas vías.
 
Años después de terminadas las obras de ampliación de la autopista A-6 nos enteramos del chachullo de su concesión
 
El Ministerio de Fomento adjudicó una concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los tramos de autopista de peaje A-6, conexión con Segovia y autopista de peaje A-6, conexión con Ávila. Además de la conservación y explotación a partir de 2018 de la autopista de peaje A-6, en su tramo Villalba-Adanero.
 
Con motivo de la adjudicación de dicha concesión se ofrecieron otras muchas obras que no habían sido anunciadas, principalmente la construcción de un nuevo carril entre las localidades de San Rafael (Segovia) y Guadarrama (Madrid) -que ha incluido un nuevo tercer túnel bajo la Sierra de Guadarrama-, un gran área de peaje en San Rafael, un cuarto carril entre Las Rozas y Collado Villalba, y un tercer carril entre Villalba y Guadarrama.
 
El valor de esta operación fue superior al valor total de las obras publicadas. Es decir, estos proyectos se realizaron sin previa publicación de los mismos, como es debido.
 
La Sierra de Guadarrama ha sufrido en su corazón una herida en forma de ampliación de la “autopista del colesterol” (como se conoce la vía que une Madrid con Segovia), que tiene como fin vender viviendas en su entorno
 
“Para evitar posibles sanciones y los perjuicios a la ciudadanía, el actual Gobierno del PSOE debe aceptar la posición de la Comisión allanándose a su demanda, para lo que es imperativo revocar la concesión otorgada fraudulentamente a Abertis. Es decir, volver al punto cero de la adjudicación y aprovechar para reconvertir estas autopistas en autovías, donde la gratuidad está garantizada”, ha añadido Carlos Bravo, portavoz de Centaurea, organización ecologista segoviana que junto con el sindicato CC.OO. de Ávila denunció el caso.
 La Sierra de Guadarrama recibe agresiones mientras, de manera paradójica, continúa la tramitación de su declaración de Parque Nacional, máxima figura de protección en España

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